Tegucigalpa, Honduras.- Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal entraron en vigencia este martes 3 de noviembre, luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, confirmaron autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los operadores de justicia durante un pronunciamiento realizado en Casa Presidencial.
El secretario del Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó que con la publicación de las reformas y modificaciones al marco penal hondureño ya son oficiales, además de agradecer al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y a los diputados que respaldaron las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
García señaló que las nuevas disposiciones permitirán desarrollar acciones contra grupos terroristas y fortalecer las herramientas legales para combatir a las estructuras criminales. Según manifestó, el propósito principal de estas medidas es contribuir a brindar mayor seguridad a la población hondureña.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, calificó la entrada en vigencia de las reformas como un "día histórico" para el país y, en nombre de los 128 diputados, reconoció al presidente Nasry Asfura por impulsar las modificaciones y remitir al Legislativo las propuestas que posteriormente fueron aprobadas.
Zambrano sostuvo que para enfrentar la criminalidad se requiere voluntad política y aseguró que desde el Congreso Nacional continuarán respaldando al Poder Ejecutivo y a los operadores de justicia mediante la aprobación de instrumentos legales que permitan combatir a los grupos delictivos.
Asimismo, el titular del Legislativo afirmó que las reformas permitirán a las autoridades contar con un plazo de 48 horas, en lugar de 24, para presentar un caso contra las personas detenidas. También destacó las disposiciones relacionadas con los allanamientos y las acciones contra integrantes de estructuras criminales.
"Se les acabó la fiesta", expresó el presidente del Congreso al referirse a los grupos criminales, además de añadir que uno de los objetivo de estas reformas es recuperar los espacios controlados por estructuras delictivas y evitar que los privados de libertad continúen dirigiendo actividades criminales desde los centros penitenciarios.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, manifestó que Honduras merece vivir en paz y recordó que los servidores públicos tienen como atribución aplicar la ley.
Finalmente, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afirmó que con las reformas, Honduras ha fortalecido su marco jurídico y manifestó el compromiso de la institución (Ministerio Público) de coordinar las acciones necesarias para investigar, perseguir y poner a disposición de la justicia a quienes quebranten la ley.
