Tegucigalpa, Honduras.- En menos de 10 días, el Estado de Honduras ha sido objeto de embargos que superan los 3,000 millones de lempiras, una cifra que, según autoridades, no tiene precedentes recientes y amenaza con desestabilizar la planificación financiera del gobierno.
La magnitud del impacto obligó a una reunión urgente entre autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrados de la Sala Laboral, la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República (PGR), en busca de medidas inmediatas.
El primero en detallar la gravedad de la situación fue Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas, quien calificó el momento como crítico para las finanzas públicas y advirtió que lo ocurrido en los últimos días desborda cualquier parámetro histórico.
"En los últimos cinco años se embargó al Estado de Honduras por un monto aproximado de casi diez mil millones de lempiras. Sin embargo, solamente en los últimos 10 días llevamos ya embargos superiores a los 3,000 millones de lempiras", precisó.
El funcionario explicó que estos recursos no estaban contemplados en el presupuesto vigente. Añadió que su ejecución impacta directamente la caja única del Tesoro y compromete obligaciones inmediatas como: pago de salarios, proveedores y deuda flotante. A su juicio, más que un plan de gobierno sostenido, se trata de compromisos esenciales del Estado.
"Algo está sucediendo. Más de 3,000 millones de lempiras embargados en menos de 10 días no es normal, es un ataque sistemático al tesoro de la República, que tenemos que enfrentar y frenar", afirmó.
Se solicitó una revisión profunda de lo que está ocurriendo dentro del sistema judicial y no se descartó la participación coordinada de actores institucionales y privados en la aceleración de estos procesos.
“Hemos identificado que hay actores de la Procuraduría General de la República, actores del Poder Judicial y actores defensores privados que pareciera que se han coludido para poder llevar a cabo estos embargos”, declaró.
Mediante un oficio se confirma que el artículo 313 de las disposiciones generales del presupuesto establece que, previo a ejecutar un embargo, los juzgados deben comunicarse con la Tesorería General de la República para verificar la disponibilidad presupuestaria y los renglones afectados, algo que no se cumpliría.
“No es que no se van a pagar las demandas o cumplir con estas obligaciones, pero tenemos que prevalecer obligaciones que tiene el gobierno de la República”, subrayó.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de las disposiciones presupuestarias puede acarrear sanciones económicas para los funcionarios que autoricen procedimientos sin apego a la normativa vigente.
“El no acatar las disposiciones generales del presupuesto establece claramente que se tendrá que interponer una multa que anda entre 3 y 30 salarios mínimos por cada vez que cometan esta acción”, puntualizó.
Insistió en que el problema no solo afecta al Ejecutivo, sino a todo el aparato estatal que depende de asignaciones presupuestarias, incluyendo otros poderes del Estado y entes descentralizados.
En ese sentido, dijo que corresponderá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
Desde el ámbito judicial, la magistrada Odalis Nájera defendió la independencia de poderes, pero reconoció la necesidad de establecer coordinaciones estratégicas para evitar distorsiones en la ejecución de sentencias laborales.
“Somos respetuosas de la Constitución, respetuosas de la ley y de la independencia judicial; no obstante, hay ciertas coordinaciones estratégicas que se deben hacer”, expresó.
La semana anterior se emitió una circular dirigida a todos los tribunales del país, instruyendo que únicamente proceden embargos en materia laboral cuando existan sentencias firmes, es decir, aquellas que hayan agotado todos los recursos legales.
“Solamente proceden embargos en materia laboral contra sentencias firmes, no definitivas”, afirmó.
Explicó que una sentencia definitiva no implica necesariamente que pueda ejecutarse de inmediato, y que en materia laboral tampoco procede su ejecución provisional. Aunque la disposición ha generado críticas, asegúrese de que esté plenamente sustentada en la ley.
Además, reiteró que la Constitución establece con claridad que todo pago derivado de una condena contra el Estado debe canalizarse a través de la Tesorería General de la República, como mecanismo de control y orden presupuestario.
"La Constitución de la República ya nos establece cuál es el canal. Todo se debe canalizar a través de la Tesorería General de la República", indicó.
Nájera también reveló que el volumen de litigios laborales es elevado, especialmente en Francisco Morazán, donde millas de demandas se encuentran en trámite, lo que incrementa la presión sobre el sistema judicial y las finanzas públicas.
“Solamente en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán hay un promedio de 19,000 demandas, de las cuales se mueven a diario más de 9,000”, detalló.
Por su parte, el procurador general Dagoberto Aspra reconoció que muchas de las demandas laborales tienen fallas desde su origen, principalmente por procesos de despido que no siguieron las formalidades del Código del Trabajo, lo que eleva la probabilidad de condenas contra el Estado.
“Hay muchas demandas que tienen fallas de origen, que no se cumplieron con los procesos para poder despedir una persona, por lo cual la expectativa de perderse esas demandas es alta”, admitió.
Aspra anunció que este mismo día recibirán un manual elaborado por consultores para estandarizar y ordenar los procedimientos de despido dentro de la administración pública, con el fin de reducir el riesgo de nuevas demandas.
“Lo más pronto posible lo vamos a implementar, viene a instruir a los funcionarios públicos para que, en caso de despido de personal, se sigan las reglas establecidas en el Código del Trabajo”, explicó.
El procurador agregó que también se analiza, desde el Congreso Nacional, una disposición que permita conciliar parte de los casos actualmente en los juzgados, buscando disminuir la carga financiera que representan para el Estado.
Ante la numerosa cantidad de demandas, se identificó juzgados con alto riesgo donde se estarían concentrando embargos de gran magnitud, particularmente en los departamentos de Choluteca y Olancho, lo que abre la puerta a investigaciones más profundas.
La reunión concluyó con el compromiso de coordinar acciones entre el Poder Judicial, la Procuraduría, la Secretaría de Finanzas y otros entes de control para revisar procedimientos, fortalecer la supervisión y evitar que la ejecución acelerada de sentencias laborales continúe comprometiendo la estabilidad financiera del Estado.
