Tegucigalpa, Honduras.- El haber hecho caso omiso a la efectiva publicación de la declaratoria oficial de las elecciones generales, en el diario oficial La Gaceta, podría acarrearle consecuencias graves al gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada Eguigure.
Personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó el miércoles 31 de diciembre de 2025, minutos después de las 11:00 de la mañana, paro entregar la documentación que contenía la declaratoria de elecciones, pero en la ENAG aseguraron que no podía ser recibida, aduciendo que no había personal autorizado para tal efecto.
Esta acción de negación podría generar cargos penales contra la máxima autoridad de la ENAG, al tomar en cuenta que no acató la disposición del CNE, un ente con rango constitucional, cuyo pleno de magistrados firmó en legal y debida forma la declaratoria de las elecciones que debió de publicarse en La Gaceta.
"Así como es autoridad el presidente del Congreso Nacional, los consejeros del Consejo Nacional Electoral también son autoridad. A La Gaceta puede mandar a publicar cualquier institución, por ejemplo: el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, y el gerente de la ENAG debe de obedecer; en este caso, los consejeros del CNE son autoridad electoral", apuntó el abogado Héctor Pérez.
El experto en materia penal instruyó que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que cuando no se puede publicar una declaratoria u otra ley en el diario oficial La Gaceta, esta manda que se puede publicar en los diarios de mayor circulación a nivel nacional y esto tomará carácter legal.
"En este caso, el nuevo fiscal general, y digo nuevo, porque este fiscal no es competente y ya sabemos que está alineado al Partido Libre, tiene que hacerle un requerimiento por desobediencia y desacato a una autoridad competente. Por lo tanto, si se le formaliza un requerimiento (fiscal), tiene que ir a un juzgado penal a defenderse de estos cargos y posiblemente sea encarcelación".
Efectos legales adversos
Para el coordinador de la Unidad de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, la gerencia de la ENAG tendrá que demostrar sí en efecto no recibieron la documentación de la declaratoria "y si lo recibieron, estarían incurriendo en la comisión de posibles delitos, porque se están oponiendo a una exigencia que tiene a un respaldo constitucional".
Al igual que la posición de Pérez, el abogado Castañeda es del criterio que de no resolverse esta situación, será necesario que intervenga el Ministerio Público (MP), para que el ente acusador del Estado investigue qué fue lo que en realidad ocurrió, en torno a la entrega de ese escrito de índole electoral.
"Es un tema de interés nacional y que personas, que por una presión política estén omitiendo su función y sus acciones por presión política, esto les puede incurrir en serias repercusiones. Eso es lo que tiene que entender cada funcionario que todavía continúa en el poder; tengan cuidado con esa situación, omitan esas presiones políticas", recomendó Castañeda.
Las repercusiones legales podrían ser serias, si no cumplen con lo que manda la ley, en este caso, con no cumplir el mandato de un ente constitucional como el Consejo Nacional Electoral (CNE), concluyó.
