La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplicó el marco legal al derogar la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Este recordatorio lo formularon ayer magistrados de la CSJ, en respuesta a nuevas críticas del presidente Porfirio Lobo Sosa a este poder del Estado.
Lobo Sosa cuestionó que al derogar la reforma a la Ley del ISR, el Poder Judicial favoreció al sector empresarial.
En represalia hasta aseveró con debilitar la impartición de justicia en el país, al rebajarle el presupuesto a la CSJ.
En los magistrados prevaleció ayer la tranquilidad tras conocer las críticas y amenazas del mandatario. “Aquí hay libertad de expresión, los criterios de cada quien se respetan, aunque no se compartan”, expresó la magistrada de la CSJ, Rosa de Lourdes Paz. “Nosotros juramos cumplir con la Constitución y las leyes, de acuerdo a nuestro juramento somos imparciales, tratamos de hacer nuestro trabajo enmarcados en la ley, sin favorecer a ninguna de las partes que estén en contienda”, añadió.
En este caso concreto, tras un análisis jurídico del recurso interpuesto por los empresarios, la Sala Constitucional resolvió con anular los efectos de la reforma.
La Sala Constitucional valoró la opinión del Ministerio Público que la reforma al ISR es inconstitucional porque autorizaba un cobro retroactivo del impuesto.
La Constitución ordena que la ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. “Una parte de ese decreto es que se estaba aplicando una retroactividad, que de acuerdo a la Constitución y las leyes no es aplicable”, indicó. Hizo la comparación de un partido de fútbol, donde el que pierde casi siempre sale criticando.
Sin influencia
En torno a las amenazas del mandatario de recortar el presupuesto a la CSJ, la magistrada dijo que eso no debe influir en los magistrados y jueces en seguir aplicando la ley.
El Poder Judicial tiene una cuota constitucional que no debe ser menor del 3%. Por su parte, el magistrado Jacobo Cálix dijo esperar que no se dé una reducción del presupuesto por derogar la ley del ISR. Es más, la administración de justicia requiere más fondos para ser más ágil y eficiente, para contrarrestar la criminalidad organizada.
