Tegucigalpa, Honduras.- El embargo de más de 921 millones de lempiras contra la Cuenta Única del Estado encendió las alertas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Tras revisar 27 expedientes judiciales, el órgano contralor concluyó que existen irregularidades en la ejecución de estas medidas, al no encontrar evidencia de que los juzgados remitieran las sentencias firmes a la Tesorería General de la República (TGR), requisito establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto para coordinar el pago de obligaciones con recursos públicos.
Las conclusiones quedaron plasmadas en los informes 002-2026-DGSD-CSJ-A y 002-2026-DGSD-CSJ-B, a los que tuvo acceso EL HERALDO y que fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de una investigación orientada a verificar si los embargos contra fondos estatales fueron ejecutados conforme al procedimiento especial vigente durante 2024 y 2025. Además, el TSC trasladó los hallazgos al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales.
Las auditorías practicadas a la CSJ establecen que jueces de los Juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca ordenan embargos contra recursos públicos sin remitir previamente a la Tesorería General de la República copia de las sentencias firmes. requisito previsto para verificar la disponibilidad financiera de las instituciones demandadas antes de efectuar los pagos.
Según el órgano controlador, la omisión de ese procedimiento impidió realizar ajustes presupuestarios y generó riesgos para recursos destinados al pago de salarios, compromisos de deuda pública y funcionamiento de instituciones estatales.
El TSC sostiene además que las disposiciones presupuestarias no limitan la independencia judicial ni impiden la ejecución de las sentencias, sino que establecen un mecanismo obligatorio de coordinación entre el Poder Judicial y la administración financiera del Estado para garantizar el cumplimiento de los fa llos sin afectar la hacienda pública.
Embargos
La investigación de mayor impacto económico corresponde al informe 002-2026-DGSD-CSJ-B, en el que el TSC examinó 12 expedientes relacionados con embargos contra la Cuenta Única del Estado por 888.5 millones de lempiras
La principal observación fue el incumplimiento del procedimiento al ejecutarse embargos sin que la Tesorería General de la República recibiera previa mente la documentación exigida.
Sobre estos expedientes, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Montes, informó "ya remitimos el informe ante el Ministerio Público para que realice la investigación en virtud de encontrar un indicio de responsabilidad penal"
Montes agregó que las investigaciones sobre los embargos contra la Cuenta Única del Estado podrían ampliar las responsabilidades que se determinen durante el proceso investigativo.
También fueron analizados expedientes relacionados con las alcaldías de Juticalpa, Jano, Campamento y San Francisco de la Paz, en Olancho, así como de Choluteca.
De los 12 casos revisados, el informe señala que 11 ya habían sido pagados mediante certificaciones de cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH). mientras que el expediente correspon-
diente al embargo por más de 864 millones aún no figuraba como cancelado al momento de elaborarse la certificación.
Argumentos
Durante la investigación, los jueces justificaron sus actuaciones al argumentar que la independencia judicial les obliga a garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias y que, en materia laboral, los derechos reconocidos a los trabajadores tienen carácter alimentario, por lo que requieren una ejecución inmediata.
Los funcionarios judiciales también sostuvieron que retrasar el cumplimiento de una sentencia firme podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, y argumentaron que las disposiciones presupuestarias no pueden prevalecer sobre derechos reconocidos constitucionalmente.
Según Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), aunque los jueces conocen el alcance de sus funciones, las debilidades institucionales favorecen prácticas que terminan afectando la administración de los recursos públicos.
"Los jueces tienen claro cuál es su rol en materia de rendición de cuentas, y esa debilidad institucional permite que la corrupción y la mala gestión persisten en muchos jueces" explicó.
Mas embargos
La segunda investigación especial, identificada con el código 002-2026-DGSD-CSJ-A, revisó 15 expedientes relacionados con embargos por 32.6 millones de lempiras, también vinculados con actuaciones de los Juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca.
Los expedientes corresponden principalmente a procesos contra las alcaldías de Juticalpa, La Unión, Patuca, Campamento Esquipulas del Norte y Mangulile, en Olancho.
Entre los desembolsos mayor monto figuran tres expedientes relacionados con la Alcaldía de Juticalpa por 13.5, 5.4 y 4.1 millones de lempiras.
Además de reiterar el incumplimiento del procedimiento de notificación a la Tesorería General de la República, la auditoría identificó inconsistencias en la integración de los expedientes judiciales
El informe señala que, en varios casos, se utilizaron exhortos o auxilios judiciales como principal respaldo para ejecutar embargos sin que constaran incorporadas al expediente las resoluciones o sentencias originales que sustentaban dichas actuaciones.
La comisión auditora también reportó inconsistencias documentales observaciones sobre algunos exhortos, además de advertir que varios expedientes no contenían información completa sobre las actuaciones realizadas por los juzgados ejecutores.
De acuerdo con el TSC, estas deficiencias dificultan la transparencia de los procesos, y limitan la verificación integral del procedimiento seguido para ordenar ejecutar los embargos.
Investigaciones
Ante las incidencias detectadas, el presidente del TSC insistió que le corresponde a la Fiscalía desarrollar las investigaciones y determinar si existe elementos suficientes para ejercer acciones penales.
Las investigaciones fueron solicitadas por la Procuraduría de la República (PGR), que pidió promover acciones ante posibles incumplimientos de las disposiciones presupuestarias aplicables a la ejecución de embargo contra fondos públicos.
Ante los millonarios desembolsos, el subprocurador de la república, Francisco Quiróz, aseguró que también se investigará la actuación de bufetes de abogados privados, que según afirmó, han desfavorecido los intereses del Estado de Honduras.
"Estamos tratando de identificar bufetes nacionales que han actuado para desfavorecer al Estado de Honduras; ya no podemos seguir ordeñando al Estado de Honduras de manera grosera, es injusto", advirtió.
El TSC recomendó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, instruir a los jueces para que cumplan con los procedimientos establecidos antes de ordenar embargos contra recursos del Estado.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, las recomendaciones emitidas por el órgano contralor son de cumplimiento obligatorio. La Corte Suprema de Justicia dispone de 15 días hábiles a partir de la recepción de los informes para presentar un plan de acción con las medidas correctivas que adoptará para atender los hallazgos
