Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños tendrán más tiempo para ponerse al día con sus deudas tributarias y de servicios públicos sin pagar multas, recargos e intereses moratorios.
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad y con dispensa de dos debates una prórroga de las amnistías que estaban vigentes hasta hoy 12 de octubre, y que ahora se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026.
La ampliación fue planteada mediante un proyecto presentado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, ante el vencimiento de estos beneficios.
La medida comprende seis áreas: tributaria, municipal, vehicular, aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), agua potable y saneamiento, y energía eléctrica.
La prórroga busca dar un nuevo plazo a personas naturales, empresas y patronos para regularizar sus obligaciones pendientes. Sin embargo, no significa que las deudas principales queden perdonadas, pues las condiciones de cada amnistía establecen cómo deben pagarse los montos adeudados para acceder al beneficio.
La amnistía tributaria permite a los contribuyentes regularizar obligaciones ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) sin las sanciones pecuniarias contempladas en el beneficio, entre ellas multas, recargos e intereses.
Esto incluye casos de pagos tardíos y obligaciones formales pendientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el decreto.
En el caso de los contribuyentes que todavía adeudan impuestos, la exoneración de sanciones no los libera de pagar el tributo principal. Para acogerse a la medida, deben cumplir con los pagos pendientes en los plazos, montos y condiciones que correspondan a cada obligación.
La amnistía municipal, por su parte, permite pagar tributos, tasas y contribuciones municipales sin los recargos por mora cubiertos por la disposición.
El beneficio alcanza a personas y empresas, incluso a quienes ya habían suscrito planes de pago, mientras que las alcaldías pueden establecer acuerdos que se extiendan más allá del período de vigencia de la amnistía.
La normativa también contempla ampliar por 30 días los descuentos conocidos como pronto pago. Este beneficio se suma a la oportunidad de regularizar obligaciones municipales acumuladas.
Los propietarios de vehículos también tendrán hasta el 31 de diciembre para ponerse al día con las obligaciones administradas por el Instituto de la Propiedad (IP). La amnistía vehicular contempla el pago de la tasa anual por matrícula, tasas registrales y tasas viales municipales, además de las contribuciones correspondientes, sin las multas y sanciones cubiertas por el decreto.
El beneficio incluye vehículos que presentan obligaciones pendientes de períodos fiscales anteriores, así como determinados planes de pago acordados previamente. El IP deberá realizar los arreglos administrativos necesarios para aplicar la ampliación y mantener las condiciones de los acuerdos que cumplan con lo establecido en la normativa.
Otra de las áreas beneficiadas es el IHSS, la amnistía permite a los patronos del sector público y privado regularizar deudas por aportaciones patronales y de los trabajadores que dejaron de enterar al instituto, sin pagar los recargos, multas e intereses contemplados en la medida.
Para acogerse a este beneficio, los patronos deben pagar la deuda principal o formalizar los convenios correspondientes bajo las condiciones y plazos que establezca el IHSS.
El decreto también dispone que el instituto restablezca el acceso a los servicios de salud y protección social de los afiliados cuyos patronos regularicen sus obligaciones mediante los pagos o acuerdos previstos.
Además, las autoridades del IHSS deberán depurar y conciliar las cuentas por cobrar consideradas incobrables, incluidas las correspondientes a personas naturales o jurídicas liquidadas o fallecidas, cuando esa condición esté debidamente comprobada. Para ello podrán solicitar información a alcaldías, autoridades tributarias, cámaras de comercio y otras instituciones.
Los usuarios con saldos pendientes por el servicio de agua potable y saneamiento podrán acogerse a la amnistía para evitar el pago de multas, recargos e intereses moratorios por reconexión contemplados en la disposición.
La medida incluye servicios prestados por entidades estatales, municipalidades, juntas de agua, patronatos y empresas públicas o privadas concesionarias. Para obtener el beneficio, los usuarios deberán pagar los valores correspondientes al servicio o suscribir convenios de pago conforme a las condiciones establecidas.
En el sector energético, la prórroga beneficia a personas y empresas con obligaciones pendientes ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los usuarios deberán cancelar los valores adeudados por consumo eléctrico sin la aplicación de las multas, recargos e intereses cubiertos por la amnistía, o suscribir los convenios de pago permitidos.
La empresa estatal deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para ejecutar el beneficio. En ambos casos, tanto para agua como para energía, la eliminación de cargos moratorios está sujeta al cumplimiento de las condiciones de pago correspondientes.
El dictamen también establece que los entes responsables de las amnistías deberán informar al Congreso Nacional sobre el impacto de los beneficios dentro de los 60 días posteriores a su finalización. El objetivo es que el Legislativo pueda evaluar los resultados de la medida y determinar si ha sido efectiva para facilitar la regularización de las deudas.
Con la aprobación de la prórroga, los contribuyentes, propietarios de vehículos, patronos y usuarios de servicios públicos dispondrán de más de dos meses adicionales para aprovechar los beneficios. La fecha límite establecida es el 31 de diciembre de 2026, sin que ello implique la eliminación automática de las deudas principales ni de las obligaciones que no estén comprendidas en cada amnistía.
