Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco alcaldías de Honduras enfrentan embargos que superan en conjunto los 1,000 millones de lempiras, situación que compromete su funcionamiento y la prestación de servicios básicos, según denunciaron autoridades municipales.
Los casos se concentran en los municipios de Guata, Guarizama y Mangulile, en el departamento de Olancho, así como en Choluteca y El Corpus, en el sur del país.
De acuerdo con registros municipales, los montos por municipio son: 31 millones de lempiras en Guata; más de 29 millones en Guarizama; más de 50 millones en Mangulile; más de 850 millones en Choluteca; y más de 65 millones en El Corpus.
En Mangulile, el alcalde Dagoberto Pacheco Cardoza (Libre) indicó que recibió la administración con embargos heredados de la gestión del exalcalde Olman Yanil Padilla (Partido Nacional). Señaló que existen demandas de cerca de 30 empleados que no contaban con contratos formales, pero que reclaman prestaciones por alrededor de 31 millones de lempiras. Explicó que, tras acuerdos de conciliación que no pudieron cumplirse por falta de liquidez, el Poder Judicial notificó el embargo de manera inmediata, afectando proyectos de salud, infraestructura y asistencia social.
En Guarizama, el alcalde Maynor Pagoda (PN) informó que la municipalidad enfrenta un embargo cercano a los 30 millones de lempiras por demandas de 37 exempleados despedidos durante la administración de Santos Fulgencio Peralta (Partido Liberal). Indicó que solo cuatro eran empleados permanentes y que los ingresos tributarios anuales del municipio oscilan entre 300,000 y 700,000 lempiras. Añadió que las demandas fueron interpuestas diez días después de los despidos y que en un plazo similar se emitió resolución que dio paso al embargo. Señaló que han realizado gestiones ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas.
En Guata, el alcalde Joaquín Antúnez (Libre) denunció que el municipio enfrenta un embargo por más de 31 millones de lempiras interpuesto por 43 exempleados, de los cuales 12 tenían contrato permanente. Explicó que la municipalidad depende casi en su totalidad de transferencias estatales y que la deuda compromete más de un año y medio de presupuesto, afectando servicios esenciales para una población de más de 13,000 habitantes. Informó que presentaron un recurso de apelación y que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público investigar posibles irregularidades.
Por su parte, el exalcalde Luis Baquedano aseguró que no dejó embargada la alcaldía de manera intencional y que actuó conforme a la ley al responder a requerimientos judiciales. Indicó que los exempleados tenían derecho a reclamar y que, tras cumplir con pagos pendientes, dejó un remanente superior a tres millones de lempiras a favor de la nueva administración.
En Choluteca, el alcalde Eber Aplícano (PN) denunció que su municipio enfrenta embargos por más de 850 millones de lempiras, derivados de la gestión del exalcalde Quintín Javier Soriano Pérez (Partido Liberal). Mientras tanto, en El Corpus, la alcaldesa Katherine Guillén (Partido Liberal) también enfrenta gravámenes millonarios heredados de administraciones anteriores.
Ante el escenario, el procurador Dagoberto Aspra y el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se reunieron con magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para analizar los embargos. Hércules manifestó que el Tesoro del Estado enfrenta múltiples acciones judiciales que afectan la priorización de recursos en educación, salud y niñez, y anunció reuniones interinstitucionales para revisar los casos.
Aspra indicó que han identificado a Choluteca y Olancho como jurisdicciones de “alto riesgo” debido a la rapidez con la que se tramitan las demandas y embargos. Añadió que la Procuraduría expondrá la situación ante la presidenta de la Corte para determinar posibles correctivos y responsabilidades dentro del sistema judicial y otros órganos fiscalizadores.
El abogado Juan Carlos Barrientos advirtió que algunos embargos podrían haberse utilizado como mecanismo para beneficiar a empleados y activistas vinculados a administraciones anteriores.
Las autoridades municipales señalaron que continuarán agotando los mecanismos legales disponibles para enfrentar los procesos judiciales, mientras los embargos mantienen bajo presión las finanzas y la operatividad de las alcaldías afectadas.
