Tegucigalpa, Honduras.- La acusación contra Luis Redondo y otros 13 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó formalmente en manos de la jueza natural, Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el caso.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Secretaría General de la CSJ recibió el requerimiento fiscal presentado contra las 14 personas por un total de 21 delitos relacionados con su gestión dentro del Poder Legislativo.
“Hemos confirmado que se ha recibido esta acusación presentada por parte del Ministerio Público en la cual se incluye a 14 personas y más o menos 21 delitos de acuerdo a lo que se establece en este documento acusatorio”, explicó Duarte.
Cargos contra Luis Redondo y 13 personas más
La Fiscalía acusa a Luis Redondo por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Según las disposiciones citadas del Código Penal, la perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, establecida en el artículo 541, contempla penas de tres a seis años de prisión.
En cuanto a la usurpación de funciones, el artículo 471 contempla de uno a cuatro años de prisión.
Por su parte, el artículo 499, referido a la violación de los deberes de los funcionarios, contempla la inhabilitación especial de tres a seis años.
En el caso de la diputada Luz Angélica Smith Mejía, el portavoz indicó que enfrenta acusaciones por falsificación en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de deberes de los funcionarios.
Por estos mismos cargos fueron acusados, los diputados de Libre, Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Asimismo, los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez,
La Fiscalía también acusa a Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), por violación de los deberes de los funcionarios, según el desglose proporcionado por Duarte.
Solicitan presentación voluntaria
Durante el trámite de la acusación, el abogado Darwin García presentó un escrito de personamiento ante la Secretaría General de la CSJ, en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga.
En el escrito, García anunció el "sometimiento voluntario de sus representados" al proceso penal; y solicitó que se establezca una fecha y hora para celebrar la audiencia de declaración de imputado.
Investigaciones
Una de las primeras decisiones que tomó la Comisión Permanente fue la elección de autoridades del Ministerio Público.
Durante el periodo en que estuvo en funciones, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por Redondo, adoptó decisiones que generaron controversia política.
Entre ellas destaca el nombramiento interino de Johel Zelaya como fiscal general y de Mario Morazán como fiscal general adjunto.
La medida fue cuestionada por sectores de la oposición, que sostenían que la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público correspondía al pleno de los 128 diputados y no a una comisión de nueve integrantes.
Otra de las actuaciones señaladas ocurrió en el contexto de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando la Comisión Permanente anunció que no validaría los resultados electorales.
La instancia también se pronunció sobre los plazos establecidos en la Ley Electoral y la declaratoria que debía emitir el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este episodio se produjo en medio de la incertidumbre política en torno al proceso electoral y las competencias de las instituciones involucradas.
En el ámbito administrativo, la Comisión Permanente conoció solicitudes de ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras.
Asimismo, instruyó al Departamento Legal del Congreso para elaborar informes sobre la legalidad de las autoconvocatorias a sesiones promovidas por diputados de la oposición y dispuso la publicación en el diario oficial La Gaceta de resoluciones relacionadas con su instalación y sus reglamentos internos.
