TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los 40,000 trabajadores contratados bajo la modalidad de empleo por hora no podrían ser despedidos de sus puestos de trabajo, de lo contrario los patronos incurrirían en responsabilidad civil, administrativa y penal.
Así lo establece el artículo tres del dictamen del decreto encaminado a derogar la Ley de Empleo por Hora, en cuyo segundo párrafo subraya que “el patrono o empleador de naturaleza pública o privada que incumpla, disminuya o transgreda los derechos de los trabajadores, incluido el despido o la cesación, será responsable civil, administrativa y penalmente, según corresponda conforme a derecho”.
“La Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social debe vigilar y garantizar la estabilidad laboral amparado en la supremacía de las normas constitucionales de protección de los trabajadores”, añade la parte inicial de la misma disposición del dictamen al que tuvo acceso EL HERALDO.
ES DE INTERÉS: Derogación de Ley de Empleo por Hora pasa primer debate en el Congreso Nacional
Bajo la protección de artículos relativos al derecho del trabajo, garantías de la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Código del Trabajo y demás legislación vigente quedarán protegidos los trabajadores contratados al amparo de la normativa contenida en el decreto 354-2013.
El dictamen con el que se abolirá el marco legal en vigor hace ocho años no podrá ser invocado como causal de despido, se estipuló.
+Misión de la ONU que ayudará a instalar la CICIH llega a Honduras el 9 de mayo
Pasa segundo debate
En segundo debate pasó el miércoles en el Congreso Nacional el referido dictamen y hoy se someterá a discusión y aprobación en el hemiciclo. La bancada del Partido Nacional fijó su postura en contra de la anulación de la Ley de Empleo por Hora, instando a presentar una propuesta alterna para conservar empleos y generar nuevas plazas de trabajo.
Aunque el artículo tres de la derogatoria del instrumento jurídico contempla que entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el congresista del Partido Liberal, Yuri Sabas, sugirió ampliar este plazo a 180 días.
VEA: Magisterio exige derogar los 23 reglamentos de la Ley Fundamental de Educación
