Tegucigalpa, Honduras.- Honduras está listo para iniciar una ofensiva contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas, con el objetivo de capturar a sus integrantes y ampliar las operaciones contra el crimen organizado en todo el territorio nacional.
La estrategia contempla intensificar las acciones de búsqueda y captura contra personas vinculadas con estas organizaciones, luego de la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que endurecen las penas para quienes integren, dirijan o financien estos grupos.
Dicho anuncio fue realizado este martes 3 de noviembre por el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, durante una comparecencia en Casa Presidencial junto a representantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), donde aseguró que se mantendrá una campaña “sin cuartel” contra las estructuras criminales.
Sin embargo, Velásquez reconoció que la persecución de estas organizaciones representa un desafío para el Estado, pero afirmó que las autoridades cuentan con respaldo político, operativo y social para desarrollar las acciones.
Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, ratificó la participación de fuerzas especiales, investigadores y peritos en las operaciones contra estos grupos, al tiempo que pidió a la población colaborar con las instituciones de seguridad.
En esa misma línea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín, confirmó que las Fuerzas Armadas también se sumarán a la ofensiva y respaldarán las operaciones contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y personas.
El jerarca militar aseguró que las operaciones se extenderán a diferentes zonas del país y afirmó que las autoridades buscarán llegar “hasta el último rincón de nuestro país”.
Reformas endurecen las penas
Las acciones anunciadas se desarrollarán bajo el nuevo marco legal que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, cuyas reformas fueron aprobadas por las bancadas representadas en el Congreso Nacional.
Entre los cambios figuran penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de estructuras criminales, mientras que los cabecillas, directivos y financistas podrían recibir prisión perpetua.
Además, las modificaciones contemplan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva, la eliminación de beneficios penitenciarios y mayores facultades de investigación para las autoridades.
