Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los diputados liberales Francis Cabrera, Rashid Mejía y Saraí Espinal, por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y presunta incitación al odio.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) y cuenta con el respaldo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).
En el escrito, las organizaciones cuestionan los discursos de los tres congresistas sobre la supuesta eliminación de garantías constitucionales, en el marco de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal relacionadas con los grupos denominados terroristas.
Según los denunciantes, los planteamientos podrían poner en riesgo derechos fundamentales de la población hondureña, por lo que solicitaron al Ministerio Público investigar los hechos y establecer si existen responsabilidades jurídicas.
El coordinador general de ARCAH, Christopher Castillo, defendió la importancia de las garantías constitucionales y cuestionó los planteamientos de los parlamentarios en materia de seguridad.
“Los derechos humanos son todos los derechos en que reposan las garantías de todas las personas de este país”, manifestó Castillo.
El representante de ARCAH sostuvo que los planteamientos de los diputados sobre seguridad no atienden las estructuras criminales y cuestionó que no se prioricen medidas contra funcionarios involucrados en actos de corrupción.
En ese sentido, indicó que la denuncia busca que el Ministerio Público investigue una posible incitación al odio contra grupos de personas y el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales.
Acciones
Entre las acciones de Saraí Espinal figuran diversas iniciativas y propuestas de reformas penales orientadas a endurecer las sanciones contra el crimen organizado y otros delitos graves; entre ellas destaca la propuesta de reducir de 18 a 16 años la edad punible para menores involucrados en delitos graves.
"Nosotros sabemos que somos signatarios de los derechos humanos. Sin embargo, el valor de la vida es aún mayor. Por lo tanto, hemos estado en comunicación con el presidente Tomás Zambrano y también con el presidente de la Comisión de Seguridad, Marco Paz, y nos ha manifestado que se va a socializar y que se tienen que renunciar algunos derechos internacionales; se van a hacer por el bien del país", explicó Espinal.
Por su parte, Francis Cabrera planteó eliminar los tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos en Honduras, al considerar que estos podrían representar un obstáculo para endurecer las medidas contra la delincuencia.
“Hay un conflicto entre bajar la edad punible y los derechos humanos. La solución podría ser eliminar los derechos humanos de Honduras. Si en realidad eso no nos ayuda y sí los derechos humanos son una causa para que exista impunidad en el país. Si los derechos humanos protegen más al delincuente que al partidario, yo soy partidario de que quitemos los derechos humanos”, apuntó.
En tanto, Rashid Mejía se refirió a las posibilidades de rehabilitación de los jóvenes involucrados en actividades delictivas y atribuyó las dificultades para su reinserción al entorno social y psicológico en el que crecieron.
“El punto principal de esto es el daño psicológico que tiene esta gente, por el tejido social. No hay un punto de regreso. No hay rehabilitación, porque ese es el modo en que ellos crecieron, vivieron y así van a vivir hasta que se mueran", aseguró Mejía.
Coiproden respalda denuncia
El director de Coiproden, Wilmer Vásquez, respaldó la acción presentada ante el Ministerio Público y expresó su rechazo a actuaciones que, a su criterio, afectan la defensa de los derechos humanos en Honduras.
El representante de la organización sostuvo que defender los derechos humanos, los bienes comunes y la dignidad de las personas no debe convertirse en motivo de intimidación o criminalización.
"Sin duda, nosotros reafirmamos que defender los derechos humanos, los bienes comunes y la dignidad de las personas no debe de ser motivo ni de estigmatización, intimidación, mucho menos de la criminalización"
Además agregó "Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, instituciones y ciudadanía a que nos mantengamos vigilantes, unir nuestros esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales".
La denuncia ahora queda en manos del Ministerio Público, institución a la que los representantes de las organizaciones solicitaron investigar los señalamientos y determinar si corresponde deducir responsabilidades legales.
Reformas
El Congreso Nacional aprobó las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer las medidas contra las maras, pandillas y organizaciones declaradas terroristas.
Las modificaciones buscan ampliar las herramientas legales para investigar y sancionar a las personas vinculadas con estas estructuras.
Entre las disposiciones figura el uso de tatuajes alusivos a maras y pandillas como elementos dentro de las investigaciones sobre posibles vínculos con estas organizaciones; la normativa también contempla mecanismos para identificar símbolos y características asociados con las estructuras criminales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante el análisis de las reformas, planteó observaciones sobre la utilización de tatuajes en los procesos penales y señaló que estos no deben constituir, por sí solos, una prueba determinante para establecer la responsabilidad penal de una persona.
Las reformas también establecen penas de entre 30 y 40 años de prisión por delitos de terrorismo, restricciones a determinados beneficios penitenciarios y modificaciones a los procedimientos de investigación, detención y allanamiento relacionados con las organizaciones criminales.
