TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Comisión de Concurso y Acompañamiento de la Unag, Odir Fernández, reaccionó a la reciente investigación de EL HERALDO sobre una sobrevalorada compra de aires acondicionados en la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), ubicada en Catacamas, Olancho.
“La comisión de concurso está abierta para que el CNA, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas u otra instancia, abran líneas de investigación en la Unag”, escribió al mismo tiempo que compartió la noticia y etiquetó a las mencionadas entidades.
Fernández, doctor en derecho penal, fue jefe de investigaciones del CNA, sin embargo, actualmente preside la mencionada comisión encargada de velar por un proceso transparente en la elección de las autoridades universitarias.
La investigación realizada por la Unidad Investigación de El Heraldo Plus señala que la gerente administrativo y financiero de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), Angélica María Meléndez Molina, autorizó la compra de cien aires acondicionados por un costo de 6.2 millones de lempiras, a pesar de que los precios presentaban una sobrevaloración del 100%.
Hasta el momento no hay investigación abierta sobre el caso, pero varios sectores esperan prontas acciones de las autoridades competentes, pues la mencionada universidad ha estado rodeada de problemáticas en su administración desde hace años.
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Climatizadores
Un total de 80 aires acondicionados por un valor de cinco millones de lempiras fueron adquiridos a la empresa Termo Clima S. de R.L., que en sus facturas presenta dos direcciones en Tegucigalpa, pero en ninguna de ellas tiene oficina o tienda para demostrar sus productos.
De esta compra, 54 aparatos se instalaron en la Unag de Catacamas, donde algunos no funcionaban porque su voltaje es superior a la capacidad de energía y otros por fallas en sus piezas.
En tanto, otros 26 aires acondicionados se colocaron en el centro regional de Comayagua, donde sus autoridades, a pesar de que saben que están sobrevalorados, no quisieron referirse al tema por miedo a represalias.
De igual manera, otros 20 aparatos adquiridos a la distribuidora Speed S. de R.L, se instalaron en la regional de Tomalá, Lempira.
