Tegucigalpa, Honduras.– El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, manifestó su respaldo a la construcción de una megacárcel en Honduras y pidió que se tomen como referencia las medidas penitenciarias implementadas en El Salvador para combatir a las maras y pandillas.
“Yo estoy de acuerdo con que se busquen los fondos con que se construya esta cárcel. Yo estoy de acuerdo con lo que impulsa el Congreso”, expresó el diputado, al referirse a las iniciativas para endurecer las medidas contra las estructuras criminales.
Cálix reconoció que respaldar estas decisiones representa un riesgo para los diputados, debido a las amenazas que, según manifestó, pueden enfrentar quienes se pronuncian contra las organizaciones criminales. “Es peligroso opinar desde un curul en contra de una organización terrorista, de una organización criminal, porque no son niños a los que nos enfrentamos, son sicarios, asesinos, matones”.
“Yo lo que vi en las imágenes que ustedes trajeron fue un montón de mareros mansitos, amansados. Eso es lo que tenemos que lograr aquí en Honduras, que se amansen por las buenas o por las malas”, declaró.
El modelo penitenciario salvadoreño se ha convertido en una referencia para las discusiones sobre seguridad en Honduras, especialmente por las medidas de aislamiento, vigilancia y control aplicadas a integrantes de estructuras criminales. La posibilidad de construir una cárcel de máxima seguridad forma parte de las propuestas orientadas a reforzar el sistema penitenciario hondureño.
Cálix sostuvo que las iniciativas legislativas deben acompañarse de acciones concretas por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, pidió que las instituciones encargadas de aplicar las disposiciones aprobadas actúen de manera coordinada.
“De nada sirve que nosotros aprobemos cualquier cantidad de leyes, si allá no las van a poner en práctica”, manifestó.
El jefe de la bancada liberal también cuestionó las condiciones en las que permanecen algunos privados de libertad y defendió la aplicación de medidas más estrictas dentro de las cárceles. A su criterio, el sistema penitenciario debe impedir que los integrantes de las estructuras criminales mantengan privilegios o continúen dirigiendo actividades ilícitas desde los centros de reclusión.
“Que la cárcel y su estadía en la cárcel sean una estadía de sufrimiento. Y sí, acabo de decir sufrimiento y lo repito, que sea una estadía de sufrimiento para que puedan arrepentirse de verdad de los crímenes que cometen”, expresó.
Asimismo, pidió al presidente del Congreso Nacional garantizar que las decisiones legislativas se traduzcan en resultados y que se exijan responsabilidades a los funcionarios que no cumplan con las medidas impulsadas para enfrentar la criminalidad.
Edad punible: Cálix pide revisar tratados para endurecer sanciones a menores
Durante su intervención, Cálix también se pronunció a favor de reducir la edad punible y establecer sanciones más severas para los menores de edad que cometan delitos graves. El congresista planteó que, si es necesario denunciar tratados internacionales para modificar la legislación hondureña, las autoridades deben analizar esa posibilidad.
“Si tenemos que denunciar tratados para reducir la edad punible, denunciémoslo. Si tenemos que denunciar tratados para penas más severas, para los menores infractores, hagámoslo”, afirmó.
El diputado argumentó que las organizaciones criminales pueden aprovechar las sanciones diferenciadas para reclutar a adolescentes y utilizarlos en la comisión de delitos. Por ello, sostuvo que endurecer las medidas también sería una forma de evitar que los menores sean incorporados a las maras y pandillas.
La discusión sobre la edad punible volvió a tomar fuerza en el Congreso Nacional durante 2026. En febrero, la diputada liberal Saraí Espinal presentó una iniciativa para reducir de 18 a 16 años la edad a partir de la cual los adolescentes podrían ser juzgados como adultos por determinados delitos graves, entre ellos homicidio, asesinato, extorsión, violación y delitos relacionados con el crimen organizado.
El tema volvió a la agenda legislativa en octubre, cuando el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, planteó alternativas para reformar el sistema de justicia juvenil, entre ellas elevar hasta 20 años el tiempo máximo de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves o permitir que sean procesados como adultos.
Actualmente, la legislación hondureña establece sanciones diferenciadas según la edad de los adolescentes; el máximo de privación de libertad es de tres años para quienes tienen entre 12 y 13 años, cinco años para los de 14 y 15, y ocho años para los de 16 y 17.
Sin embargo, la posibilidad de reducir la edad punible genera posiciones encontradas. Mientras sus promotores sostienen que las reformas permitirían responder con mayor severidad a los delitos graves y evitar que las pandillas utilicen a menores, las voces críticas advierten sobre la necesidad de priorizar la prevención, la protección de la niñez y la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley.
Cálix insistió en que las autoridades deben revisar los instrumentos legales que, a su criterio, limitan la aplicación de sanciones más severas.
