Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras mantiene las coordinaciones con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar y ejecutar la orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tras recibir los oficios judiciales para ejecutar la orden de captura contra dos exfuncionarios.
Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, confirmó la noticia este lunes 26 de octubre y explicó que las autoridades hondureñas ya solicitaron la emisión de notas rojas para facilitar la detención de ambos requeridos (Redondo y el exgerente de la ENAG, Edis Moncada) fuera del territorio nacional.
“Esto se hizo desde el momento en que se recibieron los oficios, y, por otra parte, se solicita a Interpol, cuya sede está en Lyon, Francia, desde la Oficina Central Nacional de Interpol de Honduras, para que se emitan las notas rojas de difusión con el propósito de hacer capturas a nivel internacional”, manifestó el funcionario ante periodistas en Casa Presidencial.
Órdenes de captura
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió órdenes de captura contra Luis Redondo y Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), después de que la jueza natural, magistrada Anny Ochoa, admitiera el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra ambos exfuncionarios.
De acuerdo con la acusación, a Redondo se le imputan los presuntos delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
Por su parte, Moncada enfrenta tres cargos por supuesta violación de los deberes de los funcionarios, según el requerimiento presentado por el Ministerio Público.
Justicia internacional
Las coordinaciones con Interpol buscan ampliar el alcance de las diligencias policiales para localizar a los dos exfuncionarios en caso de que se encuentren fuera de Honduras, mediante los mecanismos internacionales de cooperación para la ejecución de las órdenes de captura.
Al referirse al proceso, Martínez sostuvo que las autoridades deben responder ante la justicia cuando se les atribuyen hechos que podrían constituir delitos, independientemente de las características personales de los señalados.
“Al final de cuentas, tarde o temprano la justicia tiene que hacer responder a cualquier ciudadano, independientemente de sus características muy propias, por hechos que se consideran constitutivos de delito”, sentenció Martínez.
