Demandas laborales: red orquestó embargos exprés por L1,131 millones

Tegucigalpa, Honduras. Un conjunto de 26 sentencias laborales por una cuantía de 1,131 millones de lempiras están punto de asestar un golpe histórico a las finanzas de Honduras ya que los jueces a cargo del proceso, tras ordenar el embargo de la cuenta única del Banco Central de Honduras (BCH), ahora se resisten a ejecutar un desembargo solicitado por las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus conoció que en el corazón de esta trama se encuentra una presunta componenda que involucra a los mismos representantes legales del Estado.

Según investigaciones tanto del Poder Judicial como de la PGR, existen indicios de que procuradores y funcionarios judiciales habrían facilitado el camino a la ejecución de las condenas millonarias, mediante defensas deficientes o al dejar vencer los plazos para presentar recursos, lo que permitió que sentencias con posibles vicios adquirieran el carácter de firmes.

La abogada Karen Yadira Martínez, actual directora nacional de Procuración Judicial de la PGR, al revisar los expedientes de las demandas antes mencionadas, reveló a EL HERALDO Plus que se encontró que los procuradores “dejaron pasar plazos, dejaron pasar las notificaciones y por eso están denunciados por una violación a los deberes de los funcionarios”.

“La Procuraduría dejó vencer plazos, dejó vencer términos, no se notificó en tiempo, no se notificó de la manera correcta y entonces ahí es donde creemos que hubo alguna confabulación con los bufetes, una confabulación y no sabemos con el Poder Judicial, pues es obvio que ahí hay algo más que se lo hemos dejado a manos al Ministerio Público”, manifestó.

"En esos casos contra el Estado hemos encontrado que hay jueces que han trabajado más rápido de lo que normalmente trabajan", expresó la funcionaria. Sin embargo, denunció que “cuando el demandante es el Estado tardan meses en que su demanda sea admitida, pero cuando es en contra lo hacen pronto y rápidamente traban el embargo sobre la cuenta única del Banco Central, aún cuando hay una prohibición para hacerlo. Traba uno, traba otra, otro sobre otro, a través de la Corte Suprema de Justicia”.

La funcionaria de la PGR sostuvo que, aunque la Procuraduría de la República, después de analizar los casos, ha interpuesto en Tegucigalpa varios recursos legales para revertir las condenas y ha solicitado los desembargos, los jueces ahora se resisten a emitir una resolución judicial. “Creemos entonces que vamos a correr la misma suerte en el resto del país", añadió.

EL HERALDO Plus conoció que, de las 26 demandas, 15 se registran en los juzgados de Juticalpa, Olancho; y tres en los juzgados de Choluteca.

Otras dos demandas se tramitaron en las oficinas judiciales de Comayagua, Comayagua; e igual número tanto en los tribunales de San Pedro Sula, Cortés, como de La Ceiba, Atlántida; un caso se da en Tela y otro en Intibucá, Intibucá.

Las 15 demandas laborales tramitadas en los tribunales de Juticalpa tenían una cuantía inicial de 897.6 millones de lempiras. Sin embargo, al sumarse las condenas en costas, los salarios dejados de percibir y los ajustes por nivelación salarial, el monto total embargado ascendió a aproximadamente 1,058 millones de lempiras.

De acuerdo con el libro de entradas consultado por EL HERALDO Plus, siete de las demandas en los juzgados de Juticalpa fueron interpuestas por los abogados Nancy Karina Benavidez, Víctor Manuel Lobo Flores y Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa. Este último fue interventor del Instituto de la Propiedad (IP) en el pasado gobierno de Xiomara Castro.

Los mencionados, según testimonio de escritura pública número 241 de poder para pleitos, trabajan conjuntamente.

Estas siete demandas ingresaron con una cuantía de 882 millones de lempiras, pero las sentencias salieron por un monto de casi 1,030 millones de lempiras.

La demanda registrada en los juzgados de Juticalpa bajo el número 050-2024 llamó la atención de las máximas autoridades del Poder Judicial porque se interpuso por un monto de 741 millones de lempiras y en un tiempo récord de cinco meses el juez emitió una resolución de condena al Estado para pagar 975 millones de lempiras.

Otra demanda laboral que en los círculos legales causa sospecha es la contenida en el expediente 056-2024, interpuesta el 18 de julio de 2024, también en los juzgados de Juticalpa, contra la Secretaría de Educación por un monto de 21.7 millones de lempiras que la juez Noris Ofelia Bueso, según la información judicial, sentenció en el término de cuatro meses, por lo que el 18 de junio de 2025 se embargo la cuenta única del BCH.

En cuanto a las otras 11 demandas presentadas en distintos tribunales del país, la cuantía inicial ascendía a 36 millones de lempiras; sin embargo, el monto embargado se elevó a 72.7 millones de lempiras.

De las 26 demandas en total, únicamente la número 014-2024, interpuesta en los juzgados de Juticalpa por un monto cercano a 1.3 millones de lempiras, ha sido pagada en su totalidad. Por su parte, la demanda 092-2023, tramitada en los mismos juzgados olanchanos por 10 millones de lempiras, ha sido cancelada en un 75%, quedando pendiente el pago del saldo restante.

La presencia de un equipo de EL HERALDO Plus para revisar libros y expedientes puso en alerta a los empleados de los juzgados de Juticalpa, a tal punto que comenzaron a interponer excusas para impedir el acceso público a los documentos.

De esta manera, evitaron que se llegaran a descubrir posibles duplicidades en los nombres de los demandantes, cálculos que multiplican el valor real de lo que legalmente correspondería por un despido o el vencimiento de términos, así como algún patrón de similitud en las sentencias. Y es que, tanto en los pasillos judiciales como fuera de ellos, algunos litigantes relataron cómo ciertos colegas llegan a presentar resoluciones ya redactadas a determinados jueces.

Dentro de los juzgados de Juticalpa es perceptible la hermandad y el contubernio. La colusión judicial se desplaza entre oficinas afines con una rapidez que no existe para el ciudadano común. Si un demandante no pertenece a la red de abogados protegidos, su caso puede dormir años; pero si forma parte de la componenda, el expediente adquiere “alas” y privilegios de acceso.

Cuando un miembro de EL HERALDO Plus solicitó el expediente 050-2024 para conocer los pormenores del proceso, documentación, cantidad demandantes y la sentencia, uno de los receptores dijo que el caso estaba en “secretividad” como si se tratara de un caso de crimen organizado, sin embargo, internamente se verificó que la confidencialidad no era cierta.

Fue por otro medio que este equipo confirmó que ese caso se trataba de una demanda de 564 exempleados contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) interpuesta el 4 de junio de 2024 y que cinco meses después el juez José Salvador Zelaya emitió su resolución, sentenciando al Estado a pagar 975 millones, y para noviembre de ese mismo año ya había ordenado un exhorto para ejecución de embargo de sentencia firme.

Esta demanda fue presentada por la abogada Nancy Karina Benavidez. Este caso, según una fuente judicial, llamó la atención de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que de inmediato citaron a Manuel Díaz Galeas, entonces titular de la PGR, para saber por qué no se defendía al Estado.

Gracias a esa intervención, contó un alto funcionario judicial, la Procuraduría interpuso un recurso de reposición y subsidiariamente apelación, todavía no resueltos, pero que ha detenido el pago.

Otro hecho que genera suspicacia en torno a las 26 sentencias es que, en la mayoría de los casos, los jueces condenaron al Estado al pago de costas equivalentes al 25% del valor total de la demanda, una práctica que, según autoridades del propio sistema judicial y de la PGR, no corresponde. Asimismo, se registran acuerdos de conciliación en los que el representante del Estado no estuvo presente.

Abogados penalistas, laboralistas y mercantilistas consultados por EL HERALDO Plus se mostraron sorprendidos no solo por la emisión de sentencias a una velocidad vertiginosa a partir de demandas laborales interpuestas en 2023 y 2024, sino que también emitieron exhortos para el embargo de la cuentas del BCH.

Para el abogado mercantilista y constitucionalista Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que una demanda laboral tenga sentencia en cinco meses o en un año es atípica porque normalmente para que un juicio laboral, en primera instancia, tenga una resolución se tarda hasta cinco años.

“Definitivamente en la administración pasada se dieron algunas irregularidades y, sobre todo, abusos de demandas de alguna forma en colusión entre los mismos representantes de las instituciones en algunos juzgados, donde los jueces emitían sentencias millonarias sin tomar en cuenta la posición presupuestaria tanto de la institución que tiene que hacerse responsable o de las finanzas del Estado”, expresó.

Para Canales, “es tal que ejecutaban embargos erróneamente al Banco Central cuando las disposiciones generales del presupuesto establecen claramente que es ante la Secretaría de Finanzas, no ante el Banco Central, lo cual ocasionó o pudo ocasionar graves perjuicios”.

Dado que en Juticalpa varias demandas ingresadas en 2023 y 2024 obtuvieron, en pocos meses, sentencia y orden de ejecución, un reconocido abogado laboralista —que pidió no ser identificado— señaló que estos casos son atípicos y no responden a procesos normales, ya que una demanda laboral contempla diversas audiencias que requieren tiempo.

Si bien existe el principio de celeridad procesal en la justicia laboral, los procesos suelen prolongarse debido a la carga de trabajo. En los casos analizados también se registran acuerdos conciliatorios previos, presuntamente utilizados para forzar la vía del embargo.

“Aquí las partes se ponen de acuerdo, alguien accedió a conciliar, pero que una resolución judicial salga en cinco o seis meses no es un tiempo normal, ni Tegucigalpa, ni en otros juzgados del resto del país”, expresó.

Entre los abogados existe la coincidencia de que el papel de los jueces es fundamental para que un fraude se consuma. Jueces como los mencionados en los expedientes de Juticalpa han aceptado demandas colectivas sin verificar la disposición presupuestaria de las instituciones demandadas.

Esta negligencia judicial permite que se condene al Estado a pagar montos que superan por mucho la realidad de los salarios que percibían los ex empleados antes de ser despedidos, expresaron.

Asimismo, sostuvieron que la trama también revela la debilidad de los órganos de control judicial. El hecho de que un solo juez en Juticalpa pueda poner en riesgo la estabilidad de la cuenta única del tesoro con un embargo de casi mil millones de lempiras evidencia una falta total de seguimiento por parte de la Supervisión o Inspectoría de Tribunales del Poder Judicial, criticaron.

Los expedientes también muestran que, en muchos casos, se han ignorado acuerdos conciliatorios previos solo para forzar la vía del embargo. El impacto de estas demandas es devastador para el erario. No solo se trata del dinero perdido, sino de un precedente nefasto que queda sentado.

Para los profesionales del derecho entrevistados, una vez que estos abogados y jueces logran embargar al Banco Central, se abre la puerta para que cualquier demanda laboral se convierta en un “cheque en blanco” pagadero por la principal institución financiera del país.

El abogado Elvin Carrillo es del criterio de que, además de una posible confabulación entre abogados, jueces y procuradores en las demandas laborales que pierde el Estado, también tiene responsabilidad el funcionario gubernamental que, abusando del poder, realiza despidos sin seguir los procedimientos correctos o lo hace por venganza o discriminación política.

Recordó que las demandas laborales contra el Estado se han venido dando a través del tiempo porque, cuando un partido llega al poder, lo primero que hace es despedir a los empleados contrarios; por eso, muchos de los cesanteados, tengan o no razón, acuden a la justicia, y ahí puede ocurrir de todo.

Incluso, según los abogados consultados, los despidos gubernamentales se han vuelto hasta jugosos negocios para algunas firmas legales que primero identifican despidos masivos tras los cambios de gobierno; luego, abordan a los trabajadores ofreciéndoles dinero en efectivo inmediato a cambio de ceder sus derechos litigiosos. Una vez que el bufete es dueño de la demanda, comienza el lobby judicial para asegurar que el juez dicte una cuantía basada en cálculos erróneos que favorecen al demandante.