Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está bajo la lupa de la Policía Nacional, que asegura, ejecutará la orden de captura emitida en su contra para ponerlo a disposición de la justicia hondureña.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, explicó a EL HERALDO que, ante la orden de captura emitida el 23 de octubre, existen mecanismos para localizar y detener a Redondo, quien enfrenta un proceso judicial por acciones cometidas durante su gestión al frente del Poder Legislativo.
El funcionario policial detalló que la orden de arresto no tiene un plazo de vencimiento, y será ejecutada mediante la cooperación de las autoridades nacionales e internacionales.
"Aquí hay dos formas: él puede ser capturado en cualquier país o asume su responsabilidad de una presentación voluntaria, como ya ocurrió con otros de los actores que están en el mismo proceso", manifestó Oseguera Mass.
El director policial explicó que, pese a que Redondo permanece como un prófugo de la justicia, tiene derecho a defenderse, pero debe responder ante las autoridades por el proceso judicial que enfrenta.
"No se necesita que nosotros le demos el llamado; él debe comprender que es una circunstancia en la que debe cumplir, tiene el derecho de defenderse como corresponde, pero va a ser habido a ser capturado si está en otro lugar; seguramente otras autoridades se encargarán de hacerlo fuera de frontera", explicó Mass.
Acciones para localizar a Redondo
De su lado, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) coordina con las autoridades hondureñas las diligencias para localizar y capturar al expresidente del Congreso Nacional, luego de que la Policía Nacional recibiera los oficios judiciales correspondientes para ejecutar la orden.
Martínez explicó que Honduras solicitó la emisión de una nota roja para facilitar la localización y captura de Redondo fuera del territorio nacional.
La gestión busca ampliar el alcance de las acciones policiales mediante los mecanismos de cooperación internacional y permitir que las autoridades ubiquen al exfuncionario si permanece fuera del país.
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Recusaciones
Mientras continúa vigente la orden de detención, el proceso judicial contra el expresidente del Congreso, 12 diputados de la Comisión Permanente y el exgerente de ENAG permanece en pausa tras cuatro recusaciones presentadas contra la jueza natural, Anny Belinda Ochoa.
La audiencia de declaración de imputado, prevista para el 29 de octubre, fue suspendida luego de que las partes defensoras presentaran cuatro recusaciones para apartar a la jueza del conocimiento del expediente.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, informó que celebrará un pleno de magistrados el lunes 9 de octubre para designar un tribunal de alzada que conozca los recursos presentados contra Ochoa.
"No pudimos agendar —el tribunal de alzada— porque falta un informe, y dependiendo de ese informe creemos que estaremos convocando el lunes próximo 9 de octubre para designar la Corte de Apelaciones conocerá los casos de recusación presentados a la juez natural en el caso", aseguró Vallecillo.
La designación de la Corte de Apelaciones permitirá que se conozcan las recusaciones presentadas contra la jueza natural. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene su postura de que la orden de captura contra Luis Redondo continúa vigente y puede ejecutarse mediante los mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Sobre el caso
Según el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público el 15 de octubre, en proceso judicial contra la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo, Redondo enfrenta acusaciones por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
La exsecretaria del Poder Legislativo, Luz Angelica Smith, es señalada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación por usurpación de funciones también incluye a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Mientras que, a Edys Moncada Eguigure le atribuye tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la publicación de las certificaciones electorales, las resoluciones aprobadas el 28 de octubre de 2025 y el decreto 58-2025.
