Tegucigalpa, Honduras.— Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), aseguró que el informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el manejo irregular de fondos en Sedesol, y remitido al Ministerio Público, no constituye en sí una evidencia ante un tribunal.
“El informe no está dirigido a convertirse en prueba ante un tribunal, sino que simplemente son hallazgos que ha realizado el Tribunal Superior de Cuentas y los pone en conocimiento del Ministerio Público para que pueda investigar”, señaló en una conferencia de prensa.
Santos explicó que, aunque aún no ha revisado personalmente el informe del TSC, es importante entender que los hallazgos del tribunal no constituyen pruebas legales para presentar acusaciones automáticas.
En el documento se revelan irregularidades en la distribución del Fondo de Administración Solidaria, un programa presupuestado para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales, el cual debe ser solicitado por los diputados.
EL HERALDO Plus también reveló que diputados de varias corrientes, principalmente del oficialismo, gestionaron millones de lempiras para supuestas ayudas sociales, bajo un esquema muy opaco.
En todo caso, la fiscalía tiene la responsabilidad de ampliar la investigación y reunir pruebas adicionales antes de presentar cualquier requerimiento fiscal.
EL HERALDO Plus reveló hace tres meses, cuando estalló el escándalo, parte del esquema utilizada por Isis Cuéllar, congresista de Copán, para desviar fondos, utilizando a beneficiarios fantasmas que entregaron el dinero de las ayudas sociales a cercanos y colaboradores de Cuéllar.
Santos expuso que la Fiscalía realiza, por su parte, investigaciones activas sobre el manejo irregular de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Además, el director de Uferco confirmó que las investigaciones abarcan casos tanto de la administración anterior como de la actual.
“Tenemos investigaciones asignadas que corresponden a ambos periodos”, dijo, aunque se mostró reservado para no entorpecer el debido proceso y respetar la confidencialidad.
No obstante, adelantó que dentro de los casos se indagan delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude.
En particular, explicó que en varias investigaciones aparecen personas que habrían usado sus influencias para favorecerse o favorecer a terceros, lo que amerita investigar también el delito de tráfico de influencias.
En cuanto a los recursos con los que cuenta la unidad, Santos reconoció que a pesar de un incremento presupuestario este año para el Ministerio Público, la Uferco aún carece del personal y equipamiento suficiente para atender la complejidad y volumen de casos que maneja.
“Tenemos que trabajar con lo que hay”, afirmó con cierta resignación.
Al mismo tiempo, negó categóricamente que existan presiones políticas para influir en el curso de las investigaciones. “No recibo llamadas de políticos y si alguien intenta presionarme, simplemente corto la comunicación”, sostuvo con firmeza.
Santos también hizo un llamado a la población y a los medios a evitar especulaciones prematuras, especialmente en un año electoral.
“Estamos trabajando con objetividad y respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados. Cuando las investigaciones concluyan, ustedes conocerán los resultados”, concluyó.
TSC: Se benefició al círculo de Cuéllar
El informe del Tribunal Superior de Cuentas documenta una serie de irregularidades en el manejo del Fondo de Administración Solidaria.
El fondo forma parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023 y estaba destinado a beneficiar a comunidades vulnerables mediante proyectos específicos.
La investigación del TSC se activó tras la difusión de un video en redes sociales donde la diputada por Copán, conversa con el entonces Secretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, sobre la estrategia para distribuir fondos a militantes del partido de gobierno, lo que levantó sospechas sobre el destino real de esos recursos.
El tribunal identificó que se emitieron 67 cheques para beneficiarios de programas sociales, de los cuales 58 se cobraron finalmente por un total de más de cinco millones de lempiras.
Sin embargo, los recursos no se entregaron conforme a lo establecido por la normativa, que exige que estos fondos beneficien a comunidades, patronatos o asociaciones, sino que fueron asignados a personas vinculadas política y familiarmente con la diputada Cuéllar.
Entre los beneficiarios se encuentran familiares directos y colaboradores cercanos de la diputada, además de candidatos políticos y empleados públicos con ingresos estables, lo que contraviene el objetivo de ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Por ejemplo, se documentó que Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada, recibió beneficios, al igual que familiares como Alba Luz Mejía y Nora Elsa Mejía.
También fueron beneficiarios personas con cargos públicos estables y candidatos a diferentes puestos de elección popular.
La auditoría del TSC detectó irregularidades en la documentación y ejecución de los proyectos.
Algunos beneficiarios declararon que nunca recibieron el dinero completo o que entregaron los fondos en efectivo a intermediarios vinculados a la diputada.
Además, varios proyectos de emprendimiento presentaban evidencias de bienes sin uso, almacenados o en mal estado, y se encontraron cotizaciones y facturas duplicadas o que no correspondían con los trabajos realizados.
Asimismo, el equipo de la diputada coordinaba la recepción de materiales y daba instrucciones a beneficiarios para responder a posibles cuestionamientos de organismos de investigación, según evidencias como chats de WhatsApp creados para tal fin.
EL HERALDO Plus reveló que este esquema también se replicó en otros departamentos, como en Francisco Morazán, donde se detectaron negocios fantasmas beneficiados con el dinero.
