Jueces que ordenaron millonarios embargos tienen denuncias e investigaciones abiertas

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco jueces que entre 2021 y 2024 emitieron sentencias millonarias en 16 de 26 demandas laborales contra el Estado tienen denuncias e investigaciones abiertas en la oficina de Supervisión General del Poder Judicial.

De una fuente oficial vinculada al Poder Judicial, EL HERALDO Plus conoció los nombres de cinco jueces que emitieron al menos 16 dictámenes contra el Estado que actualmente tienen varias denuncias e investigaciones abiertas en la oficina de Supervisión General del Poder Judicial, antes Inspectoría de Tribunales.

La magnitud del perjuicio económico por estos casos es alarmante, sumando un total de 1,131 millones lempiras en 26 sentencias laborales que han adquirido el carácter de firmes bajo circunstancias dudosas. Las demandas de mayor cuantía se registraron en los juzgados de Juticalpa y otro caso se presentó en los tribunales de Intibucá. Las indagaciones apuntan a estos casos.

El juez José Salvador Zelaya, de los juzgados de Juticalpa, posee dos denuncias. La última fue interpuesta en noviembre de 2024. Fue él quien llevó las demandas laborales contenidas en los expedientes 112-2021, 031-2022, 050-2024 y 064-2024, según conoció EL HERALDO Plus.

Además, en un tiempo récord de cinco meses, este funcionario judicial resolvió la demanda 050-2024 contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), condenando al Estado a pagar 975 millones de lempiras.

Igualmente, la jueza Noris Ofelia Bueso, que ha manejado cinco demandas contenidas en los expedientes 092-2023, 014-2024, 042-2024, 056-2024 y la 063-2024, tiene dos denuncias con investigación en curso, la última registrada en noviembre de 2025. Bajo su judicatura se tramitaron cinco embargos que superan los 38.7 millones de lempiras.

Abogados que litigan en los tribunales de Juticalpa también contaron a EL HERALDO Plus que Bueso ya había sido destituida como jueza, no obstante, al iniciar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) fue reintegrada en el cargo.

Asimismo, la jueza Enma Daniela Turcios Castellanos, asignada también en los tribunales de Juticalpa, igualmente tiene cuatro denuncias abiertas, la última realizada en marzo de 2026. Ella también figura en el registro con casos de alto impacto económico.

Además de manejar las demandas contenidas en los expedientes 048-2022 y 123-2022, Turcios fue la responsable de sentenciar al Estado en la demanda 092-2021, donde la cuantía recaída en sentencia alcanzó la suma de 102 millones de lempiras, pero el embargo solicitado fue de 25.7 millones de lempiras, evidenciando una disparidad entre la sentencia principal y las medidas cautelares de ejecución.

Otro de los jueces de Juticalpa que tiene 13 denuncias, la última interpuesta en febrero de 2026, es Carlos Rafael Varela. Él ha conocido expedientes como el 080-2023, 86-2022 y 146-2022, que suman embargos por varios millones de lempiras relacionados con la ejecución de sentencias firmes y salarios dejados de percibir.

En el listado de juzgadores denunciados también aparece Alba Olivia Zúniga Ayala de los juzgados de Intibucá. En marzo de 2025 fue denunciada ante la Supervisión General del Poder Judicial. Esta jueza manejó la demanda laboral contra el Estado contenida en el expediente 1001-2023-00006 por un monto de 29.9 millones de lempiras.

Sobre este aspecto, la abogada Karen Yadira Martínez, actual directora nacional de Procuración Judicial de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que esa institución también está realizando sus propias investigaciones sobre posible colusión entre personal judicial y algunos procuradores. Algunos casos ya están en manos del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Estado, a lo largo de los años, ha pagado miles y miles de millones de lempiras en demandas laborales, pero no solo por un tema de reivindicar el derecho ante una acción mal ejecutada, sino que “lo que más nos molesta es cuando detrás de ello hay un esquema de corrupción que permite, obviamente, que se erogue dinero público”.

Lamentó que es “es un esquema de corrupción donde los autores ni siquiera se preocupan por ser efectivos en el pago de esas demandas, sino hasta hacen programaciones en el tiempo, porque dicen: 'Aquí está mi jubilación, entonces vamos a esperar cinco, seis, siete, ocho años y, claro, cuando al final se paga, vemos cantidades exorbitantes”.

Aunque aplaudió que las denuncias de estos onerosos pagos por demandas contra el Estado salgan a la luz, reclamó sobre lo que se está haciendo para evitar que eso se repita. “Ahorita hay que decirlo, es un tema político, ¿es legal? Sí, es legal, pero hay una motivación política detrás de todo esto. Eso no resuelve el problema, porque si se sigue poniendo jueces sin las competencias necesarias, dentro de unos cinco años vamos a ver que la historia se repite”.

No se trata solo de visibilizar el problema y de sancionar a los actores coludidos, sino de crear las condiciones y fortalecer al Estado para que Servicio Civil y los órganos gubernamentales encargados de las contrataciones sean instancias robustas, fuertes y proactivas, de manera que se generen alertas y se sancione de forma inmediata, ya sea a los responsables de recursos humanos, jueces o procuradores, sin tener que actuar hasta que se consuma el hecho, sugirió Hernández.

Cuando hay procuradores o funcionarios públicos “que fueron defensores privados y que llevaron casos y que los tienen en los tribunales, ¿usted cree que renuncia a la representación legal? Se quitan ellos, pero sus bufetes siguen actuando. Entonces, cuando lleguen a la procuraduría, ¿a qué llegan? ¿Llegan a defender los intereses del Estado? No, llegan a ver cómo capitalizan recursos con las demandas”, criticó.

Hernández recordó que, desde hace años, se ha planteado como solución fortalecer el sistema de servicio civil de manera honesta, asegurando que las posiciones se ocupen por oposición y no por favores políticos.

“Tenemos que tener gerentes de recursos humanos del Estado certificados, de manera tal que evitemos o se reduzca el riesgo de este tipo de irregularidades. El Estado a lo largo de los años ha pagado miles y miles de millones de lempiras en estas demandas”, enfatizó el director de ASJ, señalando que la raíz del problema es la politización de la administración pública.

Entre tanto, el abogado y exjuez Félix Ávila es del criterio que cuando una persona demanda al Estado es porque considera que este actúa mal. “Si el Estado actuara bien por medio de sus funcionarios, no tendría que ser demandado o si fuera demandado, no perdiera la demanda porque actuó bien”, añadió.

Por un lado, prosiguió, el problema es que son los mismos responsables de hacer funcionar el Estado quienes provocan las demandas laborales o de otro tipo, porque a veces son funcionarios corruptos. Se conectan con un particular y, entonces, le dicen: “Bueno, presenta una demanda, ínflala, ponle 10 millones de lempiras”.

Entonces llega la demanda, se la comunican al ministro y el gerente se asusta, porque normalmente esa persona desconoce las leyes; busca al funcionario o a un director legal corrupto. Y este dice: “Si vamos a los tribunales, señor ministro, vamos a perder el doble. ¿Por qué no negociamos esto?”. “Bueno, está bien, negociamos por el 60%, el 50%”.

Esa es una demanda que nunca debió haber existido, pero se la fabricaron. Por eso cuando los funcionarios públicos tienen responsabilidad en las condenas laborales contra el Estado se les debe cobrar los daños porque actuaron mal. “Eso se llama acción de repetición”, explicó.

Él también es de pensamiento que la administración de justicia debe funcionar de manera pronta y expedita. Que cuando una persona demande tenga una respuesta rápida, pero cuando la norma general es que las sentencias tardan en salir y una demanda en específico obtiene una resolución muy rápido, “entonces hay una sospecha”.

Por otro lado, explicó que la aplicación de costas al Estado en las demandas laborales “es una cuestión de criterio de los tribunales. El criterio general es que el Estado siempre tendría motivos suficientes para litigar”.

Como se trata del Estado, según ese criterio general, y siempre tiene motivos, entonces no se le condena en costas, a menos que se trate de una situación muy evidente. Sin embargo, todos esos reproches o pérdidas se le deben cobrar, en todo caso, al funcionario que actuó mal, y eso se llama acción de repetición, manifestó el profesional del derecho.

Sobre las acciones contra aquellos funcionarios judiciales que se coluden para saquear el erario a través de las demandas, Ávila sostuvo que “en principio debe tenerse en cuenta que las reglas generales en la administración pública, incluyendo la de justicia, son que siempre se actúa bien, porque no se debe generalizar que siempre se actúa mal. Pero cuando hay actos inapropiados, se deben investigar los casos, las denuncias y sancionar a los responsables”, demandó Ávila.