Millonarios embargos dejarían a alcaldías sin presupuesto por hasta 30 años

Tegucigalpa, Honduras.- La batalla legal se ha convertido en la única salida que varias municipalidades de Honduras han encontrado para evitar caer en la quiebra financiera. De lo contrario, advierten, podrían mantener sus finanzas en números rojos durante hasta 30 años.

Los casos son extremos en ciertas municipalidades. Los nuevos alcaldes nunca esperaron encontrar un déficit tan profundo y una enorme deuda o, en el otro extremo, la amenaza de no recibir un centavo de las transferencias del Gobierno central, el mayor ingreso en algunas comunas, por culpa de los embargos.

Los alcaldes no confían en los jueces y otros denuncian indicios de proceso amañados por los ediles que dejan el cargo para afectar las nuevas administraciones, hechos reportados al Ministerio Público (MP).

Datos de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) facilitados a EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información SOL-SGJD-1889-2026, detallan que existen municipalidades con millonarios embargos producto de demandas laborales.

Sin embargo, hay corporaciones que también enfrentan procesos civiles y administrativas.

Hasta el 25 de febrero de 2026, la alcaldía de La Unión, municipio ubicado al noroeste de Olancho, era la más golpeada por este fenómeno. La comuna reporta una millonaria demanda judicial por más de 864.4 millones de lempiras, sin considerar los procesos en materia laboral.

Hinmy Arturo Ferrera, alcalde de La Unión, expresó a EL HERALDO Plus que las demandas en contra de las municipalidades tipo C, es decir, de las más empobrecidas, dejan atadas las finanzas municipales, porque al hacerse efectiva se quedan sin fondos para operar y atender las necesidades de la población.

Ejemplificó que el municipio por concepto de transferencia del Gobierno central recibe en promedio 25 millones al año, y de impuestos alcanza una recolección, en un buen año, alrededor de tres millones en 12 meses.

En ese sentido, un embargo al total de los ingresos por transferencias significarían 30 años en pago para honrar la onerosa demanda, dejando sin dinero para funcionar a la alcaldía.

La demanda fue interpuesta por una empresa minera, debido a que en la administración 2014-2018, junto al Gobierno central, La Unión otorgó una concesión sin contar con el respaldo de los habitantes.

Cuando la minera pretendía iniciar operaciones, la población bloqueó los trabajos de extracción de minerales por el peligro ambiental que, según denunciaron, se generaría, por lo que la empresa se marchó, pero sus ejecutivos no estaban dispuestos a irse con las manos vacías.

Los empresarios demandaron a la alcaldía por más de 700 millones de lempiras, cifra que con el transcurso de los años subió a L800 millones. "Es el problema mayor que tenemos", confesó con tristeza el jefe municipal.

Ante el problema, relató que "estamos trabajando con los abogados, viendo la posibilidad para tener un resultado a favor del pueblo, y que los mineros no logren el objetivo de la demanda, porque si perdemos, prácticamente estaríamos en problemas por lo menos unos 80 años (si lo pagan en partes)”, expresó el alcalde.

Según el jefe municipal, la concesión fue otorgada durante la administración del exalcalde Hernán Torres (2014-2018) y, desde entonces, la municipalidad ha buscado evitar el embargo de los escasos recursos que recibe.

Para las autoridades locales, el Gobierno central debería responder, por medio del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), al compartir la responsabilidad, además de que gozan de mayor preparación que una municipalidad para enfrentar procesos judiciales.

La Unión ya ha sufrido el peso de un embargo: en la administración pasada, encabezada Dolores Almendárez, esta municipalidad estuvo a punto de cerrar, debido a que durante dos años no recibió transferencias por los embargos activo, hasta pagar alrededor de 36.4 millones de lempiras.

Según el actual alcalde, el problema se generó porque no se efectuó el cabildo abierto para informar sobre cómo se realizaría la concesión, además que inicialmente se catalogó el proyecto de carácter artesanal, pero al ver maquinaria se desató preocupación y generó una gran oposición a la explotación minera.

La situación es crítica porque antes del 25 de enero, cuando asumió la alcaldía, Herrera tuvo conocimiento de que se había resuelto el embargo a favor de la empresa minera, pero el abogado de la alcaldía presentó un recurso y se detuvo el proceso.

Además, La Unión enfrenta alrededor de 15 demandas laborales de exempleados de la alcaldía, por un valor de 700 mil a 900 mil lempiras cada uno. La primera es de un grupo de siete u ocho personas cuya sentencia está por salir y que representa una erogación de al menos ocho millones de lempiras.

"Aquí el único que puede meter la mano es el Gobierno, o la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República, porque en algún momento puede ser insostenible y podríamos perder el caso aún con un abogado, eso no es lo mejor para el municipio” lamentó.

Otra alcaldía con millonarias demandas laborales es La Ceiba, Atlántida, con más de 650.2 millones de lempiras, establecen los datos de la Secretaría de Gobernación.

El equipo de EL HERALDO Plus trató de conversar con el alcalde de este municipio, Bader Dip, pero no atendió las llamadas telefónicas, ni los mensajes por WhatsApp.

Lo mismo sucedió con el alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, que, según. Hasta finales de febrero, esta comuna enfrentaba un embargo por 426.6 millones de lempiras por asuntos laborales.

Mediante la solicitud de información SOL-SGJD-1745-2025 se estableció que del 2022 al 2025 los montos aprobados para las transferencias municipales aumentaron en más de 3,900 millones de lempiras, y se distribuyeron entre las alcaldías que cumplen con la liquidación, es decir, la rendición de cuentas sobre cómo se ejecutan los recursos.

Las cifras revelan que en 2022 se destinaron más de 5,942 millones de lempiras a las alcaldías. Para el 2023 la cifra aumentó a 6,871 millones.

En cambio, 2024 y 2025 —años electorales— registraron montos por el orden de 9,056 y 9,887 millones respectivamente.

Estos recursos representan un verdadero alivio para las municipalidades, porque no pueden sobrevivir con los impuestos que generan, debido a que su población está en pobreza y tampoco hay inversión privada.

Para Nelson Castellanos, expresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), cuando las municipalidades son embargadas, dejan de funcionar automáticamente, porque dependen de las transferencias.

Generalmente, el problema se origina debido a las puertas giratorias que funcionan en las corporaciones municipales se autodemandaron, o sea, el alcalde que salió despidió a los trabajadores. Estos, a su vez, demandaron y el jefe municipal aceptó la demanda, generando el embargo automáticamente.

En ese sentido, el nuevo presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, había solicitado al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se estableciera un límite a los embargos.

En respuesta a ello, el Poder Legislativo aprobó el jueves 12 de marzo una reforma por adición a la Ley de Municipalidades que establece un blindaje definitivo a las finanzas locales y prohíbe embargos judiciales superiores al 30% de las transferencias del Gobierno central.

El espíritu de la ley busca proteger el 70% restante de la transferencia para que las alcaldías, especialmente las de categoría D que dependen en un 90% de estos fondos, puedan seguir operando.

Para Castallanos, esta medida es necesaria por el abuso de parte de algunos jueces que determinan aplicar embargos del 100% del presupuesto municipal, afectando por completo su funcionamiento en servicio de la población que representan.

Un ejemplo es la municipalidad de Choluteca, que hace una semanas sufrió otro embargo, por el valor de 27 millones de lempiras, es decir, Choluteca no gozará de transferencias durante toda esta administración.

Estas situaciones son bastante graves, porque las alcaldías dejan de funcionar. Es importante recordar que detrás de cada alcalde, independientemente de su color político, hay un pueblo que deja de recibir respuesta a sus necesidades. Como consecuencia, se detienen los proyectos y disminuye el apoyo a áreas fundamentales como la educación y la salud, explicaron jefes municipales y expertos.

"Los alcaldes independientemente de la investidura que tenemos, debemos ponernos a disposición de la autoridad para ser investigados porque autodemandarse también es un delito, es un modus vivendi de algunas autoridades, independientemente de qué color político sea", sentenció.

Consideró que la intención es dañar al alcalde entrante, por eso deben ser investigados y acusados ante el TSC y por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), incluyendo a los abogados que actúan en contubernio con los jueces.

La Ceiba es uno de esos casos, ya que lleva más de 16 años bajo embargo y sin recibir recursos. Según el funcionario, esta situación es como un cáncer que ha ido carcomiendo al municipalismo con cada cambio de administración y que, con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más grave.

Explicó que el Gobierno cumple con la transferencia a la municipalidad, pero al haber una resolución legal de parte del Poder Judicial, Finanzas o el banco detienen la transferencia por la cantidad que ha resuelto el juez y dejan en quiebra a la municipalidad.

Castellanos cuantificó que en Honduras hay 229 alcaldías de categoría C y D que dependen directamente de las transferencias.

En el caso de La Unión, Olancho, dijo que el problema es que Inhgeomín y Serna entregan permisos sin socializarlos con el pueblo, lo que provoca acciones de rechazo y, a posteriori, la reacción del empresario por la vía judicial.

Varios jefes municipales afectados por los embargos han acudido a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para poder atender las necesidades del pueblo con ayuda externa, pero el monto nunca es suficiente.

Los registros de la Secretaría de Gobernación actualizados al 25 de febrero de 2026 indican que hay embargos activos por el orden de 1,950.7 millones de lempiras, algunos en proceso y otros en firme.

En tanto, el TSC nombró un equipo de auditores que ya comenzaron a investigar a las municipalidades e iniciaron acciones en la CSJ para analizar el procedimiento que siguen los jueces para dictar los millonarios embargos.