Tegucigalpa, Honduras.- Mediante mapeos criminales la Policía Nacional identificará a personas vinculadas con estructuras delictivas y coordinará operativos con el Ministerio Público (MP), en el marco de las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, explicó que los agentes informarán a los fiscales cuando identifiquen a personas vinculadas con actividades criminales, cuya captura consideren urgente y presentarán los elementos que respaldan el procedimiento.
El funcionario también indicó que los fiscales podrían tener investigaciones o expedientes relacionados con los sospechosos, lo que permitiría conocer los antecedentes de cada caso y determinar las actuaciones correspondientes.
"Cuando nosotros le informamos esto al fiscal seguramente él tendrá una carpeta o un expediente que narra ese caso y el fiscal conocerá y nos dirá: está autorizado para que capture esa persona. Pero al mismo tiempo yo le menciono que esa persona está en una casa que no tenemos orden de allanamiento", explicó.
Oseguera Mass mencionó que las investigaciones pueden incluir declaraciones testificales, hallazgos de armas y evidencias relacionadas con víctimas de hechos violentos.
Reformas modifican herramientas penales
Las acciones anunciadas se desarrollarán bajo el nuevo marco legal aprobado por el Poder Legislativo en octubre, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional para endurecer las sanciones contra las estructuras criminales y ampliar las herramientas de investigación de las autoridades.
Entre los principales cambios figura la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa durante operaciones interinstitucionales urgentes, bajo las condiciones establecidas en las reformas y con intervención del Ministerio Público.
En materia de sanciones, las modificaciones establecen penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, mientras que sus cabecillas, directivos, promotores y financistas podrían recibir prisión perpetua.
Las reformas también contemplan la prisión preventiva obligatoria para personas procesadas por asociación terrorista y restricciones a los beneficios penitenciarios. Además, incluyen nuevas medidas de seguridad en los centros penales, como controles biométricos y la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria.
