Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional, los jefes de bancada y las comisiones de Seguridad y Defensa se reunirán este martes con autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia para comenzar a definir los pasos para construir una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras.
El encuentro, convocado para las 12:30 del mediodía, contará con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen, entre otras instituciones.
El objetivo es obtener un diagnóstico sobre las opciones para construir el nuevo recinto penitenciario, identificar posibles terrenos, calcular los costos y determinar las fuentes de financiamiento.
También se busca que las instituciones responsables presenten sus propuestas para ejecutar el proyecto, dirigido a albergar a privados de libertad considerados de alta peligrosidad y miembros de estructuras criminales, catalogados como terroristas.
“Vamos a sostener una reunión con las instituciones de seguridad, Defensa, el Instituto Penitenciario, Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen para que nos presenten un diagnóstico y podamos avanzar en la construcción del nuevo centro penal”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La reunión se realizará después de que el pleno legislativo aprobara por unanimidad una moción presentada por Zambrano, mediante la cual se respalda a las instituciones encargadas para que comiencen las gestiones necesarias.
La iniciativa busca que el Ejecutivo y las entidades competentes identifiquen el terreno adecuado, definan el proyecto y gestionen los recursos para ponerlo en marcha.
Como antecedente, el presidente del Congreso recordó que el artículo 6 del Decreto 84-2026 ya declara de interés público, social y de seguridad nacional el sistema penitenciario y autoriza la construcción de nuevos centros penales.
Además, faculta la búsqueda de financiamiento nacional, préstamos internacionales o la colocación de bonos para costear las obras.
“Ya autorizamos al Instituto Penitenciario, al Ejecutivo, a Seguridad y a Finanzas para que puedan impulsar la construcción de nuevos centros penales y buscar los recursos necesarios”, sostuvo Zambrano.
La urgencia de la reunión, según el titular del Legislativo, responde a la ofensiva contra las estructuras criminales y a la posibilidad de que aumente la cantidad de personas procesadas y encarceladas.
El Congreso también pretende que las instituciones expongan qué alternativas tienen disponibles y qué características debería reunir el nuevo establecimiento.
Zambrano señaló que Honduras puede estudiar experiencias de otros países, incluida la visita que una delegación de diputados realizó la semana anterior al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, aunque aclaró que el modelo deberá adaptarse a la realidad hondureña.
“Cada país tiene su modelo y sus particularidades. Nos toca identificar las experiencias que han tenido éxito, adaptarlas a nuestra realidad y construir un modelo hondureño entre todos”, manifestó Zambrano.
Por ahora, la reunión servirá para avanzar en la planificación y coordinar las responsabilidades institucionales, pero todavía deben precisarse aspectos fundamentales como la ubicación definitiva, el presupuesto, la capacidad del centro y el mecanismo concreto de financiamiento.
