Obras de mala calidad e inconclusas dejan ONG ligadas a Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 210 proyectos, con un valor superior a 150 millones de lempiras, fueron adjudicados a dos organizaciones no gubernamentales (ONGs) —Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE)— para ejecutarse en distintos departamentos del país.

El dinero proveniente del Fondo de Administración Solidaria, antes conocido como Fondo Departamental, fue gestionado por diputados —la mayoría de Libertad y Refundación (Libre)— a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

Sin embargo, una investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revela profundas inconsistencias en la ejecución de esos recursos. El equipo viajó a varios municipios donde, según informes oficiales, hay obras “en ejecución” o ya finalizadas.

La realidad constatada en el terreno es otra: proyectos paralizados, construcciones de dudosa calidad y fondos destinados a estructuras que no responden a las verdaderas necesidades de las comunidades.

De los proyectos verificados —a cargo de AMO y de MUE—, algunos muestran avances mínimos, otros están abandonados y varios presentan serios problemas de ubicación, ejecución técnica o pertinencia comunitaria.

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La realidad encontrada dista mucho de lo que los congresistas prometieron al justificar el uso de los 950 millones de lempiras del fondo aprobado anualmente por el Congreso para ser gestionado por los diputados, recursos destinados supuestamente a "ayudar a sus comunidades".

La expedición comenzó en el municipio de San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz, una zona olvidada por el desarrollo y devastada por las lluvias.

Ahí, el diputado de Libre, Bayron Eduardo Banegas Mejía, prometió la construcción de una caja puente, con un costo de 85,435 lempiras, adjudicada a MUE. La obra se hizo, pero mal, afirman residentes.

Para llegar al sitio hay que atravesar un tramo destruido por el clima. Un enorme socavón mantiene incomunicado al municipio con la cabecera departamental. Ni carros ni maquinaria pueden acceder. El lodo cubre el camino, y ni siquiera a pie se transita con facilidad.

“Ese diputado, solo promesas”, dijo Carlos Rodríguez (nombre ficticio), conductor de mototaxis. “Tiene un montón de máquinas aquí, pero no las mueve. Y esa caja puente la hicieron en un lugar inútil; ni yo paso por ahí”.

La estructura, efectivamente construida, fue colocada sobre una quebrada casi seca, con materiales sueltos colgando y fragmentos de concreto que se desprenden al tacto, y su tamaño es de de tres por tres metros.

Encima, un cartel con la imagen de la presidenta Xiomara Castro declara: “Sí cumple”. El anuncio es más grande que el puente mismo.

Los vecinos de San Pedro de Tutule, con la amabilidad que caracteriza a los habitantes de La Paz, expresaron su frustración. Solicitan al Gobierno central que acelere los proyectos prometidos.

Señalaron que ni siquiera Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ha cumplido con los compromisos adquiridos con la comunidad.

La ruta continuó hacia Marcala, el municipio económicamente más activo de La Paz. Allí, se rastrearon los proyectos gestionados por el diputado Banegas. Pero las listas de ayudas sociales entregadas por el presidente del Congreso, Luis Redondo, apenas ofrecían datos genéricos.

Uno de los destinos fue la escuela Marilú Urquiza Aguilar, donde se prometió instalar una malla ciclónica para proteger a los estudiantes. Al llegar, se encontró un muro de más de 1,500 bloques en construcción.

La comunidad explicó que fue el ingeniero Kenny Banegas, hermano del diputado, quien decidió reemplazar la malla por un muro “para ayudar más”.

Ese cambio, sin estudios técnicos ni aprobación oficial, encendió alarmas. MUE, consultada por este medio, declinó responder preguntas.

En un mensaje institucional, argumentaron que no estaban autorizados a brindar declaraciones públicas y que todo debía canalizarse “a través de la institución correspondiente”.

Las irregularidades se acumulan. En Marcala, una sola caja puente, ubicada en La Dalia, cuesta 2.9 millones de lempiras, más del doble de las tres cajas construidas por Banegas en otros sectores: Sisiguara, Brisas del Bosque y San Pedro de Tutule, con un presupuesto total de 1.2 millones.

Esta obra más cara está siendo ejecutada por Kenny Banegas, con personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), de acuerdo con el testimonio de los trabajadores.

Durante la investigación, surgió un tercer nombre: Robinson Banegas, gobernador departamental. Los tres hermanos —Bayron, Kenny y Robinson— conforman, según varios testimonios locales, el trinomio que controla la adjudicación y ejecución de proyectos en Marcala.

Como MUE no tiene capacidad técnica propia, subcontrata empresas privadas, las cuales —según fuentes locales— pertenecen o están vinculadas a los Banegas.

La estrategia se repite: fondos públicos, contratos discretos, obras antes de elecciones. Una fórmula eficaz para consolidar poder político y económico.

En busca de respuestas, este equipo acudió a la alcaldía de Marcala. La alcaldesa nacionalista Ana Lucía Castro López reconoció que no tiene información sobre los proyectos del diputado Banegas.

“Nosotros desconocemos lo que hacen los diputados. Si queremos ayuda, tenemos que hablar con alguien de Libre. Si no, ni nos atienden”, dijo.

Añadió que las obras se ejecutan sin coordinación con la municipalidad. “El diputado decide dónde hacerlas. Si piden ayuda, los apoyamos, pero normalmente no nos incluyen”.

Consultada sobre la pertinencia de las obras, respondió: “Hacen proyectos donde casi no pasan carros. Aquí, en el centro, donde sí se necesitan, hay proyectos detenidos”.

Además, indicó que nunca escuchó de las oenegés Manos a la Obra ni Mujeres Unidas Extraordinarias, pese a solicitar a la Oficina de Transparencia un informe.

Según fuentes de este rotativo, la alcaldesa también estaría vinculada al círculo político-empresarial de los Banegas. Su madre, la exdiputada nacionalista Gladis Aurora López Calderón, habría sido la figura que les dio el visto bueno.

“La consideran la madrina de los Banegas”, aseguró una fuente con acceso a documentación que conecta la alcaldía con empresas adjudicatarias de proyectos públicos.

De acuerdo con la documentación del Congreso Nacional, Bayron Banegas fue el parlamentario de La Paz que más dinero gestionó en 2024, ya que los fondos solicitados superan los seis millones de lempiras.

Las obras que el diputado solicitó a MUE son la construcción de cuatro cajas puentes, donde invirtió 1.9 millones; entrega de kits para emprendedores con un costo de 1.9 millones, la construcción del muro perimetral de 200,000, la restauración de una rotonda en Lejamaní y adoquinado de La Ermita por 1.3 millones y la construcción de dos bahías para buses por 634,527 lempiras.

Banegas no fue el único; su compañero de bancada, el diputado Enrique Belpran Martínez, movió 3,899,999 en reparación de casas y un proyecto de agua potable, pero a través de la Asociación Manos a la Obra.

Lo que comenzó como una promesa de desarrollo comunitario se convirtió, en varios municipios de La Paz, en una red opaca de contratos familiares, obras de baja calidad y desinformación institucional.

Mientras tanto, las comunidades siguen incomunicadas, las escuelas desprotegidas y los recursos públicos sin supervisión real.

Obras sin comenzar, estructuras a medio hacer, zonas remotas y fondos entregados directamente a una ONG de reciente creación.

Esa es la radiografía que describe el actuar de Manos a la Obra, una organización no gubernamental señalada de ser utilizada por diputados del partido Libre para movilizar dinero del Congreso Nacional con escasa o nula fiscalización.

En una ruta de más de 120 kilómetros desde Marcala, por caminos deteriorados, curvas cerradas y pendientes agrestes, el equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta las tierras del cacique Lempira para verificar el destino de 6.5 millones de lempiras gestionados por el diputado de Libre Dany Leonel Murillo.

Los fondos fueron entregados a AMO para la ejecución de diversos proyectos comunitarios, entre ellos, la electrificación del campo de fútbol de la comunidad de Matasano, en el municipio de La Iguala.

Según el proyecto, aprobado por el Congreso y Gobernación, se instalarían cinco postes de energía, con sus respectivas lámparas y cableado eléctrico, por un valor total de 500,000 lempiras.

El recorrido hasta la comunidad implicó una caminata adicional de 30 minutos tras llegar al centro municipal. Al buscar el campo, lo primero que se encontró fue una cancha deteriorada, con postes de madera tirados, charcos de agua y sin condiciones para la práctica deportiva.

Sin embargo, los pobladores señalaron que esa no era la cancha del proyecto, sino una ubicada unos 10 minutos cuesta abajo, conocida —según afirmaron— como “el campo de los Libres”, en referencia a simpatizantes del partido oficialista.

Al llegar al lugar indicado, el panorama fue igual o peor: un campo disparejo, erosionado por la lluvia y el sol, sin ningún rastro de postes ni instalación eléctrica.

Se observaban señales de actividad reciente —botellas de agua, tacos, guantes— pero ni una sola evidencia de que el proyecto estuviera en marcha. Entonces, ¿dónde están los postes?

La búsqueda llevó al equipo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium hasta la iglesia católica San Antonio de Padua, en la comunidad de Matasano, a unos 15 minutos en vehículo.

Allí, vecinos identificados con banderas de Libre observaron con recelo la presencia de los periodistas, pero esto no impidió que se continuara con el trabajo.

Frente al templo, sobre la calle, se encontraron cinco postes de madera abandonados, visiblemente deteriorados por el paso del tiempo, con signos claros de que no fueron adquiridos recientemente. El material, agrietado y ennegrecido, delataba años de exposición a la intemperie.

Consultada por este medio, una pobladora identificada como Iris Vásquez, militante del partido Libre, aseguró que “ya se estaba trabajando en eso” y que la semana anterior habían comenzado las instalaciones.

No obstante, al cierre de esta edición, y pese a que se comprometieron a enviar evidencia al equipo, no se recibió ni respuesta ni documentación alguna.

La tensión creció entre los vecinos al percibir la investigación. Fue entonces cuando apareció el propio diputado Murillo, quien dialogó brevemente con el equipo. Sus declaraciones fueron reveladoras.

“Yo fui el más afectado. Necesitaba que esas obras estuvieran listas para mi campaña política”, admitió, sin rodeos.

Murillo explicó que seleccionó a Manos a la Obra desde 2024 para que, cuando se aprobaran los desembolsos, la ONG ejecutara los proyectos y fortaleciera su presencia en la comunidad.

Reconoció que viajó a Tegucigalpa para reunirse cara a cara con la presidenta de AMO, en la colonia Bella Oriente, con el fin de presentar los proyectos que había priorizado.

También deslindó responsabilidad: “Ellos (AMO) son los responsables. Yo solo gestioné los fondos. La ejecución es 100% de la ONG”, declaró.

En la municipalidad de La Iguala, el secretario Alex Pérez confirmó que ni AMO ni MUE tienen presencia registrada oficialmente.

“No, no han hecho nada. Los postes siguen tirados, como ya lo dijo el alcalde. Las obras se están haciendo sin tomarnos en cuenta”, declaró Pérez.

Ninguno de los proyectos ejecutados por AMO ha sido socializado con las autoridades locales. La comunidad, mientras tanto, sigue esperando un alumbrado que nunca llegó y fondos que no tienen justificación visible en el terreno.

Este caso, como otros documentados por este equipo periodístico, demuestra un patrón repetido: fondos públicos transferidos a ONGs opacas, con escasa supervisión, obras sin impacto real y manejos que coinciden con períodos electorales.

La necesidad de verificar con objetividad los hechos y evitar que los habitantes de distintos municipios de Honduras fueran nuevamente engañados con proyectos fantasma llevó a este equipo de investigación hasta Lepaera, un municipio identificado con el partido de gobierno.

El trayecto implicó una hora y media adicional de viaje, pero valió la pena: allí nos recibió Félix Pineda, alcalde municipal, quien no solo abrió las puertas de su oficina, sino que también accedió a hablar con franqueza sobre la situación actual de los proyectos públicos en su localidad.

Con su característico sombrero negro y un tono afable, Pineda fue consultado en primer lugar sobre las organizaciones no gubernamentales que, según registros oficiales, estarían operando en la zona.

Dijo no conocer ninguna y, al mencionarle Manos a la Obra, respondió con ambigüedad: “Desconozco lo que me pregunta, pero una vez creo haber escuchado esa ONG que usted menciona”, dijo.

También insinuó que tal vez el nombre surgió en alguna conversación informal con el diputado de la zona, pero no lo podía asegurar.

Sobre los doce proyectos registrados en los documentos oficiales —todos con un valor total de 2,614,365 lempiras—, el alcalde aseguró que “están siendo ejecutados”.

Sin embargo, tras revisar uno a uno los nombres de las obras, reconoció que solo dos han sido finalizadas: la pavimentación de la etapa I en la aldea La Jagua y el balastreo de una calle cercana a la entrada del municipio. El resto, dijo, “probablemente están en desarrollo”.

Los proyectos en cuestión incluyen: pavimentación con concreto hidráulico en la aldea La Jagua (fase II), con un valor de L 200,000; apoyo para tratamiento médico de enfermedades crónicas o terminales, por L 500,000; pavimentación en la aldea Rinconada, con un monto igual al anterior; reparación de la cerca perimetral en la Escuela José Trinidad Reyes, valorada en L 179,657.

Además, el mejoramiento del área de juegos del Jardín de Niños Zenobia Rodas de León, en la aldea La Estancia, por L 80,000; suministro de tubería para rehabilitar acueducto y alcantarillado en la aldea Los Chiles, por L 120,000; y suministro para bombeo de agua potable, también con rehabilitación de acueducto y alcantarillado, esta vez en la aldea Brisas del Ocotillo, por L 80,000.

También se incluyen la construcción de un muro de contención con alcantarillado en la aldea Yuenita (L 80,000), pavimentación en Lagunas de Pajapas (L 200,000) y mejoramiento del auditorio del Instituto Manuel Canelo Perdomo, con una inversión de L 120,000.

A pesar de los montos asignados, Pineda expresó dudas sobre la veracidad de las cifras reportadas, en especial en lo que respecta a las obras de pavimentación.

Según él, los valores no se corresponden con el tipo de obra que supuestamente se ha realizado. “No creo que eso sea pavimento. Son huellas las que usted menciona. Con esa cantidad no se puede hacer mucho”, aseguró, refiriéndose a los L 200,000 presupuestados para una calle.

Además, reveló que, en varias ocasiones, la municipalidad ha tenido que aportar fondos adicionales para completar proyectos atribuidos públicamente al diputado Murillo.

Citó como ejemplo un reciente evento de inauguración de una bomba de agua potable: “Nosotros como municipalidad tuvimos que poner 120,000 lempiras más. Él dio como 80,000 o menos, no lo recuerdo bien”.

También reconoció que no es la primera vez que Murillo ha sido asistido por la alcaldía, ya que otras calles dentro del casco urbano también fueron terminadas con fondos municipales.

Consultado sobre posibles vínculos entre el diputado y empresas constructoras, Pineda negó conocer cualquier relación directa o familiar. “No, hasta donde yo sé, no tiene familiares que se dediquen a ese rubro”, dijo, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

Por otro lado, testimonios recabados entre los pobladores de Lepaera revelan que muchas de las obras han sido ejecutadas en comunidades claramente identificadas con el partido Libre, y que respaldaron al diputado en las elecciones.

Varias de estas comunidades, además, están situadas en zonas alejadas, lo cual dificulta la supervisión efectiva de las obras en un solo día. “Las hizo muy, pero muy lejos”, afirmó un residente, quien prefirió mantenerse en el anonimato. “Así nadie llega a ver si están terminadas o no”.

Este patrón —obras distribuidas en zonas remotas, con cifras dudosas y ejecución parcial— siembra nuevas dudas sobre la transparencia en la asignación de fondos públicos, la supervisión de las obras y el verdadero alcance de los proyectos anunciados.

Más de 150 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria fueron gestionados por dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sin una trayectoria consolidada, pero estrechamente vinculadas al partido Libertad y Refundación (Libre).

La investigación, realizada por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, pone de manifiesto cómo estos fondos, destinados a obras de infraestructura social, terminaron en manos de organizaciones con escasa experiencia y sin un seguimiento adecuado de la ejecución de proyectos.

Las ONGs beneficiadas fueron Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), ambas con vínculos directos a figuras de Libre, lo que ha suscitado serias dudas sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.

No se encontraron evidencias de auditorías técnicas, criterios de evaluación o mecanismos claros de rendición de cuentas en los portales de transparencia del gobierno.

Las dos organizaciones recibieron recursos destinados a proyectos sociales e infraestructura menor, pero no existe información suficiente sobre su ejecución real, ya que los proyectos, cuando se encontraban en desarrollo, eran de baja calidad o simplemente inconclusos.

Manos a la Obra, fundada en septiembre de 2023, y Mujeres Unidas Extraordinarias, registrada en 2021, recibieron grandes sumas de dinero del fondo, sin haber demostrado previamente una trayectoria sólida en la gestión de proyectos de infraestructura o sociales.

A pesar de los recursos asignados, ambas organizaciones carecen de presencia pública o informes visibles sobre sus actividades. En el caso de AMO, por ejemplo, su sede no parece contar con las condiciones de una organización activa, ya que fue identificada en una vivienda común sin distintivos o señales de que allí operara una ONG.

Además, Linda María Ordóñez, presidenta de AMO, tiene fuertes vínculos con el partido oficialista, lo que añade dudas sobre la transparencia en la asignación de recursos.

El análisis de los informes publicados por el Congreso Nacional y la Secretaría de Gobernación mostró que AMO fue responsable de 124 obras y proyectos sociales entre 2023 y 2024, lo que la convierte en la ONG con más obras asignadas.

De igual manera, MUE ejecutó 93 proyectos sociales en el mismo período, destacándose como la segunda organización con más recursos adjudicados. Sin embargo, en ambos casos, la documentación es escasa, sin registros claros de actividades, lo que ha generado sospechas sobre el destino de los fondos públicos.

El caso de AMO es particularmente llamativo debido a la relación directa con el partido Libre, ya que varios diputados del oficialismo gestionaron recursos para obras a través de esta ONG, a pesar de su corta existencia y su falta de capacidad técnica en la ejecución de obras.

En cuanto a MUE, a pesar de estar constituida en 2021, también recibió grandes sumas de dinero en 2024, sin demostrar una estructura operativa o resultados concretos de los proyectos financiados.

La presidenta de MUE, Bessy Jeanette Ramírez Montoya, y su tesorero, José Jorge Portillo, también están vinculados a la organización Jóvenes Metas, que también recibió fondos del gobierno, lo que genera una cadena de conexiones entre las ONG que comparten recursos y figuras clave.

Además, se descubrió que tanto AMO como MUE operan con estructuras familiares, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

En el caso de MUE, sus proyectos se distribuyeron principalmente en zonas como Cortés, Choluteca, Francisco Morazán, y Atlántida, con intervenciones en infraestructura y programas sociales. Sin embargo, al igual que con AMO, no existe evidencia de que estas obras hayan sido realizadas de manera efectiva.

Este escándalo se suma al desvío de fondos en Sedesol, también vinculado a este patrón de manejo opaco de recursos públicos, con fondos que parecen estar siendo utilizados para fines políticos y personales, en lugar de ser dirigidos a las comunidades más necesitadas.