Millonarias demandas tienen al borde de colapso financiero a decenas de alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- Aquellos hondureños que habitan rodeados por la pobreza, en casitas de adobe, lámina de zinc oxidadas o pedazos de teja, no tienen otra opción que esperar muchos años más para que sus condiciones de vida mejoren, pues los recursos de las corporaciones municipales están embargados por millonarias demandas.

Muchos de los nuevos alcaldes que asumieron el cargo el 25 de enero de 2026 encontraron como "salón de baile" los palacios municipales, sin menajes y sin empleados, pero también sin presupuesto.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió varios de los municipios golpeados por la corrupción, la ignorancia y, muchas veces, hasta por la maldad de las autoridades salientes, que dejaron en la quiebra financiera a la nueva administración.

Algunos jefes municipales de las corporaciones con mayores ingresos, aparentemente, también sufren esta situación, pero se "hacen de la vista gorda" porque pueden cumplir con los compromisos; el problema está en aquellas municipalidades tipo C (que tiene ingresos limitados y menor capacidad institucional), donde las demandas sobrepasan el presupuesto de los cuatro años de gobierno.

Muchos de los alcaldes entrevistados que están asumiendo por primera vez el cargo afirmaron que se encontraron con la sorpresa de sus vidas debido a los onerosos embargos por demandas laborales que mantienen el presupuesto municipal comprometido, prácticamente los dejaron a la mano de Dios.

El equipo de EL HERALDO Plus comprobó, a través de la solicitud de información pública SOL-SEFIN-3414-2026, que la Secretaría de Finanzas (Sefin) al 13 de febrero de 2026 mantenía vigente 14 embargos por un total de 180.4 millones de lempiras.

En los datos facilitados no aparecen los cuatro embargos a la comuna de El Corpus, Choluteca, por 97 millones, lo que sube la cifra a 17 por 277.4 millones.

A ello se suma que existen municipalidades que están a un paso de caer en ese conflicto y que, junto a equipos de abogados y por medio de denuncias al Ministerio Público (MP), han logrado impedir que los dejen sin un cinco para operar. En el Congreso Nacional también se presentó una iniciativa de ley para que solo se pueda embargar hasta el 30% de la transferencias.

Uno de los casos más extremos es el de El Corpus, Choluteca, donde una red de abogados y las autoridades salientes se encargaron de dejar comprometidas las finanzas; no conformes con eso se llevaron hasta las sillas y no hay personal suficiente para atender a la población.

Después de recorrer al menos 173 kilómetros desde Tegucigalpa, el equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta el minero pueblo de El Corpus, en Choluteca, donde bajo el inclemente sol la gente muy amable circulaba por las calles, con la esperanza de que la nueva y joven alcaldesa haga un cambio.

Lo que muchos ignoran es que Katherine Guillén, de 30 años, quien es titulada en administración industrial y negocios, encontró la alcaldía con demandas por más de 97 millones de lempiras, sin embargo, no había ningún documento que evidenciara cómo fue administrada la comuna en años anteriores.

La misma alcaldesa mencionó que el presupuesto anual que recibe esa comuna es de apenas 29 millones de lempiras al año, es decir, que pagar esas demandas le tomaría prácticamente todo su periodo de gobierno.

Este rotativo conoció durante un recorrido por la comuna de El Corpus que los pocos impuestos que pagaron los ciudadanos no aparecen en el sistema digital; la gente afirma estar al día, pero no hay registros. Además, la oficina de la alcaldesa no es más que un escritorio de metal y una silla con las patas y los reposa brazos quebrados.

Pero esto no es nada en comparación con las cuatro demandas laborales, dijo la alcaldesa, al detallar los montos: una es por más de 63.1 millones de lempiras, otra por 2.6 millones, otra por más de 3 millones y la última supera los 27.3 millones de lempiras.

Todas las demandas laborales hacen una cuantía total de unos 97 millones de lempiras, para una alcaldía pequeña y que depende totalmente de las transferencias del gobierno central, ya que de los ingresos por impuestos es poco lo que percibe el municipio.

Para la funcionaria, todo aparenta que fue premeditado, ya que el exalcalde le otorgó poder a un abogado, que anteriormente fue jefe de personal de la misma municipalidad, quien fue despedido en agosto de 2025 y luego regresó como apoderado legal de la alcaldía municipal en diciembre.

A esto se suma que se hicieron despidos masivos de todos los empleados de la alcaldía municipal entre el 30 de noviembre —el día de las elecciones generales— y el 19 de diciembre de 2025. "Fue algo premeditado, planificado, se podría decir, porque ya estaban a solo un mes de entregar el poder”, condenó Guillén.

La justificación de las autoridades salientes fue que los empleados de la municipalidad no querían trabajar con la nueva administración, pero en todo caso tenían que renunciar o conciliar con las nuevas autoridades y no lo hicieron así, dijo la alcaldesa.

Una de las limitantes administrativas que tienen, según evidenció la alcaldesa, es que las autoridades salientes se llevaron toda la documentación de la municipalidad, dejando los archivos vacíos.

Ante esto, presentó la denuncia al MP, quienes iniciaron un proceso de investigación por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes allanaron la casa del exalcalde, Luis Rueda, donde recuperaron todos los archivos del 2014 al 2025 para esclarecer qué fue lo que pasó.

También llegaron los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pero no pueden avanzar en los informes de auditoría porque se debe esperar los resultados de la investigación del MP y que devuelvan la documentación pública recuperada.

La alcaldesa dijo que la primera demanda fue interpuesta a nombre de 73 personas, entre ellas algunas que nunca laboraron para la alcaldía municipal de El Corpus. También hay 10 menores de edad que, según ellos, iniciaron a trabajar en 2014, cuando tenían entre 5 a 14 años.

En otra demanda también aparecen tres menores de edad que iniciaron a laborar en 2014.

Además, el proceso legal se desarrolló rápidamente en los juzgados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Choluteca, porque al 2 de febrero 2026 se ordenó un embargo total por el 100% de la demanda, cuando la ley es clara y dice que solo se puede embargar el 30%, señaló la alcaldesa.

El artículo 289 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año fiscal 2025, textualmente establece que "los juzgados y tribunales de la República únicamente podrán embargar el 30% de la transferencia mensual que perciben las municipalidades para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, sin afectar el 1% correspondiente al Fondo de Transparencia Municipal, y el 1% correspondiente a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon)".

Los empleados demandantes dijeron a las autoridades del MP que las autoridades anteriores les debía 7 meses de salario y los citaron para pagarles, les entregaron un cheque con la cantidad de 70,000 lempiras y les hicieron firmar un documentos que no leyeron, sin saber que era una carta poder para demandar, señaló la alcaldesa.

“Este es un impacto enorme, porque la alcaldía municipal depende de las transferencias municipales, nosotros actualmente solo estamos laborando con 12 personas, las más importantes; hay unas que están cubriendo hasta dos, tres áreas, debido a que no queremos ser irresponsables con este tema de contratar personal y después no tener cómo pagarles”, expresó la funcionario.

El Corpus tiene aproximadamente 27,000 habitantes, la mayoría vive de la agricultura, otros trabajan en las mineras que operan en la zona, y algunos en las producciones de sandía, melón y ocra, pero son de escasos recursos.

El exalcalde defendió que "nosotros no hicimos nada con mala intención, sino que fue a petición de los mismos empleados porque, tenían seis meses sin pago (por falta de transferencias)".

Justificó que cuando perdió las elecciones, la nueva alcaldesa decía que iba a sacar a todos los trabajadores, que conseguiría un préstamo para correrlos y por eso ellos le pidieron a él que los despidiera, para que tuvieran todos sus derechos laborales. Dijo que eso fue lo que hizo y la Secretaría de Trabajo realizó el cálculo de las prestaciones laborales.

La alcaldesa, por su parte, defendió que en ningún momento dijo que iba a despedir a la gente, situación que afecta a la municipalidad porque dependen de las transferencias del gobierno central que son 29 millones al año.

El Corpus parece que se ha detenido en el tiempo, igual que la estatua del minero enfrente de la antigua Iglesia Católica y de un parque descuidado a donde juegan los estudiantes, quienes se sientan sobre el “lagarto de oro”, que es parte de una famosa leyenda del lugar.

Datos de la Sefin establecen que son varias las municipalidades del Sur de Honduras que están en esta situación, por ejemplo, Choluteca, Choluteca, aparece con un embargo en proceso de 58 millones de lempiras.

No obstante, según la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), por medio de la solicitud de información SOL-SGJD-1889-2026, los embargos laborales en Choluteca superan los 426.6 millones de lempiras.

El equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta esta municipalidad, donde los funcionarios dijeron que ese tema lo manejaba la jefe de Recursos Humanos, quien no quiso atender porque se encontraba en una reunión por zoom y no tenía establecido a qué hora terminaría; además son nuevos en los cargos y están analizando la información, justificaron.

Este rotativo también intentó contactar al alcalde de Choluteca, Eber Aplicano, quien no contestó las llamadas y mensajes enviados para conocer sobre la millonaria deuda que tiene la municipalidad por las demandas laborales.

Otra de las municipalidades altamente endeudadas en el sur de Honduras es la de Pespire, Choluteca, con más de 29.6 millones de lempiras. También es uno de los municipio en categoría C.

Las instalaciones de la municipalidad de Pespire son históricas, pero al mismo tiempo lucen deterioradas; los pobladores llegan constantemente para que las autoridades les resuelvan problemas; se sientan debajo de los palos de mango a esperar.

Cuando llegó el equipo de EL HERALDO Plus, algunos de los empleados respondieron como alterados y de inmediato llamaron al reelecto alcalde Samuel Colindres, quien no se encontraba y, según los trabajadores, dio la orden de no hablar nada del tema.

Alexis Matamoros, vicealcalde de la municipalidad, fue quien atendió al equipo de EL HERALDO Plus en una oficina del vetusto edificio. Dijo que lamentablemente había orden de no proporcionar información, pero de igual forma, él apenas se iba enterando de los problemas porque acababa de asumir.

En Nacaome, Valle, el problema es igual. Según la Sefin, los embargos que enfrenta esta municipalidad superan los 16.2 millones de lempiras, mientras la población exigen a diario respuestas a las autoridades.

Las instalaciones se ubican muy cerca del parque central y decenas de pobladores tenían cercada la sede desde temprano; muchos llegaron en busca del alcalde, Rodolfo Ferrufino, para exigirle respuesta de sus problemas, como la falta de agua potable.

El secretario municipal, Miguel Alvarado, dijo que las demandas son un problema grave que afecta las finanzas de la corporación, porque existen una serie de proyectos que no se pueden realizar, incluido el de agua potable.

Langue, Valle, también se suma a la lista de municipios embargados, sin tener forma de pagar. El municipio apenas logra sobrevivir con las transferencias del gobierno central.

Edemir Caballero, jefe municipal de Langue, declaró en diálogo con EL HERALDO Plus, que la administración anterior dejó dos embargos laborales, uno de 48 millones y otro de 17 millones de lempiras, que al final suman 65 millones de lempiras.

“Básicamente eso imposibilita a la municipalidad, pero también compromete los cuatro años de gobierno y nos dejan una alcaldía en quiebra, porque nosotros recibimos aproximadamente como unos 80 millones de lempiras en los cuatro años como transferencias”, lamentó.

Para el alcalde, las demandas tienen intención de querer afectar las arcas del municipio; además, esas acciones se han convertido en una práctica deshonesta llevada a cabo por muchas firmas de apoderados legales que trabajan para empobrecer a los municipios.

“Hemos descubierto que el exalcalde actuó con celeridad sospechosa y malintencionada, él mismo procedió a despedir el personal sin ninguna resistencia legal, aceptó y concilió en el Ministerio del Trabajo con sumas de dinero totalmente infladas”, señaló el jefe municipal.

“Nosotros hacemos un llamado a la justicia, al Tribunal Superior de Cuentas, a la misma Fiscalía a que investiguen todo este tipo de acuerdos que se llevan en los juzgados, porque también los jueces tienen parte”, consideró.

El jefe edilicio preguntó que "¿cómo es posible que un proceso administrativo de gente humilde lleve años en resolverse, pero las demandas en contra de la municipalidad en dos semanas, de entre diciembre y enero la dejaron comprometida".

Condenó que si se aplica el embargo automáticamente se quedan sin recursos para atender programas de merienda escolar, medicina para la gente con enfermedades crónicas e infraestructura. “Nos dejaron comprometidos en todo, tenemos una municipalidad completamente quebrada”, señaló.

El alcalde explicó que el presupuesto anual de la alcaldía es de 28 millones, que entra por transferencias, es decir, que si los embargan por 65 millones y más de 10 millones que dejaron como deuda de proveedores, serían 75 millones. Esto equivale al presupuesto de tres años, por lo que no habría forma de funcionar, porque no podrían ni pagarle a los empleados.

Los datos de la Sefin establecen que además, las alcaldías de El Triunfo, Choluteca; Guata, Olancho, y Tocoa, Colón, tienen aprobado un millonario embargo que debe ser aplicado, es decir, que será deducido de las transferencias municipales.

Debido al número de comunas con demandas y, sumado a esto la cifra que deben pagar, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa de reforma por adición a la Ley de Municipalidades.

La propuesta busca poner fin a la práctica de algunos juzgados que ordenan la retención del 100% de las transferencias, es decir, que solo podrían embargar el 30%, algo que ya está establecido en el artículo 289 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año fiscal 2025.

​"Hay municipalidades donde todas las transferencias de los 48 meses de la administración pasada fueron embargadas; ahí no afectan al alcalde, afectan a los pobladores porque no hay proyectos ni generación de empleo", lamentó el diputado Carlos Cano, quien celebró la propuesta de Zambrano.

El parlamentario recalcó que ​solo apoyando a los gobiernos locales de manera directa se podrá desarrollar al país de forma rápida.