TSC confirma que Isis Cuéllar usó fondo de diputados de manera irregular
EL HERALDO Plus y La Prensa Premium tuvo acceso al informe del TSC que confirma que Isis Cuéllar benefició a personas vinculadas a la política, parientes o familiares con el fondo de diputados a través de Sedesol. También usó a terceros para cambiar cheques
- 23 de septiembre de 2025 a las 17:24
Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó, en un informe oficial en manos del Ministerio Público, que la diputada por Copán del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, participó en un esquema de asignación irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria movidos a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
EL HERALDO y La Prensa Premium tuvieron acceso al documento —Informe Especial No. 001-2025-DDISP-SEDESOL-A— que confirma que las ayudas sociales y proyectos de infraestructura realizados en el departamento de Copán entre el 3 de julio de 2023 y el 20 de febrero de 2025 fueron indebidos e incurren en una acción penal.
Además, Isis Cuéllar benefició a personas vinculadas a la política, parientes o familiares, tal como denunció este equipo de trabajo el pasado 24 de junio de 2025. Muchas de estas personas eran las que gestionaban las ayudas para terceros, sin embargo, no les entregan el efectivo completo o solo los engañaban.
"Conforme a los testimonios brindados por beneficiarios de los cheques, ellos no hicieron gestiones directamente a la Sedesol sino que las ciudadanas Ilsy Baquedano, Paola Pérez v Eduardo Elvir les solicitaron firmar documentos v fueron quienes se encargaron de documentar las solicitudes y liquidaciones respectivas", menciona parte del documento.
Este rotativo evidenció como Baquedano (asistente de Cuéllar), Paola Pérez Moreno (cuñada de Cuéllar) y Eduardo Elvir eran los encargados de gestionar las supuestas ayudas. Este equipo evidenció que tanto Baquedano como Pérez recibieron ayuda social, pero, además, estabas acreditadas en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) como proveedoras del Estado.
Distribución
El documento también menciona que en mayo de 2023, la congresista de Libre ejecutó 6.5 millones de lempiras en 67 cheques, de los cuales solo se cobraron 58, valorados en más de 5.1 millones de lempiras, distribuido en 39 pagos para emprendimiento y 19 para reparación de viviendas. Los otros 9 fueron anulados por renuncia de los solicitantes a su cobro.
El TSC subrayó que la gestión del dinero incumplió el objetivo legal de su creación porque la asignación de fondos no se realizó a petición ni en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones o alcaldías —los destinatarios previstos en la norma— sino a personas ligadas a la política.
“El presente Informe Especial (Penal) es producto de la Investigación Especial practicada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), específicamente a los pagos destinados a personas que recibieron apoyo social y objetos de denuncia, que fueron entregados en el departamento de Copán...”), reza el documento.
El material probatorio que motiva el informe incluye, además de la documentación contable y las liquidaciones, un video filtrado en redes sociales —la conversación entre la diputada Isis Cuéllar y el entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona— en el que la propia congresista describe, con detalles operativos, la manera en que se entregaron recursos a estructuras del partido.
En la grabación, Cuéllar dice, entre otras cosas: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (...) a las 23 coordinaciones del partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al partido”.
El exsecretario de Sedesol, Cardona, aparecía en la conversación reaccionando a ese relato; la filtración del video fue uno de los detonantes que impulsaron la investigación.
La auditoría describe, con documentos y testimonios, una "estrategia sistemática" para direccionar los recursos hacia personas con vínculos familiares, de afinidad o políticos con la diputada y su equipo.
Entre los casos documentados figuran beneficiarios con relación directa a la asistente de la congresista: Ilsy Valeska Baquedano Mejía (asistente en el Congreso), su madre Alba Luz Mejía y su tía Nora Elsa Mejía, quienes en conjunto recibieron más de 292 mil lempiras.
Se registran además beneficiarios vinculados por relación sentimental o familiar —como Iris Paola Pérez Moreno (colaboradora), expareja de un hermano de la diputada— y parejas o hermanos que aparecen como receptores individuales de recursos (por ejemplo, Wilmer Emilio Casasola Welchez y Julia del Carmen Carranza; Erick Adonay López López y Maxwells Roller López López).
El informe del TSC documentó que estas asignaciones no respetaron criterios de vulnerabilidad ni estudios socioeconómicos previos, sino que obedecieron a la gestión política del diputado gestor.
La nómina de beneficiarios incluye, además, al menos 12 personas que figuraban como candidatos a cargos públicos por Libre o movimientos asociados —aspirantes a alcaldías, regidurías y cargos parlamentarios centroamericanos— y servidores con ingresos estables (maestros, empleados municipales, funcionarios de Senprende, registradoras civiles), lo que contradice la condición de “escasos recursos” exigida para recibir el auxilio.
El informe pone como ejemplos a varios servidores públicos —Fernando Enrique Toro Cantarero (Secretario Departamental de Educación), Sonia Yolany Argueta Torres (Oficial de Personal I en la Regional de Salud), Carlos Nahún Sarmiento Flores (empleado de Senprende), María Luisa Espinoza Mejía (registradora civil municipal y empleada de Copeco), Óscar Gabriel Guzmán Rodríguez (director municipal en funciones) y Tránsito del Pilar Torres Ramírez (maestra y vicealcaldesa electa)— cuya inclusión en los listados evidencia que la selección se apartó de los criterios de vulnerabilidad.
Los testimonios recabados por el equipo auditor y las actas de inspección describen el mecanismo práctico usado para transformar cheques en efectivo y canalizar luego ese dinero hacia el equipo de trabajo de la diputada.
Múltiples beneficiarios relataron, según el informe, que fueron trasladados en grupos a sucursales de Banadesa en San Pedro Sula (Cortés), Gracias (Lempira) y La Entrada (Copán)—a veces en buses pagados para el efecto—, donde cambiaron los cheques en lapsos muy cortos y de manera coordinada.
Varias declaraciones consignadas señalan que, tras cobrar, entregaron el dinero en efectivo a Ilsy Baquedano o a Paola Pérez; hay testimonios que aseguraron haber firmado documentos sin leerlos y otros que denuncian falsificación de solicitudes.
Uno de los beneficiarios acreditó ante la auditoría que “cambié el cheque en la agencia de Banadesa y lo entregué en efectivo a Ilsy Baquedano; me pidieron firmar papeles sin dejarme leerlos”.
El TSC cotejó estos relatos con registros bancarios que muestran cobros simultáneos, lo que refuerza la hipótesis de un operativo coordinado.
Inconsistencias en obras
La verificación física en los 18 municipios de Copán arrojó, además, inconsistencias en la ejecución y liquidación de las obras y emprendimientos financiados.
Equipos para emprendimientos aparecieron almacenados sin uso o aún empacados; materiales de construcción fueron hallados en condiciones que impiden su utilización (cemento endurecido, materiales a la intemperie) y muchos beneficiarios no cuentan con registros de actividad comercial en las municipalidades correspondientes.
Las hojas de liquidación incluyeron cotizaciones idénticas en expedientes distintos, facturas que no se ajustan a los presupuestos aprobados y facturas emitidas por proveedores que negaron haber vendido los bienes señalados; el informe, incluso, documentó el uso de facturas de empresas cuyo giro no corresponde con los bienes reportados (por ejemplo, empresas que venden accesorios automotrices aparecieron como supuestos proveedores de equipos de sublimación).
Las anomalías, según el TSC, apuntan a liquidaciones fraudulentas y a documentación construida para sustentar desembolsos sin ejecución real.
EL HERALDO Plus y La Prensa Premium evidenciaron el pasado 1 de julio de 2025 que se utilizaron facturas duplicadas para gestionar la construcción de 21 casas en Copán. Cada uno de los cheques desembolsados por Sedesol fueron de hasta 100 mil lempiras.
El equipo expuso en la investigación que los mismos negocios emitieron estos documentos, incluso con las mismas tablas de precios, caligrafía, fechas y, en algunos casos, el código de cotización.
Precisamente parte de esto fue expuesto en el informe del TSC, en el que mencionaron que en uno de los casos se pedía ayuda para reparar una casa supuestamente inhabitable y dañada por huracanes, pero al revisarla se encontró que la casa estaba en buen estado y sin esos daños.
Además, en el expediente había facturas por 595 láminas de zinc y cientos de bolsas de cemento, con las mismas fechas y números que facturas de otros casos.
En otro caso, el beneficiario declaró textualmente que “no realicé compra alguna, solo cambié el cheque y entregué el dinero a Ilsy Baquedano”, mientras en el expediente figura un presupuesto y un compromiso de cumplimiento por reparaciones no ejecutadas.
El TSC documentó que, en ocasiones, la firma manuscrita del beneficiario en los documentos difiere de la rúbrica presentada ante la comisión de auditoría, lo que aporta indicios de manipulación documental.
Además, Paola Pérez e Ilsy Baquedano recibieron físicamente los productos reportados para emprendimientos —por ejemplo, equipos para sublimación— en el departamento de Copán, lo que contradice la versión formal que figura en los expedientes, según la cual las compras habrían sido efectuadas por los beneficiarios.
Tras la difusión del video que precipitó la investigación, la auditoría documentó, además, que fueron creados grupos de WhatsApp por parte de integrantes del equipo de la diputada para dar instrucciones a beneficiarios sobre qué responder ante requerimientos de organismos de control (Transparencia, Ministerio Público y TSC), e incluso para uniformar referencias sobre proveedores y justificar expedientes.
La respuesta institucional, según recoge el informe y las declaraciones públicas, reflejó fallas de control y ausencia de supervisión.
El entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, renunció tras la filtración del audio; funcionarios de la secretaría admitieron ante la auditoría que no se realizaron verificaciones in situ por falta de presupuesto para viáticos y que la responsabilidad de la selección quedó en la práctica a cargo del gestor político.
La gerente administrativa y el director de monitoreo de Sedesol reconocieron que no se efectuaron estudios socioeconómicos previos, que la auditoría interna no había programado revisiones específicas al fondo de diputados y que el Comité Técnico Interno se limitó a evaluar la documentación sin indagar vínculos políticos de los solicitantes.
En palabras del informe, la ausencia de controles efectivos “permitió la ejecución de prácticas irregulares en la administración de los recursos del Fondo de Administración Solidaria”, lo que expone al Estado a un uso arbitrario de los fondos públicos.
En su texto conclusivo, el TSC sostuvo que la asignación de fondos fue discrecional, que no existieron criterios técnicos verificables para la selección y que la intervención del Congreso Nacional y de gestores ajenos a los destinatarios previstos por la norma desnaturalizó el propósito del fondo de diputados.
Además, la auditoría establece que no hubo inapelables para abrir investigaciones judiciales, pues las prácticas detectadas violan el principio de legalidad y favorecen la impunidad en la gestión de los recursos públicos.
“La ausencia de procedimientos efectivos de control, revisión, análisis, supervisión, seguimiento y monitoreo... permitió la ejecución de prácticas irregulares en la administración de los recursos del Fondo de Administración Solidaria; constituyendo el uso discrecional de los recursos, sin criterios técnicos ni verificables, vulnera gravemente el principio de legalidad y expone al Estado a un uso arbitrario de fondos públicos”, reveló el documento.
El informe del TSC ya fue remitido al Ministerio Público y la Fiscalía General instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para que analice de inmediato su contenido y lo incorpore a las investigaciones en curso; las autoridades judiciales han comenzado a integrar la evidencia documental y las transcripciones de las grabaciones como parte del expediente.
Mirtha Gutiérrez, ministra de Sedesol, afirmó en diálogo con este equipo de trabajo que están dispuestos a colaborar con los entes de investigación, mientras que la dirigencia de Libre suspendió temporalmente a la diputada en los cargos internos del partido, sin que hasta la fecha se le haya retirado la curul ni se le haya impuesto una sanción judicial.
Pese a eso, Cuéllar continuaba anunciando proyectos en Copán, mientras el Congreso Nacional justificó que como las auditorías seguían, Cuéllar continuaba como diputada, incluso recibiendo su salario mensual. Ahora queda en manos de los entes competentes.
