Más allá de Sedesol: otras instituciones movieron millones de lempiras del Estado
Investigaciones de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revelaron como oenegés vinculadas a Libre que manejaron millonarios estatales, coincidiendo con indagaciones actuales del Ministerio Público
- Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 17:16
Tegucigalpa, Honduras.—El desfalco de más de seis millones de lempiras en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), un caso revelado por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, ya tiene a cuatro de los al menos once implicados rindiendo declaración ante los órganos de justicia.
El Ministerio Público confirmó que la investigación continúa en curso y que se analizan nuevas líneas de indagación.
Yuri Mora, portavoz del ente acusador del Estado, informó que la investigación se inició en agosto del año pasado y que el caso sigue en desarrollo.
“Hasta ahora son 12 las personas imputadas”, afirmó, y añadió que existen otras líneas abiertas que, una vez concluidas, permitirán identificar a más involucrados.
Sin embargo, la serie investigativa, publicada desde el 27 de julio de 2025, documenta que el manejo irregular de fondos públicos no se limitó a la esfera de Sedesol.
El acto de corrupción fue más allá del exministro Cardona y sus exfuncionarios o a la diputada Isis Cuéllar y sus asistentes, si no que todo operó en términos similares dentro de otras instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales (ONG), exfuncionarios, militantes políticos y otros actores que habrían participado en la malversación de recursos estatales.
Incluso el propio Cardona, al ingresar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió públicamente que el esquema utilizado no fue exclusivo de la dependencia que manejó durante tres años.
“Esa operación de los cheques de Copán, de la que no me di cuenta y que fue hecha a mis espaldas, se realizó mediante un mecanismo que se utilizó no solo en Sedesol, sino en varias instituciones”, declaró.
En la misma comparecencia, agregó que el uso de ese esquema alcanzó dependencias con mayores volúmenes de recursos: “Obviamente, no se va a tocar al exministro de Gobernación, Tomás Vaquero, ni a las personas involucradas en Gobernación, donde estaba la mayor parte del fondo, y mucho menos a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (dirigida entre 2022 y 2024 por Mauricio Ramos, y de 2024 a 2026 por Octavio Pineda)”, sostuvo.
Estas declaraciones coinciden con lo documentado por los equipos de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.
Los registros oficiales analizados confirman que entre 2023 y 2024 la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) concentró la mayor parte de los fondos gestionados por diputados, con desembolsos que alcanzaron los 947 millones de lempiras.
Le siguieron el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con 363 millones, y Sedesol, con 246 millones de lempiras.
Parte de estos recursos, provenientes del Fondo de Administración Solidaria —antes conocido como Fondo Departamental—, fueron transferidos a ONG, alcaldías y otras entidades estatales para la ejecución directa de proyectos sociales y obras de infraestructura menor, bajo un esquema que hoy es objeto de investigación penal.
ONG beneficiadas sin experiencia verificable
La investigación conjunta EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium estableció que más de 150 millones de lempiras terminaron en manos de dos ONG con escasa trayectoria y vínculos con militantes del partido Libre: la Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE).
Ambas recibieron fondos asignados por la SGJD entre 2023 y 2024, bajo un esquema similar al extinto Fondo Departamental.
AMO fue inscrita legalmente en abril de 2024, pese a que había recibido adjudicaciones desde al menos un año antes. MUE, por su parte, fue registrada en octubre de 2021.
En ambos casos, la investigación —basada en documentos oficiales, solicitudes de información, visitas de campo y entrevistas— no encontró evidencia pública de auditorías técnicas, criterios de evaluación ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Los informes de gastos de Gobernación muestran que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se transfirieron 169.2 millones de lempiras a estas dos asociaciones, casi 20 millones más de lo reportado por el Congreso Nacional.
Pese a ello, no existen registros públicos de ejecuciones completas, informes técnicos ni actividades verificables; predominan obras inconclusas o de baja calidad.
La presidenta de Manos a la Obra es Linda María Ordóñez, exfuncionaria de Copeco y del Instituto de la Propiedad.
En Mujeres Unidas Extraordinarias figuran Bessy Jeanette Ramírez Montoya como presidenta y José Jorge Portillo como tesorero.
Aunque no hay constancia de que Ramírez haya sido funcionaria pública, su nombre aparece en el censo del partido Libre.
Ramírez y Portillo también están vinculados a una tercera ONG, Jóvenes Metas, inscrita en 2017, que recibió 22 millones de lempiras de Gobernación en 2023 y otros 25 millones de Sedesol para un programa de becas universitarias.
Ambos, además, constituyeron una empresa privada —Caribex o JJ Caribe— registrada como proveedora del Estado.
Tras analizar bases de datos oficiales, este equipo de investigación y datos identificó que AMO fue seleccionada para ejecutar 124 proyectos entre 2023 y 2024, mientras que MUE figura como ejecutora de 93 proyectos en 2024, ubicándose como las ONG con mayor número de obras asignadas.
En los expedientes no constan responsables legales, contactos ni información sobre experiencia previa.
En Mujeres Unidas Extraordinarias figuran Bessy Jeanette Ramírez Montoya como presidenta y José Jorge Portillo como tesorero.
Aunque no hay constancia de que Ramírez haya sido funcionaria pública, su nombre aparece en el censo del partido Libre.
Ramírez y Portillo también están vinculados a una tercera ONG, Jóvenes Metas, inscrita en 2017, que recibió 22 millones de lempiras de Gobernación en 2023 y otros 25 millones de Sedesol para un programa de becas universitarias.
Ambos, además, constituyeron una empresa privada —Caribex o JJ Caribe— registrada como proveedora del Estado.
Tras analizar bases de datos oficiales, este equipo de investigación y datos identificó que AMO fue seleccionada para ejecutar 124 proyectos entre 2023 y 2024, mientras que MUE figura como ejecutora de 93 proyectos en 2024, ubicándose como las ONG con mayor número de obras asignadas.
En los expedientes no constan responsables legales, contactos ni información sobre experiencia previa.
Luego de que inicialmente se negara el acceso a información, una solicitud oficial confirmó que ambas organizaciones están dirigidas por sus presidentes junto a familiares y personas cercanas.
Consultado por este medio, el secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, aseguró que su entonces dependencia no realiza los desembolsos de fondos y que su función se limita a un trámite administrativo, el cual —según indicó— se ejecuta conforme a los procedimientos establecidos.
Ambas recibieron fondos asignados por la SGJD entre 2023 y 2024, bajo un esquema similar al extinto Fondo Departamental.
AMO fue inscrita legalmente en abril de 2024, pese a que había recibido adjudicaciones desde al menos un año antes. MUE, por su parte, fue registrada en octubre de 2021.
En ambos casos, la investigación —basada en documentos oficiales, solicitudes de información, visitas de campo y entrevistas— no encontró evidencia pública de auditorías técnicas, criterios de evaluación ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Los informes de gastos de Gobernación muestran que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se transfirieron 169.2 millones de lempiras a estas dos asociaciones, casi 20 millones más de lo reportado por el Congreso Nacional.
Pese a ello, no existen registros públicos de ejecuciones completas, informes técnicos ni actividades verificables; predominan obras inconclusas o de baja calidad.
La presidenta de Manos a la Obra es Linda María Ordóñez, exfuncionaria de Copeco y del Instituto de la Propiedad.
En Mujeres Unidas Extraordinarias figuran Bessy Jeanette Ramírez Montoya como presidenta y José Jorge Portillo como tesorero.
Aunque no hay constancia de que Ramírez haya sido funcionaria pública, su nombre aparece en el censo del partido Libre.
Ramírez y Portillo también están vinculados a una tercera ONG, Jóvenes Metas, inscrita en 2017, que recibió 22 millones de lempiras de Gobernación en 2023 y otros 25 millones de Sedesol para un programa de becas universitarias.
Ambos, además, constituyeron una empresa privada —Caribex o JJ Caribe— registrada como proveedora del Estado.
Tras analizar bases de datos oficiales, este equipo de investigación y datos identificó que AMO fue seleccionada para ejecutar 124 proyectos entre 2023 y 2024, mientras que MUE figura como ejecutora de 93 proyectos en 2024, ubicándose como las ONG con mayor número de obras asignadas.
En los expedientes no constan responsables legales, contactos ni información sobre experiencia previa.
Luego de que inicialmente se negara el acceso a información, una solicitud oficial confirmó que ambas organizaciones están dirigidas por sus presidentes junto a familiares y personas cercanas.
Consultado por este medio, el secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, aseguró que su entonces dependencia no realiza los desembolsos de fondos y que su función se limita a un trámite administrativo, el cual —según indicó— se ejecuta conforme a los procedimientos establecidos.
Obras inexistentes y ejecuciones apresuradas tras el escándalo
Tras la publicación de la investigación Red de ONG vinculadas a Libre recibió más de L150 millones del fondo de diputados, EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium confirmaron que había más de 210 proyectos adjudicados a estas organizaciones.
Una verificación en campo realizada por este equipo periodístico reveló graves inconsistencias entre los informes oficiales y la realidad. En varios municipios donde los proyectos figuran como “en ejecución” o “finalizados”, lo que se encontró fueron obras paralizadas, construcciones de baja calidad o intervenciones que no responden a las necesidades comunitarias.
De los proyectos ejecutados por AMO y MUE que fueron inspeccionados, algunos presentan avances mínimos, otros están abandonados y varios muestran problemas de ubicación, ejecución técnica o pertinencia social.
Estos hallazgos contrastan con el discurso utilizado por los congresistas para justificar el uso de los 950 millones de lempiras que el Congreso Nacional aprueba anualmente para ser gestionados por diputados con el argumento de “ayudar a las comunidades”.
El análisis, realizado por los equipos periodísticos, de los informes del Congreso Nacional y de la SGJD confirma que Manos a la Obra fue responsable de 124 obras y proyectos sociales entre 2023 y 2024, convirtiéndose en la ONG con más asignaciones.
En el caso de Mujeres Unidas Extraordinarias, los proyectos se concentraron principalmente en Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y Atlántida. No obstante, en ninguno de los dos casos existe evidencia pública suficiente que respalde una ejecución efectiva y completa.
Este patrón se suma al escándalo por el desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social, que también opera con recursos de esta partida y presenta características similares de opacidad y posible uso político de fondos públicos.
Tras la publicación de investigaciones periodísticas, se detectó que diputados y ONG vinculadas a Libre aceleraron la ejecución de proyectos con diversas irregularidades.
Un ejemplo es la compra de cemento por la Asociación Manos a la Obra en Danlí, financiada con fondos canalizados por la SGJD, cuya entrega se realizó sin verificar beneficiarios ni documentar adecuadamente el inicio de las obras.
Aunque su presidenta, Linda María Ordóñez, reconoció retrasos por trámites administrativos, se constató que algunas obras reportadas como finalizadas no existen.
De manera similar, Mujeres Unidas Extraordinarias recibió millonarios fondos públicos sin que exista información detallada sobre avances, contrataciones o liquidaciones.
Al ser consultada, la organización brindó respuestas generales y sin compromisos verificables. Estas irregularidades coinciden con las investigaciones del Ministerio Público, las cuales concuerdan con lo ya publicado por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.
