Julieta Castellanos: Actuación del Ministerio Público en caso Sedesol ha sido sesgada
La exrectora de la UNAH cuestionó al ente acusador del Estado tras un informe del TSC que expone corrupción en fondos sociales vinculados a la diputada Isis Cuéllar y el partido Libre
- 23 de septiembre de 2025 a las 20:54
Tegucigalpa, Honduras.— Aunque el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó un informe en el que confirma corrupción en la ejecución de obras y proyectos sociales a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la actuación del Ministerio Público "ha sido sesgada y parcial en sus investigaciones”, consideró la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
“El Ministerio Público, en otras circunstancias, ha actuado sin necesidad de informes externos, ya sea de oficio o por denuncias públicas. Sin embargo, ahora que existe un informe oficial, está obligado a actuar, más aún a 65 días de las elecciones nacionales”, enfatizó Castellanos.
La socióloga consideró que la forma en que actúe —o se abstenga de actuar— la Fiscalía determinará si el gobierno continuará utilizando fondos públicos para fines electorales, o si existe una verdadera voluntad de sancionar la corrupción. “Este es el gran reto que enfrentan en las próximas semanas”, sentenció.
Más allá de la acción judicial, Castellanos dirigió su crítica hacia el partido Libre, al que responsabilizó de repite las mismas prácticas corruptas e impunes que los partidos del bipartidismo que criticó.
"La asamblea de Libre y su coordinador general emitieron un comunicado contra la corrupción, y la presidenta también se pronunció en ese sentido, pero todo quedó en palabras vacías”, aseguró.
Según su análisis, esta falta de coherencia afecta gravemente la autoridad moral del partido para criticar a otros actores políticos.
“En la campaña para las elecciones del 30 de noviembre, ¿con qué autoridad moral, Libre puede presentarse como combatiente de la corrupción y la impunidad, cuando ha protegido a funcionarios y familiares de la presidencia involucrados en actos ilícitos e incluso en crímenes?”, cuestionó.
La socióloga lamentó que la promesa de una “refundación” del Estado hondureño, que sirvió de bandera electoral para el actual gobierno, perdió todo contenido sustancial.
El término, aseguró, se ha convertido en un simple eslogan sin sustancia, carente de los principios de transparencia, ética y rendición de cuentas que originalmente lo sustentaban.
“Solo fue un lema electoral que se confirma con las acciones y omisiones de estos 40 meses de gobierno, marcados desde el inicio por irregularidades como el llamado ‘segundo pacto de impunidad’, término acuñado en su momento por el exministro de Transparencia”, afirmó Castellanos.
Las palabras de académica hacen referencia al informe especial del TSC, titulado Informe No. 001-2025-DDISP-SEDESOL-A, entregado al Ministerio Público.
El documento detalla una serie de irregularidades en la ejecución de recursos del Fondo de Administración Solidaria entre julio de 2023 y febrero de 2025, específicamente en el departamento de Copán.
Según el informe, la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo gestionó 67 cheques por un valor total de 6.5 millones de lempiras. De estos, se cobraron 58, equivalentes a más de 5.1 millones de lempiras.
Para Castellanos, este informe coloca al ente acusado del Estado en una encrucijada. En sus palabras, la institución tiene ahora la oportunidad de actuar con independencia, pero también la posibilidad de confirmar su papel como actor pasivo ante la corrupción oficial.
La exrectora identificó cuatro casos que ilustran este patrón de omisión o de selectividad.
El primero es el caso Korium, una operación en la que se incautaron de 460 millones de lempiras. A pesar de la magnitud del decomiso, no se ha informado el destino de esos fondos ni a quiénes fueron devueltos.
“Se esperaba una investigación rigurosa y comprometida, pero han sido incapaces de informar qué ocurrió con los fondos incautados”, señaló.
El segundo caso involucra la investigación sobre los supuestos implicados en el complot y el intento de asesinato contra el coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya Rosales. Para Castellanos, la falta de avances y transparencia en este expediente deteriora aún más la imagen institucional.
En tercer lugar, mencionó la ausencia total de acciones en relación con el video que vincula a la diputada Cuéllar y al ministro Sedesol, José Cardona, con el uso cuestionable de recursos públicos. Finalmente, la reciente pesquisa sobre la administración municipal de San Pedro Sula, así como el caso que involucra al diputado Nelson Márquez, despiertan sospechas de estar motivadas políticamente.
Castellanos identificó, además, dos deudas éticas de gran calado que el gobierno no ha resuelto.
La primera es la muerte de 47 mujeres privadas de libertad en un centro penal bajo custodia del Estado, un hecho sin precedentes en un país liderado por una mujer presidenta.
La segunda es la muerte de aspirantes a policías durante los procesos de selección, lo cual reveló, a su juicio, una connivencia entre el Ejecutivo y los sectores represivos del aparato estatal.
“Estos hechos no solo representan una impunidad económica, sino también una impunidad criminal”, advirtió. Castellanos dejó en claro que el reto para el Ministerio Público es monumental.
La institución tiene en sus manos la posibilidad de recuperar algo de credibilidad ante una ciudadanía exhausta por la impunidad. El informe del TSC es una prueba contundente que no puede ser ignorada, consideró.
