Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este martes 27 de octubre por mayoría de votos el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales que operan en Honduras.
Tras una jornada legislativa de más de dos horas, 118 diputados dieron luz verde a favor del paquete de reformas penales para combatir el crimen organizado. Cabe mencionar que 10 parlamentarios por el Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de votar.
La aprobación se produjo luego de que las autoridades legislativas sostuvieran una reunión con representantes de las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia para abordar la aplicación de las nuevas disposiciones.
El bloque de modificaciones abarca aspectos sustantivos del Código Penal, específicamente en los artículos 81, 193, 195, 570 y 587, así como a los artículos 170, 77, 184, 186, 191, 212 y 285 del Código Procesal Penal, los cuales abordan temas vinculados al régimen de penas, el tratamiento de asociaciones ilícitas y las limitaciones a beneficios de ejecución de condenas.
Paquete de reformas
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había adelantado que las reformas contemplaban un endurecimiento de las penas para los integrantes de organizaciones terroristas, así como nuevas medidas para fortalecer las acciones contra el crimen organizado.
Entre los principales cambios figura el incremento de las penas de prisión para los miembros de estas estructuras. Según lo expuesto por Zambrano, las condenas pasarían de un rango de 15 a 20 años a uno de 30 a 40 años de prisión.
En el caso de los cabecillas, las sanciones podrían alcanzar la privación de libertad de por vida. El planteamiento también contempla castigos más severos para quienes recluten a menores de edad para incorporarlos a organizaciones criminales.
Otro de los puntos abordados en el paquete de reformas es la posibilidad de realizar allanamientos sin una orden judicial previa durante operaciones interinstitucionales contra objetivos identificados como integrantes de estructuras criminales.
El titular del Legislativo también se refirió a los tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, al señalar que podrían ser considerados dentro de los elementos para identificar a personas vinculadas con estas organizaciones. El alcance de esta disposición deberá analizarse conforme al texto definitivo aprobado y su aplicación en los procedimientos judiciales.
Las reformas también incluyen cambios relacionados con el plazo para presentar el requerimiento fiscal contra personas detenidas por delitos vinculados con estas estructuras. La propuesta contempla ampliar el período de 24 a 48 horas en los casos previstos por la normativa.
