Tegucigalpa, Honduras.— El regidor municipal de Santa Rosa de Copán e ingeniero, Eduardo Elvir, fue mencionado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un informe sobre el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Copán.
Elvir rechazó cualquier implicación ilegal y califica de “calumniosos” los señalamientos, mientras exige una rectificación formal por parte del ente contralor.
El TSC concluyó que al menos 58 cheques, por un monto superior a 5.1 millones de lempiras, fueron desviados mediante una red de gestión de ayudas sociales vinculada a Sedesol y relacionada con actividades de la campaña interna del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias de marzo pasado. El dinero fue gestionado por la diputada Isis Cuéllar.
El informe identificó a varias figuras políticas, incluyendo a Isis Cuéllar, al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y al propio Elvir, quien habría actuado como gestor de solicitudes de apoyo económico a través del Fondo de Administración Solidaria (FAS).
Consultado al respecto, el ingeniero declaró que su participación en el proceso fue estrictamente administrativa y que su nombre fue incluido en el informe de forma errónea y malintencionada.
“Lo absurdo e ilógico es que se interprete como otra cosa. Lo que hacemos los gestores es recibir solicitudes y entregarlas donde corresponde. No manejamos dinero, no hacemos compras, no firmamos cheques”, afirmó.
El regidor señaló específicamente la cláusula 8 del informe, que lo vincula a supuestas irregularidades.
Aseguró que los documentos que lo mencionan no prueban corrupción, sino una participación en la recolección y entrega de documentos de ciudadanos que solicitaban ayuda estatal.
Sin embargo, el informe del TSC detalla que, con base en los testimonios de beneficiarios, Elvir fue parte activa en el proceso de tramitación de fondos públicos.
El informe recopiló varias declaraciones en las que Elvir fue mencionado como gestor:
1. Mey Yessenia Pesquera Torres, beneficiaria 2, afirmó haber entregado su solicitud e identidad directamente al ingeniero Elvir.
2. Yohana Elizabeth Bueso Erazo, beneficiaria 9, señaló que gestionó su ayuda a través de Elvir y la diputada Cuéllar.
3. Carlos Alberto Cruz Sorto, beneficiario 26, declaró que recibió apoyo mediante gestiones realizadas por Elvir, Cuéllar e Ilsy Baquedano (asistente de Cuéllar).
El TSC también indicó que, junto con otras personas del equipo de la diputada Cuéllar, Elvir solicitó a los beneficiarios firmar documentos, los cuales luego fueron utilizados para la liquidación de los fondos entregados.
Una de las principales líneas de investigación del TSC fue si los recursos entregados a través del FAS fueron utilizados para fines políticos.
Aunque el informe no presentó evidencia directa de que Elvir destinófondos a campañas, su inclusión en el equipo operativo y la coincidencia temporal con las elecciones internas del Partido Libre han generado cuestionamientos.
El acusado lo negó categóricamente: “No existe evidencia de que los fondos se hayan utilizado con fines de campaña. Los señalamientos son parte de una narrativa política para desprestigiar”.
También rechazó cualquier relación directa con el financiamiento de la diputada Cuéllar o con estructuras partidarias que se beneficiaran de los fondos del programa social.
Ante los señalamientos del TSC, Elvir anunció que exigirá una rectificación oficial del informe. De no obtener respuesta, advirtió que recurrirá a acciones legales, aunque dejó en manos de sus abogados la decisión de acudir a la vía penal.
“Mi preocupación principal es proteger mi honorabilidad y dignidad. No estoy dispuesto a cargar con acusaciones que no tienen fundamento legal”, subrayó.
El caso del Chequesol sigue bajo revisión por parte de las autoridades. Aunque el TSC publicó su informe con hallazgos preliminares, la fiscalía aún no formula requerimientos fiscales contra los implicados, y no se descartan nuevas diligencias.
El país espera ahora que las instituciones —tanto de control como de justicia— esclarezcan si hubo negligencia administrativa, uso indebido de recursos públicos o si se trata, como argumenta Elvir, de un caso de responsabilidad mal atribuida.
