Tegucigalpa, Honduras. -La Comisión Técnica Liquidadora rindió este jueves su primer informe público sobre los procesos de supresión, liquidación y adscripción de diversas secretarías e instituciones del Estado, en cumplimiento del decreto PCM 04-2026.
En conferencia de prensa realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, el coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, y los demás comisionados expusieron avances financieros, medidas de redistribución de bienes y una serie de hallazgos que, según la comisión, requieren investigación por parte de los órganos de control y defensa del Estado.
Entre los datos presentados figura el pago de prestaciones por un monto total de 126.4 millones de lempiras, de los cuales están pendientes aproximadamente 5.4 millones de lempiras.
La Comisión Técnica Liquidadora reportó además un ahorro estimado por cancelación de arrendamientos de dos millones 927, 377 lempiras mensuales, equivalente a más de 35 millones de lempiras.
Los comisionados informaron sobre hallazgos relevantes, entre los que se encuentran indicios de uso de recursos públicos con fines político-partidarios (gastos en alimentación, material promocional y servicios de difusión), permanencia en planilla de personal sin evidencia de prestación efectiva de servicios y la desaparición de memorias y discos duros de equipos institucionales.
Sobre este último punto, los miembros de la comisión advirtieron que se trata no solo de pérdida física de equipos, sino de información pública cuyo destino se desconoce, por lo que promoverá denuncias formales.
Detectaron un registro documental de altos costos por servicios de transmisión y difusión, con facturas que consignan valores equivalentes aproximadamente a unos 70 mil lempiras por minuto de transmisión.
Asimismo, la comisión anunció que esos expedientes serán remitidos a auditoría técnica y financiera para determinar su razonabilidad y posible afectación patrimonial.
La Dirección General de Cinematografía figura en el informe con más de 60 millones de lempiras anuales en recursos destinados a proyectos culturales, cuya proporción entre inversión y beneficio público será auditada.
Por su parte, el Instituto de la Memoria, según la comisión, presenta escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de la intervención.
En cuanto a la construcción del Hospital Neonatal de Occidente, documentos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) indican que la obra presenta un avance del 27% pese a pagos estatales que superan los 118 millones de lempiras.
A su vez, el equipo biomédico adquirido permanece almacenado, con garantías que ya corren, lo que ha generado advertencias de pérdida de elegibilidad de financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La comisión informó sobre la transferencia de 5,083 bienes por un valor aproximado de 38.6 millones de lempiras a otras instituciones del Estado.
Los comisionados destacaron que las medidas buscan reducir gasto público, proteger el patrimonio estatal y redistribuir recursos hacia sectores prioritarios como salud y educación.
