Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP) tiene cinco días para precisar el objeto y alcance de una pericia cibernética que busca identificar a quienes participaron en la sesión del Congreso Nacional en la que se emitió el Decreto 58-2025.
La diligencia forma parte de la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y 11 exmiembros de la extinta Comisión Permanente, a quienes el MP investiga por la presunta comisión de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.
El Ministerio Público informó que la jueza natural que conoce el caso estableció un plazo de cinco días para delimitar técnicamente la pericia.
“En el marco de las diligencias previas solicitadas por esta institución, la juez natural que conoce el caso ha señalado un plazo de cinco días para que el Ministerio Público delimite el objeto y alcance técnico de la pericia solicitada”, informó el MP en un comunicado.
“Esta pericia, de naturaleza cibernética, tiene como finalidad establecer, desde el punto de vista técnico y científico, la identidad de las personas que participaron, en su condición de miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en la sesión mediante la cual se emitió el Decreto 58-2025”, subrayó.
La Fiscalía indicó que el principal insumo para realizar la pericia es información remitida oficialmente por el Congreso Nacional.
“El insumo central de esta pericia es la información remitida de manera oficial por el Congreso Nacional a solicitud de esta Fiscalía, contenida en un dispositivo USB con los registros de las sesiones”.
El organismo de investigación también confirmó que cumplirá el plazo establecido por la jueza natural y presentará la delimitación técnica requerida.
“El Ministerio Público reafirma que dará cumplimiento al plazo procesal establecido y presentará oportunamente la delimitación técnica requerida, en estricto apego al debido proceso”, señaló.
La institución agregó: “Esta institución reitera que nadie está exento del cumplimiento de la ley, y continuará ejerciendo con firmeza e imparcialidad la persecución penal en los casos donde se investiguen presuntos abusos de poder desde cargos públicos”.
Según la Fiscalía, Redondo y los exmiembros de la Comisión Permanente habrían asumido facultades exclusivas del pleno legislativo.
La investigación contra Redondo y los 11 exintegrantes de la Comisión Permanente continúa en etapa de diligencias previas.
¿Qué es el Decreto 58-2025?
El Decreto Legislativo 58-2025 es el elemento central de la investigación que el Ministerio Público sigue contra Redondo y los exintegrantes de la Comisión Permanente.
El decreto fue aprobado el 8 de enero y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de enero de 2026.
La normativa ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento general “voto por voto” de las elecciones generales.
El decreto contemplaba el recuento de actas de cierre con inconsistencias o impugnaciones en los niveles residencial, legislativo y municipal.
Además, uno de sus puntos más controvertidos establecía que, si el CNE no realizaba el procedimiento, el Congreso Nacional asumiría directamente el escrutinio de los votos.
La medida generó cuestionamientos de sectores jurídicos y políticos, que señalaron posibles vicios constitucionales relacionados con la autonomía del CNE y con el procedimiento utilizado para aprobar el decreto.
Entre los cuestionamientos estuvo el supuesto incumplimiento del quórum necesario para la aprobación. Sectores de oposición señalaron que la sesión no reunió los 65 diputados propietarios requeridos para una mayoría simple y cuestionaron también la mayoría necesaria para modificar disposiciones de carácter electoral.
Para el Ministerio Público, el Decreto 58-2025 forma parte de los elementos que sustentan la investigación por los presuntos delitos atribuidos a Redondo y a los exmiembros de la Comisión Permanente.
La Fiscalía sostiene que los investigados asumieron facultades que correspondían al pleno del Congreso Nacional y que las actuaciones relacionadas con el decreto podrían constituir abuso de autoridad y usurpación de funciones.
La nueva pericia cibernética busca establecer técnicamente quiénes participaron en la sesión mediante el análisis de los registros oficiales entregados por el Congreso Nacional.
El MP deberá presentar en los próximos cinco días la delimitación técnica solicitada por la jueza natural, como parte de las diligencias previas del caso.
