Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de juicio político contra altos funcionarios electorales seguirá, pese a las declaraciones del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien anunció públicamente que no asistirá a las citaciones del Congreso Nacional.
Ante esta postura de rebeldía institucional, miembros de la Comisión Especial y diputados del bloque advirtieron que la normativa vigente es taxativa: la falta de comparecencia del denunciado no interrumpe, no retrasa, ni anula el curso de la investigación parlamentaria.
La diputada Merary Díaz fue una de las voces más enfáticas al señalar que, si bien la Constitución de la República garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, estos son recursos que el denunciado decide utilizar o desestimar de manera voluntaria.
Según Díaz, el juicio político seguirá su marcha inexorable con o sin la presencia de los señalados, y se dejará constancia escrita en el expediente de que los funcionarios rechazaron la oportunidad de aportar pruebas de descargo, un silencio que será valorado por el pleno al momento de la votación final.
“La misma Ley Especial de Juicio Político señala que la no comparecencia no va a atrasar el desarrollo del proceso. Esperamos que el señor Ochoa recapacite y no intente utilizar esta figura para luego victimizarse ante la comunidad internacional alegando persecución política, porque aquí no existe tal cosa; el hecho del juicio busca simplemente la destitución de quienes utilizaron su cargo para socavar el estado de derecho”, manifestó la parlamentaria.
La parlamentaria nacionalista desestimó las excusas, argumentando que todo funcionario responsable debe poseer un archivo personal y copia de cada acto o resolución que emite bajo su firma.
"No necesitan decir que no se informaron; si actuaron apegados a la ley, deben tener las pruebas en su mochila", sentenció Díaz.
La propia ley refuerza los argumentos de la legisladora, pues el artículo 13, numeral 7, de la Ley Especial de Juicio Político establece que la Comisión Especial debe citar al enjuiciado a una audiencia pública para que presente sus pruebas y contraargumentos, pero aclara que "en caso de no comparecer el enjuiciado, siendo notificado y que este se rehúse a comparecer en defensa de su derecho, esto no constituye impedimento para la prosecución (proseguir) de las actuaciones".
En tanto, el artículo 14, que regula la etapa de discusión y votación ante el pleno del Congreso Nacional, indica que el denunciado tiene derecho a exponer sus argumentos hasta por cuatro horas en el día señalado, especificando que "en caso de no comparecer el juicio sigue su curso".
Cronograma del juicio político
La congresista Lissi Cano, integrante de la Comisión Especial, confirmó que el cronograma de audiencias ya está en firme para este lunes 13 de abril, respetando el plazo de 48 horas que manda la ley para la preparación de la defensa.
El calendario de comparecencias iniciará puntualmente a las 9:00 de la mañana con Ochoa, seguido al mediodía por el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y durante la tarde se deben presentar los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes deberán responder por los señalamientos de boicot y negligencia en el proceso electoral de 2025.
El proceso contra los cuatro funcionarios electorales es el segundo en activarse en la historia de Honduras, después del mecanismo promovido contra el entonces fiscal Johel Zelaya, que derivó en su separación del cargo.
Otras dos funcionarias evitaron el juicio político al presentar su renuncia en el último momento. Se trata de Karen Rodríguez, quien dejó su cargo como suplente del CNE, y de Suyen Muñoz, quien renunció a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), aunque mantiene su cargo como comisionada.
Cano detalló que la comisión actuará con total objetividad y que la investigación no se limitará únicamente a lo que digan los denunciados.
El órgano legislativo tiene la facultad de citar a cualquier otro funcionario en calidad de testigo, mencionando que figuras como las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López podrían ser llamadas para brindar su versión de los hechos.
Esta apertura busca que el informe que se presente al pleno sea lo más robusto y transparente posible, atendiendo a una solicitud que, según la diputada, emana de un amplio sector de la ciudadanía hondureña.
“Nosotros estamos exhortándole a que venga y nos dé su versión; no tenemos ninguna sentencia redactada de antemano como él afirma. Vamos a actuar de manera expedita pero responsable, evacuando todos los medios de prueba para que sea el pleno, como máxima autoridad de este poder del Estado, el que tome la determinación de destituir o no a los ciudadanos denunciados el día de ayer (jueves)”, explicó Cano.
Pruebas y testimonios
La presidenta de la Comisión Especial, Tania Pinto, reforzó este mensaje al invitar públicamente a los denunciados a que se presenten y ejerzan su legítima defensa bajo las garantías del debido proceso.
Pinto recordó que para la admisión de la denuncia se obtuvieron 91 votos, una cifra que supera con creces los 86 requeridos por la Constitución (dos terceras partes), lo que otorga una sólida legitimidad política al inicio de este procedimiento.
La legisladora insistió en que la comisión no es un tribunal penal, sino un órgano de control político encargado de determinar la idoneidad y responsabilidad de los funcionarios.
Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la afirmación de los denunciados sobre una presunta falta de acceso a documentación para preparar su defensa.
El ambiente en el Congreso Nacional se mantiene tenso, ya que el desenlace de estos juicios políticos marcará un precedente histórico en la fiscalización de los entes electorales en Honduras.
De confirmarse la incomparecencia de Ochoa el lunes, la comisión procederá a la evacuación de pruebas testimoniales y documentales de otras fuentes, construyendo un dictamen que podría recomendar la destitución definitiva basada en el incumplimiento de deberes y la vulneración de los principios democráticos.
Las bancadas que impulsan el juicio reiteraron que el objetivo primordial es recuperar la institucionalidad y enviar un mensaje claro: ningún funcionario, sin importar su rango o formación académica, está por encima de la ley.
El país entero permanece a la expectativa de lo que ocurra este lunes en el Salón de Retratos del Congreso, donde se espera que la verdad sobre lo ocurrido en el proceso electoral de 2025 comience a salir a la luz de manera oficial y documentada.
