Secretaría de DD HH gastó L19 millones en alquiler de ocho camionetas blindadas

Defensores denuncian que, mientras unos reciben vehículos blindados, periodistas en riesgo ni saldo tienen para una llamada de emergencia y son torturados

  • 06 de mayo de 2025 a las 00:00
Secretaría de DD HH gastó L19 millones en alquiler de ocho camionetas blindadas

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) gastó un total de 19.3 millones de lempiras en el alquiler de ocho camionetas blindadas para funcionarios y personas particulares que gozan de medidas de seguridad y protección.

La adquisición del servicio se realizó mediante contratación directa, sin licitación pública, con una vigencia de nueve meses y 21 días, comprendida del 10 de marzo al 31 de diciembre de 2025.

El contrato adjudicado establece: “Adjudicar el proceso de contratación directa No. CD-SEDH-01-2025 para la contratación de servicios de alquiler de vehículos blindados para los beneficiarios de la Dirección General del Sistema de Protección desde el 10 de marzo hasta el 31 de diciembre del año 2025, a la empresa Latin American Armored Rentals, por un monto de 19,322,968 lempiras, por ser el único oferente, por haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado", entre otros puntos.

El contrato fue autorizado por Angélica Lizeth Álvarez, en su condición de secretaria de Estado por ley, quien solicitó el inicio del proceso de contratación correspondiente para el alquiler de ocho vehículos blindados y un vehículo convencional, para uso a nivel nacional, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Secretaría de Derechos Humanos, según la resolución de adjudicación No. CD-SEDH-01-2025, pidió que los vehículos tuvieran capacidad para cinco o más personas, cinco puertas o más, seguro vehicular con cobertura total, matrícula vigente y año de fabricación de 2022 en adelante.

Al hacer una simple operación matemática, el gobierno estaría pagando aproximadamente 2.4 millones de lempiras por cada una de las ocho camionetas blindadas.

Si se considera el plazo del contrato (nueve meses y 21 días), el gasto mensual por cada vehículo blindado sería de aproximadamente 262,225 lempiras.

Para ver el contrato completo click aquí

Postura de las autoridades de Derechos Humanos

Sobre el particular, la ministra de la Sedh, Angélica Álvarez, afirmó: "Lo único que puedo decir es que son casos de beneficiarios ante el Sistema Nacional de Protección".

Además, descartó que de los favorecidos con los carros blindados "ninguno es de funcionarios públicos, todos asignados a defensores de DDHH y están avalados en las medidas otorgadas en comités técnicos y medidas extraordinarias por riesgo o amenaza".

"No puedo dar detalles de casos, ni nombres", aseveró.

¿Quiénes los beneficiados?

No obstante, fuentes consultadas por EL HERALDO indicaron que entre los beneficiarios del sistema de protección se encuentra Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad.

También están los familiares de la ambientalista Bertha Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, entre ellas, sus hijas Berta Zúñiga Cáceres, que asumió la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), su hermano Gustavo Cáceres y su madre Austra Bertha López.

En el listado figura el nombre de Ligia Ramos, diputada independiente; Pedro Joaquín Amador, asistente de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sociales y jugador del equipo de fútbol Meluca Campamento; y Miguel Briceño, comisionado presidencial de Reforestación y Cambio Climático.

Las medidas de protección se aprueban bajo el marco de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia; sin embargo, ninguno de los favorecidos ostenta esas profesiones.

Cotizaciones

Según consultas de EL HERALDO a diversas casas rentadoras de autos, el costo mensual por vehículo blindado alquilado en Honduras puede variar según el tipo de carro y la empresa arrendadora.

Por ejemplo, el alquiler de una camioneta blindada puede oscilar entre 200 y 400 dólares diarios, lo que equivaldría a aproximadamente 6,000 a 12,000 lempiras diarios. Lo que implica un gasto mensual de entre 180,000 y 360,000 lempiras por vehículo.

“Hay quienes reciben doble protección con fondos públicos”

La contratación de ocho vehículos blindados por parte de la Secretaría de Derechos Humanos desató una ola de críticas por el alto costo y la falta de transparencia en el proceso.

Una de las voces más firmes es la de Dina Meza, periodista hondureña y defensora de derechos humanos, fundadora del Centro PEN Honduras, quien considera que la decisión refleja una mala distribución de los recursos del Estado.

“19 millones de lempiras es bastante dinero, más de la mitad de lo que el gobierno dice tener para el Mecanismo Nacional de Protección. Deberían retomar la recomendación de que sean las instituciones donde trabajan estos funcionarios las que les brinden seguridad. Muchos ya tienen vehículos blindados, y estamos pagando cantidades onerosas por duplicado”, señaló.

Meza advirtió que el Estado ya dispone de un fideicomiso aprobado por el Congreso Nacional con más de 150 millones de lempiras para proteger a funcionarios públicos.

“El problema es que algunos están recibiendo doble seguridad: la de su institución y la del Mecanismo de Protección. Eso se discutió cuando yo formaba parte del Consejo Nacional de Protección en 2022, pero quedó en el aire tras nuestra salida”.

Para Meza, lo más preocupante es que, mientras se gasta en vehículos de lujo para funcionarios, hay periodistas y defensores que no cuentan ni con saldo para una llamada de emergencia.

“El Mecanismo no puede desplazarlos de zonas de alto riesgo ni ofrecer medidas físicas como cámaras o cercas de seguridad en sus hogares. Las carencias son enormes. Si a la Policía le cae mal un defensor o periodista, le manda inspecciones de los escoltas a medianoche o en la madrugada para estropear el sueño de los beneficiarios y de las escoltas”.

Desde el ámbito legal, Wilfredo Rubio, abogado penalista y experto en seguridad, cuestionó también el criterio con el que se seleccionaron a los beneficiarios.

“Lo que hay que ver es si este tipo de protección se aplica a todos o solo a ciertos funcionarios. Hay bastante inseguridad en el país, y no son los únicos que deberían tener este tipo de resguardo. La protección efectiva para defensores, periodistas o abogados es escasa, y en muchos casos solo se otorgan medidas mínimas”, dijo.

Rubio indicó que algunos nombres sí ameritan protección, como Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, quien recibió amenazas y ha estado involucrada en casos sensibles.

“Si hay estudios de riesgo que lo justifiquen, deben mostrarse con transparencia. La seguridad cuesta, y estos vehículos blindados son una gran inversión. Algunos casos lo ameritan, pero otros no. Ahí es donde se debe hacer una revisión caso por caso”, enfatizó.

Ambos expertos coinciden en que el Estado debe priorizar a quienes verdaderamente están en riesgo, y que el Mecanismo de Protección debe dejar de ser un recurso político y regresar a su misión de resguardar a quienes defienden la vida, el medio ambiente y la verdad, con recursos limitados y en contextos de peligro real.

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José Valeriano
José Valeriano
Periodista

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en temas económicos, de salud, educación y desarrollo social. Con conocimientos en el mundo digital y SEO.

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