Mecanismo de Protección de DDHH, en cuidados intensivos por crisis presupuestaria y politización

Tegucigalpa, Honduras. El Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia enfrenta un panorama sombrío, marcado no solo por un deficiente presupuesto anual de apenas 20 millones de lempiras, sino también por la politización, los abusos y la desconfianza, que lo condenan a la inoperancia técnica.

Este sistema, dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH), fue desbaratado en el gobierno anterior de Xiomara Castro. La entonces ministra Natalie Roque partidizó la institución y se peleó con los integrantes. Luego, su sustituta, Angelica Álvarez, con aspiraciones de convertirse en designada presidencial, lo terminó de postrar.

Ahora, según sectores vinculados a la defensa de derechos humanos, las nuevas autoridades de la SEDH tienen la responsabilidad de rescatar este ente de protección, generando confianza en la población usuaria, así como en la comunidad internacional para que a través de cooperación pueda fortalecerse la parte económica, técnica y del capital humano.

Para los conocedores del tema, la recuperación no será nada fácil, ya que el sistema ha sido permeado por los abusos, la burocracia y la corrupción de los políticos, en complicidad con algunas organizaciones defensoras de derechos que siempre se acomodan a las líneas políticas del gobierno de turno.

Incluso, la nueva ministra de la SEDH, Leda García Pagán, ya tuvo su primer encontronazo con la periodista Dina Meza, reconocida y respetada defensora de derechos humanos, quien siempre ha demandado la despolitización del mecanismo y también ha exigido que las acciones de este mecanismo se enmarquen dentro de la legalidad.

De acuerdo con los informes de la SEDH, actualmente el mecanismo tiene bajo su protección a 300 personas: 217 defensores de derechos humano (72%); 58 periodistas y comunicadores sociales (19%); y el restante corresponde a 25 operadores de justicia (8%).

Según García, además de las 300 personas bajo la protección del mecanismo, “un 7% no es objeto de la ley, es decir, han habido casos de personas desplazadas y de otros temas que quizás no están dentro de la población objetivo, pero que también se les está dando un servicio”.

La funcionaria sostuvo que, a su llegada, encontró personal no capacitado para realizar ciertas funciones, de las cuales deriva muchas veces la responsabilidad del cuidado de la vida de otras personas, especialmente de defensores de derechos humanos, defensores de la tierra, periodistas y comunicadores sociales.

“Al no tener personal competente para llevar a cabo el proceso, el mecanismo de protección de estos defensores, entonces no podemos brindar con certeza, un servicio de calidad a nuestros protegidos”, agregó.

Precisamente, añadió, “tenemos en un informe ya detallado sobre cuáles son las personas que no cumplen con los requisitos profesionales, académicos, como a la experiencia que requiere el cargo y en ese sentido estamos haciendo ya las ponderaciones de las personas que no cumplen para poder hacer los cambios pertinentes”.

Pagán se reunió con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a fin de solicitarle que le apoyara con un diagnóstico técnico, proceso que ya se inició, pero también desde lo interno de la secretaría se han identificado grandes desafíos.

“Por ejemplo, debemos retomar la potencialización de nuestro capital humano. El capital humano que quedó, que encontramos en esta secretaría, es muy distinto al que había en años anteriores, antes del gobierno anterior, por lo cual estamos retomando las competencias, la experiencia y las hojas de vida”, para operar.

"Ya hemos avanzado, también ya se nombró al nuevo director —Cristóbal Martínez—, quien ya está en funciones y ya proporcionó un par de informes preliminares que les permiten tener a grandes rasgos conciencia de cómo está el Mecanismo y el aspecto presupuestario", expresó.

El nombramiento de Martínez fue duramente cuestionado por sectores de la sociedad civil, que señalaron a la Secretaría de Derechos Humanos de intentar imponerlo de forma directa primero, sin seguir los procedimientos establecidos, y posteriormente nombrarlo en un proceso plagado de irregularidades.

De acuerdo con García, el presupuesto de 20 millones de lempiras anuales es poco en comparación con las demandas, ya que algunas medidas cautelares son estipuladas por el Mecanismo de Protección y en otras son emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sobre el uso de los pocos recursos, explicó que “hay muchos temas que son confidenciales que no pueden externarse, pero en algunos casos hay protegidos que tienen derecho a una indemnización mensual, en otros casos es en logística, en acompañamiento policial. Dependiendo del caso y de las medidas cautelares que el Comité Técnico le asigna a cada caso, es lo que se les va a proveer”.

“En algunos casos es una (camioneta) Prado blindada, por ejemplo, con su motorista; en otros casos es un estipendio mensual, en otro caso es patrullaje y en otros casos cámaras de seguridad o acondicionamientos de sus hogares para poder estar logísticamente más protegidos. En ese sentido, sí han habido criterios que se han utilizado para la adjudicación de algunas medidas que precisamente se resuelven con respetar los procesos que ya nos dice la ley y la normativa del Mecanismo de Protección”, explicó.

Sobre si necesariamente tienen que ser camionetas blindadas en lugar de vehículos más económicos, García respondió: “Han habido casos en que los usuarios o beneficiarios del Mecanismo impiden que se les cambie el vehículo porque no quieren otro que no sea el que usted acaba de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener personal competente para poder validar cada uno de los casos con toda la parte técnica correspondiente, entonces ya queda a criterio de un analista o a criterio de un técnico si deciden continuar o no, o por evitar un problemas”.

Para evitar los abusos, la ministra consideró que se deben estandarizar los procesos. "El proceso debe ser uno solo para todos nuestros protegidos y respetar el marco de este proceso. Si logramos eso, el 60% de los problemas del sistema estarán resueltos”, proyectó.

Sostuvo que a su llegada encontró que de los 20 millones de lempiras del presupuesto del mecanismo, alrededor de 13 millones de lempiras anuales se gastan “en el alquiler de 13 a 15 vehículos, algunos son blindados, otros no, algunos son camionetas Prado y otros son doble cabina”, detalló la funcionaria, agregando que “el presupuesto no ajusta para otras personas, la verdad es que estamos quedándonos cortos”.

Señaló que el personal actual y que estuvo en los últimos cuatro años no hizo revisiones de las medidas cautelares de los beneficiarios, por lo que el Estado ha seguido erogando la misma cantidad, relegando la evaluación de nuevos casos. “Para el caso, tenemos 134 casos que no han sido considerados en el mecanismo, que están en lista de espera desde hace dos años o año y medio”, criticó.

“Podría ser que algunas de esas personas ya perdieron la vida por el incumplimiento de los técnicos que no les han hecho el análisis porque aducen que no tienen tiempo. Pero cuando vamos a ver en lo que estaban empleando el tiempo, tampoco le estaban haciendo análisis de riesgo que correspondía cada seis meses a los actuales beneficiarios”, criticó.

“Entonces, aquí hubo un patrón de conducta que muestra que hay animadversión, diría yo, a realizar las revisiones de las medidas cautelares de nuestros beneficiados —cuestionó Pagán—, con muchos, podría ser el caso, que hay que aumentarle las medidas, pero en otros puede ser que hay que reducirlas”.

La ministra aseguró que cuenta con una estrategia para recuperar la imagen del mecanismo, para lo cual tiene el acompañamiento de expertos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones, con el fin de fortalecerlo desde el punto de vista técnico.

De acuerdo con la periodista y veterana defensora de derechos humanos Dina Meza, el ente protector sufre una situación alarmante. La institución enfrenta varias debilidades, entre ellas un bajo presupuesto y la falta de transparencia en el manejo del mismo. En este Gobierno “nos han dicho que todavía no les ha llegado el presupuesto”.

Dijo desconocer con certeza el presupuesto del mecanismo. "Primero nos dijeron 20 millones, después 70 millones”. A la falta de transparencia, se suma la poca capacidad técnica del personal.

“De acuerdo a lo que hemos observado, políticamente se está abordando la contratación de personal y obviamente los partidos meten las manos en el mecanismo y colocan a sus activistas, incluso sin capacidades técnicas para que puedan asumir el cargo".

"Hemos señalado que sería muy importante que las personas que fueron despedidas en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro y que eran personas que tenían capacidades técnicas sean restituidas en sus cargos para que pueda fortalecer el Mecanismo de Protección y luego también bien que pueda ver el personal técnico necesario, pero con capacidades para realizar su trabajo”, manifestó.

Otro de las principales debilidades, prosiguió, es que los ministros y las ministras de la Secretaría de Derechos Humanos “meten las uñas en el Mecanismo Nacional de Protección, entonces tienen sometidos al personal, amedrentándolo que los van a despedir, o al propio director o directora no le dan la independencia, violentando la Ley de Protección".

A criterio de Meza, así como el de otros defensores, el Mecanismo Nacional de Protección debe salir de la Secretaría de Derechos Humanos y, a través de una reforma a la ley, gozar de autonomía técnica y presupuestarias. De esta forma, el director o la directora tomarán decisiones independientes.

La defensora expresó su preocupación luego de conocer declaraciones de la ministra en las que habría advertido que podría retirar las medidas de protección a personas vinculadas al partido Libertad y Refundación (Libre). “Otra vez volvemos a la politización, y eso es destructivo”, sostuvo Meza.

Asimismo, lamentó que desde la Secretaría de Derechos Humanos se esté replicando la vigilancia hacia organizaciones defensoras que exigen un mecanismo de protección eficiente.

Meza criticó que desde el cargo ministerial se impulse una marca o imagen con miras a futuras aspiraciones políticas, lo que —a su juicio— debilita el fortalecimiento del mecanismo. “El sistema no puede convertirse en un trampolín político”, afirmó.

La defensora sostuvo que esa dinámica está deteriorando progresivamente el mecanismo nacional de protección. “Si el gobierno anterior lo tenía en agonía, este viene a darle la puñalada definitiva para enterrarlo”, cuestionó.

Por su parte, el abogado Saúl Bueso, consejero del sistema de protección, consideró necesario garantizar independencia presupuestaria y administrativa para fortalecer el mecanismo. Además, respaldó las demandas planteadas por Meza sobre la revisión periódica de las medidas de protección y la incorporación de personal técnico especializado.

Bueso recordó que existen medidas otorgadas desde hace años que no han sido reevaluadas. A su criterio, corresponde a las autoridades —particularmente a la Policía y a los equipos interdisciplinarios— identificar el origen de las amenazas y atender oportunamente las denuncias.

“Si eliminas la amenaza, ya no es necesario implementar medidas. Si a una persona se le asignan medidas, pero nunca se investiga de dónde provienen las amenazas ni se neutralizan, entonces siempre se requerirán acciones de protección y eso se convierte en un gasto sin control”, señaló.

Asimismo, lamentó que algunos nombramientos recientes no se estén realizando conforme a lo establecido en la ley. Explicó que anteriormente la elección de la dirección se hacía mediante una terna integrada por miembros del Consejo Nacional de Protección, con participación de la sociedad civil, bajo un proceso riguroso de selección.

“Es ilógico. Si en años anteriores se utilizó un método riguroso, ¿por qué eliminarlo ahora?”, cuestionó.