Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras no tendrá que pagar los 460 millones de dólares, equivalentes a más de 12,400 millones de lempiras, que reclamaba la empresa JLL Capital, luego de que obtuviera una resolución internacional favorable en la controversia presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que el Estado hondureño recibió la notificación de la resolución el 30 de septiembre, en el proceso legal promovido por la compañía mexicana contra el Estado.
La controversia corresponde al expediente ARB/23/3, cuya solicitud fue presentada por JLL Capital el 13 de enero de 2023; la empresa fundamentó su reclamo en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica y en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.
Según Aspra, la empresa mexicana fundamentó su reclamo en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, además del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, instrumento que establece un mecanismo para resolver determinadas controversias entre inversionistas extranjeros y Estados.
Según el funcionario, JLL Capital alegaba supuestas violaciones a las disposiciones de los instrumentos internacionales, por lo que la compañía inició el procedimiento arbitral contra el Estado hondureño y reclamó la compensación de 460 millones de dólares.
Cuestionamientos
Uno de los principales argumentos de la defensa hondureña fue solicitar que el CIADI y el tribunal arbitral se declararan incompetentes para conocer el reclamo presentado por JLL Capital.
La Procuraduría sostuvo que el conflicto estaba relacionado con asuntos financieros que, a su criterio, no estaban comprendidos en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.
Aspra explicó que la institución defendió esa posición durante el procedimiento internacional.
El planteamiento de la PGR se enfocó en el alcance de los instrumentos internacionales invocados por la compañía y en determinar si la controversia podía resolverse mediante ese mecanismo de arbitraje.
Fondos
Aspra también se refirió a los antecedentes empresariales vinculados con la controversia, según explicó, JLL Capital afirma haber realizado inversiones en Honduras mediante una subsidiaria nacional denominada CA Capital.
Esta sociedad se dedicaba principalmente al otorgamiento de créditos a servidores públicos, quienes autorizaban que las cuotas correspondientes se dedujeran directamente de sus planillas salariales.
De acuerdo con la explicación del procurador, CA Capital operaba con fondos que recibía de JLL Capital desde México. Con el paso del tiempo, surgieron diferencias entre los socios de la sociedad hondureña.
"Esta sociedad otorgaba créditos en su mayoría a servidores públicos que consentían que los pagos se les dedujeran por planilla y operaba con fondos que recibía de JLL Capital desde México. Con el tiempo surgieron conflictos entre los socios de CA Capital que derivaron en una demanda de impugnación de acuerdos sociales ante la justicia hondureña", explicó.
El conflicto entre los socios de CA Capital dio lugar a una demanda de impugnación de acuerdos sociales ante la justicia hondureña. Este procedimiento constituye uno de los antecedentes del entramado empresarial relacionado con el caso que posteriormente llegó al ámbito internacional.
Es decir, el fallo internacional evitó que el Estado de Honduras pague los 12,400 millones de lempiras correspondientes al monto reclamado por JLL Capital.
¿Qué es el Ciadi?
El CIADI es una institución internacional que forma parte del Grupo del Banco Mundial y se especializa en resolver controversias relacionadas con inversiones entre Estados e inversionistas extranjeros.
Su principal objetivo es ofrecer mecanismos para solucionar disputas mediante procedimientos de conciliación y arbitraje para facilitar un marco de seguridad jurídica para las inversiones internacionales.
El gobierno de la expresidenta Xiomara Castro formalizó la salida del país de la institución el 25 de agosto de 2024 tras denunciar que el convenio socavaba la soberanía nacional.
No obstante, el 16 de agosto de este año, Honduras volvió al programa en busca de fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la credibilidad internacional y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas globales.
