Cardona en informe del TSC: "Desconocí en todo momento dichas solicitudes, era imposible"
El exministro rechazó cualquier vínculo con el manejo de fondos sociales ligados a la diputada Isis Cuéllar y aseguró ante el TSC que nunca tuvo conocimiento de las solicitudes, dijo que recaía en el Comité Técnico Interno
- 24 de septiembre de 2025 a las 16:57
Tegucigalpa, Honduras.-José Carlos Cardona Erazo negó haber tenido conocimiento o participación directa en el manejo de los fondos de ayudas sociales vinculados a la diputada Isis Cuéllar.
Mediante un oficio remitido el 27 de agosto de 2025 al equipo de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Cardona respondió a 16 preguntas relacionadas con la ejecución del Fondo de Administración Solidaria (FAS), del Congreso Nacional, en el departamento de Copán.
En reiteradas ocasiones, el exfuncionario sostuvo que la administración, supervisión y liquidación de las solicitudes correspondían al Comité Técnico Interno del FAS y no a su despacho ministerial.
“Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”, aseguró en el informe al que EL HERALDO Plus tuvo acceso.
Respuestas
En sus declaraciones, Cardona insistió en que Sedesol operaba con limitaciones financieras que hacían imposible ejecutar supervisiones en campo, específicamente en Copán. “No se hicieron verificaciones ni supervisiones... la Sedesol es una secretaría muy grande con un presupuesto muy reducido, casi siempre en déficit”, explicó.
En cuanto a la selección de beneficiarios, Cardona remarcó que era una responsabilidad exclusiva de los congresistas y la revisión y análisis de las solicitudes correspondían al Comité Técnico Interno del FAS.
Continuando con las declaraciones de Cardona, él aseguró ante el TSC que el Acuerdo Ministerial N° 083-A-SEDESOI-2023 nunca fue aprobado porque “contradecía” las funciones técnicas de esa institución.
“En diversas pláticas con la Secretaría de la Presidencia se nos indicó que esa directriz tenía un carácter moral y que la Presidenta no quería que el reglamento tergiversara la naturaleza de la Sedesol, un ente al que ella había dado instrucciones estrictamente técnicas”, explicó.
El exfuncionario señaló que, pese a los intentos de la Sedesol por subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica Presidencial (UTP), el acuerdo no se publicó debido a instrucciones superiores.
Tras semanas de discusiones, el Congreso Nacional resolvió el impasse aprobando que el remanente del Fondo de Aportaciones Sociales (FAS) de 2023 se incluyera en el Presupuesto General de 2024. Esto permitió a la institución ejecutar los recursos bajo el reglamento de ayudas sociales vigente desde 2022 (Acuerdo Ministerial N° 009-C-SEDESOL-2022).
“Al estar programado directamente a la Sedesol, pudimos proceder con el reglamento ya publicado, respaldando cada fondo con la revisión y aprobación del Comité Técnico Interno del FAS”, añadió el exministro, en alusión a los recursos gestionados también por la diputada Cuéllar.
El exsecretario reiteró que desconocía las acciones puntuales realizadas en Copán y que su papel se limitaba a dar lineamientos técnicos a la Secretaría. “No participé de dichas acciones ni he tenido comunicación alguna ni con la diputada Cuéllar ni con su equipo”, concluyó.
Además del TSC, la presidenta Xiomara Castro ordenó investigar el caso a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero según su titular Sergio Coello, el informe todavía no ha sido concluido.
“Seguimos trabajando en el informe que la presidenta Xiomara Castro nos ha requerido en el marco de todo lo que representa la administración de dichos recursos. Hemos avanzado, creo que un 80%, pero no lo hemos concluido”, declaró.
Informe
Según el documento, la diputada Cuéllar habría beneficiado a personas vinculadas con la política y a familiares, tal como denunció este equipo de investigación el pasado 24 de junio de 2025. Varias de estas personas gestionaban las ayudas en nombre de terceros, pero no entregaban el dinero completo o engañaban a los supuestos beneficiarios.
EL HERALDO Plus evidenció que entre los gestores figuraban Ilsy Baquedano (asistente de Cuéllar), Paola Pérez Moreno (cuñada de la congresista) y Eduardo Elvir.
Diferentes testimonios de los beneficiarios recogidos en el informe mencionan que solo reclamaron los cheques, les entregaron el dinero a personas de confianza de la diputada Cuéllar y luego firmaron documentos que ni siquiera leyeron.
Otros beneficiarios dijeron que fueron trasladados en grupos a sucursales de Banadesa en Cortés, Lempira y Copán, donde cobraban los cheques de forma coordinada y luego los devolvían a Baquedano, Pérez o Elvir.
El informe detalla además que en mayo de 2023 la legisladora de Libre ejecutó 6.5 millones de lempiras en 67 cheques, de los cuales únicamente se cobraron 58, equivalentes a más de 5.1 millones de lempiras.
Este medio conoció que el documento fue remitido hace dos semanas al Ministerio Público. El fiscal general Johel Zelaya confirmó la recepción del expediente en ese entonces, pero el martes que fue difundido a los medios lo calificó como “superfluo”.
"No responden a intereses partidarios. El Ministerio Público investiga casos de corrupción sin distingos de colores políticos”, expresó.
Sin embargo, analistas, diputados y sociedad civil están a la espera de las acciones de Ministerio Público ante los involucrados en la investigación.
“Aquí queda en evidencia una red de corrupción que desviaba recursos destinados a beneficiarios hacia estructuras políticas de la diputada Cuéllar. Es muy probable que este esquema se repita en otros departamentos y con otros legisladores”, advirtió Lester Ramírez, analista e investigador.
El experto en derecho recordó que esta práctica contaba incluso con la anuencia del entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien renunció tras la difusión de un narcovideo en el que se le vincula con Los Cachiros.
Al respecto, el fiscal general argumentó que él será requerido cuando "tengamos los elementos suficientes".
Por su parte, el diputado Carlos Umaña, por su parte, subrayó que los hallazgos del TSC son vinculantes y deben tener consecuencias jurídicas.
"Estos informes son vinculantes, son de motivo para que el Ministerio Público establezca los requerimientos fiscales correspondientes y se investigue hasta las últimas consecuencias, ya que existen las pruebas suficientes para que esta causa sea llevada a la judicialización y se restituya el daño hecho al Estado de Honduras", expresó.
