Tegucigalpa, Honduras.- Pese a la campaña sobre privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) impulsada por la oposición política, los bienes de la estatal son blindados bajo las reformas eléctricas que se encuentran en discusión en el Congreso Nacional (CN).
EL HERALDO revisó el dictamen de estas enmiendas a instrumentos jurídicos vigentes que concretarían de una vez por todas la escisión de la institución responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país desde 1957.
En el literal D del artículo dos, concerniente a la protección de los bienes de la ENEE, se estipula que se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables, de seguridad nacional y de interés social los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad del organismo autónomo.
“Queda prohibida cualquier ocupación, invasión, asentamiento humano, cultivo o uso no autorizado en los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad de la ENEE y sus subsidiarias”, añade el inciso de la referida disposición.
La central hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, el complejo Cañaveral-Río Lindo, al igual que la represa Patuca III son algunos embalses administrados por la estatal eléctrica que seguirán siendo públicos y no pasarán a manos de terceros.
Luego de una amplia socialización con diversos sectores sociales, por la comisión de energía del CN pasó en primer debate el dictamen contentivo del conjunto de reformas en materia eléctrica detalladas por este rotativo.
Las modificaciones no solo se limitan a dividir la ENEE en tres empresas (generación, transmisión y distribución), sino que también crean un sistema de pago confiable; hasta plantean beneficios, entre ellos la atracción de inversiones mediante reglas competitivas.
Cuatro organismos internacionales, en específico el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), incluyendo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) respaldan los cambios promovidos desde el Poder Ejecutivo.
En un comunicado emitido por los entes multilaterales, subrayaron que “estas acciones permitirán promover un sector más ordenado, moderno y transparente; diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico en beneficio de hogares, empresas y la economía en su conjunto”.
Entretanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sugirió que el proceso de escisión de la estatal eléctrica debe ser acompañado de un plan financiero e incluir mecanismos efectivos para la reducción de pérdidas tanto técnicas como no técnicas.
De 18 artículos está compuesto el dictamen final de las referidas reformas que establecen modificaciones a 12 disposiciones del decreto 404-2013 contentivo de la Ley General de la Industria Eléctrica. Para la aprobación de estas enmiendas se requiere de mayoría simple, es decir, 65 votos.
Transferencia
Por otro lado, se autoriza al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) a la transferencia a favor de la ENEE de los activos de infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, incluso la obra gris de las presas hidroeléctricas y las instalaciones que integren la red nacional de transmisión, distribución y subestaciones a las empresas subsidiarias.
Además, se cederán los derechos de vía, servidumbres y terrenos asociados a estas instalaciones, así como cualquier otro bien del Estado operado o en posesión de la ENEE.
“Todos los activos y acciones de las empresas subsidiarias traspasados por la ENEE y los que estas adquieran posteriormente a la entrada en vigencia de este decreto son intransferibles e inalienables, y no podrán utilizarse como garantías de financiamiento”, se establece en el segundo artículo literal C.
Añade que “las transferencias serán consideradas como aportes de capital compensados por la propiedad de las acciones que representen de titularidad de ENEE matriz como custodio del interés patrimonial del Estado. La ENEE matriz no podrá vender o traspasar por ningún título las acciones que componen el capital de las empresas subsidiarias sin la autorización del Congreso Nacional”.
Continuidad
Aunque el personal de la ENEE ha llevado a cabo protestas al considerar que se privatizaría la estatal, en el articulado se garantiza la continuidad de las relaciones laborales, como también la tutela y plena vigencia de todos los derechos laborales individuales y colectivos.
La condición de afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) conservarán los empleados de la estatal eléctrica, manteniendo las cotizaciones obrero-patronales indistintamente de la empresa subsidiaria resultante en la que presten sus servicios, de conformidad con el artículo 11.
Sostiene que la escisión o división empresarial no podrá ser utilizada “como causa para limitar, desconocer, fragmentar o extinguir la afiliación sindical, la representación legal del sindicato o los derechos derivados de la contratación colectiva vigente”.
El Fondo de Prestaciones Sociales (FPS) de los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continuará siendo reconocido como una institución de previsión social de carácter obligatorio, sin afectar su existencia, autonomía ni finalidad por las reformas, transformación o escisión de la estatal.
Si bien fue nombrada una comisión liquidadora para el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), se dispuso en el dictamen que la ENEE procederá con la intervención, al igual que evaluación, para adoptar las medidas necesarias y fijar el plazo para la finalización de este proyecto que surgió en 2022 en el gobierno de Xiomara Castro y que incumplió con el rescate institucional.
