Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ante las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional, instó al Estado de Honduras a revisar que no se estén quebrantando los estandares internacionales en derechos humanos.
El comisionado reconoce, a través de un comunicado, que la seguridad de la ciudadanía es una obligación ineludible del Estado, siempre y cuando se base en la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción social, con un enfoque basado en derechos humanos.
Sin embargo, considera oportuno recordar que toda reforma debe observar los principios y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como garantizar la certeza jurídica y prevenir interpretaciones arbitrarias.
El Conadeh recomendó analizar las posibles implicaciones que recaerían sobre los derechos y garantías reconocidas en los artículos 68, 69, 71, 82, 84, 85, 86, 89 y 99 de la Constitución de la República, particularmente aquellas relacionadas con la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva bajo regímenes de máxima seguridad.
Comunicado íntegro
EL CONADEH INSTA AL ESTADO DE HONDURAS A REVISAR LA COMPATIBILIDAD DE LAS REFORMAS PENALES CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Comunicado No. 017-2026
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en el ejercicio de su mandato constitucional, convencional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio, ante las reformas realizadas por el Congreso Nacional en materia penal y seguridad ciudadana, se pronuncia en los términos siguientes:1. El CONADEH reconoce que la criminalidad organizada constituye una grave amenaza para la vida, la integridad, la seguridad y el patrimonio de la población hondureña, y que su atención es una obligación ineludible del Estado. Es por ello que, en reiteradas ocasiones esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha recomendado que este fenómeno sea abordado mediante una política pública de Estado y medidas integrales, sostenibles y coordinadas entre las instituciones competentes, que articulen la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción social, con un enfoque basado en derechos humanos.
2. En ese sentido, el CONADEH considera oportuno recordar que toda reforma en materia penal debe observar los principios y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos pues, conforme a la jurisprudencia interamericana, los tipos penales deben establecer de manera clara, precisa e inequívoca las conductas sancionables, delimitando adecuadamente sus elementos objetivos y subjetivos, a fin de garantizar la certeza jurídica y prevenir interpretaciones arbitrarias. Por consiguiente, resulta fundamental que las disposiciones adoptadas permitan diferenciar las distintas modalidades de participación en conductas delictivas, asegurar la determinación individual de la responsabilidad penal y observar los principios del debido proceso legal y demás garantías judiciales.
3. Asimismo, esta INDH considera pertinente que el Estado debe analizar las posibles implicaciones que recaerían sobre los derechos y garantías reconocidas en los artículos 68, 69, 71, 82, 84, 85, 86, 89 y 99 de la Constitución de la República, entre otros. Particularmente, de aquellas disposiciones relacionadas con la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva bajo regímenes de máxima seguridad. De igual forma, el CONADEH recuerda que el Sistema Nacional Penitenciario enfrenta importantes desafíos estructurales que requieren una atención prioritaria por parte del Estado; por lo que, las reformas deben considerar sus posibles repercusiones sobre las condiciones de privación de libertad, la capacidad de los establecimientos penitenciarios, custodia o internamiento y la garantía de los derechos fundamentales de las personas bajo custodia estatal.
4. Finalmente, el CONADEH expresa su plena disposición de brindar acompañamiento y asesoría al Poder Legislativo en los procesos de revisión, análisis y evaluación de compatibilidad jurídica que se estimen pertinentes, con el propósito de contribuir a que las disposiciones vigentes y las eventuales iniciativas normativas guarden armonía con la Constitución de la República, los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones convencionales asumidas por el Estado de Honduras.
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de noviembre de 2026