Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, Honduras está a las puertas de la aplicación de un mecanismo contemplado en la Constitución de la República con un procedimiento definido en normativa vigente.
Se trata del juicio político, que surgió en 2012 como una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación luego de investigar la crisis política del 2009 cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fue derrocado por intentar montar ilegalmente una consulta popular.
Este mecanismo de separación cobró más fuerza luego de los reiterados intentos de atentar contra la democracia desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como mediante otras instituciones.
Más allá de las motivaciones políticas de este proceso, se requiere de mayoría calificada o 86 votos favorables en el Congreso Nacional, órgano responsable de la realización de un juicio político.
El escenario cambia cuando se busca aplicar la referida figura legal al presidente de la República, siendo requerido el respaldo de las tres cuartas partes de los congresistas, en específico 96 votos, también denominada mayoría absoluta.
El artículo 234 constitucional subraya que “procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional”.
Bajo el decreto 51-2013 se encuentra en vigor la Ley Especial de Juicio Político, pero no existe antecedente en el país de haber sometido a un funcionario a este mecanismo.
El juicio político se desarrolla en dos etapas: investigación y de defensa, la cual tiene una duración de hasta 30 días calendario y la fase de discusión y votación que tiene una duración de cinco días contados a partir de la presentación al Pleno del informe por parte de la Comisión Especial.
Acusaciones
Cuatro servidores públicos podrían enfrentar un juicio político por sus actuaciones antidemocráticas, en especial uno de ellos, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO.
El consejero del CNE, Marlon Ochoa, se convertiría en el primer funcionario en ser sometido al procedimiento no solo por acusaciones en el desempeño de su cargo, sino por haber realizado actuaciones en perjuicio de la norma suprema del Estado, así como del interés nacional.
Desde los retrasos ocasionados en el marco de los pasados comicios generales, constantes disputas con autoridades del órgano electoral, sabotaje hasta obstrucción del proceso democrático de noviembre de 2025 son algunas razones por las que el oficialismo junto a otros sectores de la sociedad civil exigen llevar a cabo un juicio político contra Ochoa.
La plataforma Defensores de Honduras por la Democracia ha venido exhortando al CN a impulsar el mecanismo para aquellos servidores públicos que “con sus acciones u omisiones vulneraron el ordenamiento jurídico, entorpecieron los procesos electorales y colaboraron de forma directa o indirecta con el intento fallido de la administración anterior de perpetuarse en el poder más allá del período legalmente establecido”.
Actos similares también fueron promovidos por el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando y Johel Zelaya, fiscal general de la República.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró, además, que se debe requerir criminalmente a Luis Redondo (expresidente del Congreso Nacional) y a Roosevelt Hernández (exjefe de las Fuerzas Armadas) porque contra ellos ya no cabría un juicio político.
Posibilidad
El diputado Kilvett Bertrand dijo que ya se tienen los 86 votos para aplicar el juicio político.
Su homólogo, Antonio Rivera Callejas, afirmó que “el lunes (hoy) fuimos convocados a sesión, todavía no se sabe si va a haber o no juicio político, depende del número de votos y creo que si se va a lograr esto no es revanchismo, no es por ideologías, no es venganza, es simple y llanamente sentar un precedente en nuestro país para que no vuelva a suceder”.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, cuestionó en X que con un juicio político el Partido Nacional intenta condenar a Marlon Ochoa, quien es el “único testigo presencial del fraude del TREP”. El jefe de la bancada de partido de la estrella solitaria, Carlos Cano, le contestó que lo que “Mel” pretende es “convertir un tema institucional en un tema político”
