Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Jonathan Laínez, salió al paso de las críticas tras la presentación de la denuncia de juicio político contra altos funcionarios electorales, asegurando que su firma no responde a una persecución política, sino al ejercicio de una prerrogativa constitucional orientada a salvaguardar el sistema democrático del país.
Laínez fundamentó su decisión en un análisis de 15 días sobre diversas denuncias de la sociedad civil y, de manera primordial, en los hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
El parlamentario explicó que el sustento de la denuncia descansa en el artículo 205, numeral 15, de la Constitución de la República, el cual faculta a los diputados para señalar irregularidades de funcionarios públicos.
Según Laínez, el informe de la Unión Europea es contundente al señalar "incumplimientos graves" y anomalías que pusieron en precario la transparencia de los procesos electorales de 2025, lo que constituye mérito suficiente para iniciar la investigación parlamentaria.
"Nosotros no hemos juzgado ni estamos prejuzgando; hemos analizado diferentes denuncias y nos llamó poderosamente la atención el informe de la Unión Europea. Ellos establecieron una serie de irregularidades y por eso presentamos la denuncia para que el pleno defina si los funcionarios deben ser sometidos a juicio político o no", manifestó el diputado nacionalista.
Laínez hizo un llamado directo a la comisión especial investigadora, presidida por la diputada Tania Pinto, para que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia de los señalados.
Pese a la reticencia de algunos funcionarios, como Marlon Ochoa, de comparecer ante el Congreso, el legislador opinó que sería saludable para la nación que los denunciados asistan al pleno a explicar sus criterios y actuaciones bajo las garantías que ofrece la Ley Especial de Juicio Político.
"Sobre la postura del señor Ochoa, creo que sería bueno que viniera al pleno a explicar qué fue lo que pasó. No puedo interpretar si tiene miedo o no, pero reconozco que es una persona ideológicamente bien formada en universidades de prestigio como Oxford; sin embargo, tiene que responder ante este poder del Estado", señaló Laínez.
El parlamentario evitó adelantar criterios sobre una posible destitución, recordando que su rol se limitó a la firma de la denuncia y que la decisión final recaerá en el dictamen que presente la comisión y la votación de los 128 diputados.
El diputado vinculó la importancia de este proceso con la supervivencia de la libertad en Honduras, comparando la situación nacional con las crisis democráticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
"Si el 30 de noviembre no hubieran existido elecciones, habríamos perdido la democracia hace meses. Firmé porque no quiero que en 20 años estemos diciendo que el 2025 fue el año en que perdimos nuestra libertad; lo consulté incluso con mi asesora moral, que es mi madre, y ella coincidió en que el juicio es necesario", concluyó el diputado.
