Tegucigalpa, Honduras. -Una Fuerza Especial Penitenciaria, con funciones de custodia, control operacional y respuesta ante incidentes graves dentro de las cárceles de máxima seguridad, es una de las medidas que contempla el dictamen de reformas penales y penitenciarias aprobado por el Congreso Nacional.
La propuesta plantea crear esta unidad especializada dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INP), con responsabilidad sobre las personas sometidas al régimen especial de permanencia y los establecimientos o módulos de máxima seguridad.
De acuerdo con el artículo 21-A incorporado al proyecto, la Fuerza Especial Penitenciaria también ejecutaría traslados de alta seguridad y respondería ante motines, fugas y otros incidentes graves que comprometan la seguridad de los centros de reclusión.
La estructuración de este cuerpo de custodia incorpora tanto a personal especializado del Instituto Nacional Penitenciario (INP) como a elementos de las fuerzas de seguridad que ya mantienen el control operativo en las cárceles de máxima seguridad del territorio nacional.
“Parte del paquete de reformas que hemos aprobado ayer en el Congreso Nacional, una es la creación de este cuerpo élite que pasará a formar parte del sistema penitenciario de la guardia del sistema penitenciario del país”, expresó Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa.
El legislador recalcó que la medida responde a una planificación integral coordinada con las autoridades carcelarias para cerrar los vacíos institucionales que durante años permitieron la operación impune de los reclusos de alta peligrosidad.
El congresista destacó que el modelo implementado busca replicar los estándares internacionales de control absoluto en reclusorios especializados, garantizando que los terroristas sentenciados cumplan sus condenas bajo un régimen estricto de aislamiento y restricción total de comunicaciones.
“Hemos dicho que de nada servirán las reformas que habiliten a la Policía Nacional, a la Policía Militar a capturar a estas organizaciones denominadas terroristas, si al final, cuando entren al sistema penitenciario del país, no se tiene un control absoluto y total de ellos”, afirmó Bertrand.
El texto establece que sus integrantes deberán ser seleccionados, formados, capacitados, evaluados y equipados conforme a exigencias especiales que se definirán en un reglamento.
La estructura organizativa, la cadena de mando, los requisitos de ingreso y permanencia, el régimen de carrera y el funcionamiento operativo de la unidad también quedarían sujetos a ese reglamento, que emitiría el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Directivo del INP.
El parlamentario añadió que la estrategia contempla procesos continuos de depuración y fortalecimiento institucional no solo en el ámbito carcelario, sino también en todas las dependencias del Estado encargadas de procesar judicialmente a los infractores de la ley.
Para lograr una cobertura integral, las autoridades confirmaron que la presencia de este cuerpo especializado se extenderá de forma gradual hacia los diferentes centros de reclusión del sistema, priorizando inicialmente los módulos de máxima seguridad donde se concentra la mayor amenaza delictiva.
“Lo prioritario en este momento es el sistema de máxima seguridad, pero estos van a estar también en los otros tipos o en las cárceles que no sean necesariamente de máxima seguridad, de mediana seguridad o de mínima seguridad”, aseveró el diputado.
Control penitenciario
La creación de la unidad forma parte de la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada por el Congreso Nacional en un solo debate.
La normativa busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir estas estructuras criminales y reforzar el control en los centros penitenciarios.
Entre las medidas también figuran la identificación biométrica obligatoria en establecimientos y módulos de máxima seguridad, nuevas reglas de presentación personal para los reclusos bajo régimen especial y la facultad de detectar, inutilizar o neutralizar drones que sobrevuelen sin autorización las instalaciones penitenciarias o sus perímetros de seguridad.
Además, el decreto contempla que el personal penitenciario que facilite o tolere el ingreso de objetos prohibidos, o colabore con reclusos sometidos al régimen especial o con las organizaciones criminales a las que pertenezcan, sea puesto a la orden del Ministerio Público para que se ejerza la acción penal correspondiente.
Las reformas también elevan las penas por terrorismo para integrantes de estas estructuras a un rango de 30 a 40 años de prisión y contemplan la posibilidad de prisión de por vida para cabecillas y otras personas en los supuestos establecidos por la normativa.
Corrupción
El criminólogo Gonzalo Sánchez consideró que las reformas deben acompañarse de una evaluación de resultados por parte del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para determinar si contribuyen a reducir los índices de inseguridad.
“Lo mejor de estas reformas al Código Penal es que habrá una evaluación de resultados a nivel de Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y eso habla de voluntad para que los índices de inseguridad bajen en todos los niveles.
Eso sí, para el control de las cárceles vamos a necesitar gente honesta, porque de nada sirve que exista la voluntad política para capturar a criminales si al interior de estos centros penitenciarios hay gran corrupción”, expresó.
Por su parte, el diputado Frank Alley señaló que la población espera resultados concretos y no solamente estadísticas sobre la aplicación de las nuevas disposiciones.
“La población hondureña espera resultados y no solo se necesita ver una estadística, espera percibir logros y, aunque este es un tema que va a tomar tiempo, esperemos pronto ver resultados porque todavía se viene un quinto paquete de reformas penales que también ayudará en materia de la seguridad y defensa del país”, manifestó.
Alex Navas, exmiembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldó las reformas como herramientas jurídicas para combatir las estructuras criminales, aunque señaló que deben complementarse con otros instrumentos legales.
“Hay que apoyar todas las reformas que vengan a fortalecer el sistema de justicia para pelear contra los grupos de criminales, incluyendo maras y pandillas, y es una herramienta jurídica que puede servirle a la institucionalidad para pelear contra estas redes de crimen organizado; sin embargo, se necesita implementar la Ley de Colaboración Eficaz, lo que daría martillos y herramientas importantes a la institucionalidad para desentrañar las redes criminales a raíz”, afirmó.
La aplicación de las reformas y el funcionamiento de la nueva fuerza dependerán de la reglamentación correspondiente y de la capacidad de las instituciones para ejecutar las medidas.
Cadena perpetua
Las reformas también elevan las penas por terrorismo para integrantes de estas estructuras de un rango de 15 a 20 años a uno de 30 a 40 años de prisión.
Para los cabecillas y quienes recluten menores de edad para incorporarlos a estas organizaciones, se contempla la posibilidad de prisión de por vida.
Asimismo, las personas condenadas por terrorismo no podrán acceder a beneficios como la libertad condicional o la preliberación y deberán cumplir la totalidad de la pena, según lo expuesto durante la sesión legislativa.
El dictamen incluye disposiciones para eliminar símbolos alusivos a maras y pandillas en barrios y colonias, establecer la figura de casa segura en situaciones de legítima defensa dentro de la vivienda e incorporar sanciones por ataques contra integrantes de las instituciones de seguridad y justicia.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, manifestó que la institución recibe las nuevas disposiciones como herramientas para fortalecer la prevención y persecución del delito.
“No vamos a dejar ningún espacio para una mala praxis”, afirmó, al referirse al compromiso de aplicar la normativa con rigor y mediante protocolos de actuación coordinada.
