Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Energía del Congreso Nacional reanudó este martes 9 de junio las jornadas de socialización de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca un fuerte alivio financiero para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La mesa técnica legislativa convocó de forma prioritaria a los principales actores del sector privado con el objetivo de unificar criterios antes de redactar el dictamen definitivo que será sometido a votación en la cámara. El proceso de consultas del proyecto gubernamental contempla la revisión minuciosa de las propuestas de inversión y los esquemas de participación mixta para modernizar el sistema interconectado nacional.
Las autoridades del Legislativo urgieron a avanzar en el articulado debido al severo deterioro operativo y las debilidades presupuestarias que arrastra la estatal eléctrica desde hace varios años.
"Estaremos este día escuchando todos estos sectores y esperamos ver cuáles son las sugerencias que ellos traen para la reforma de esta ley energética que estamos revisando en este Congreso Nacional", expresó Eder Mejía, diputado y miembro de la Comisión de Energía.La agenda de este día concentró las exposiciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), así como los representantes de los generadores térmicos y renovables.
Asimismo, organismos financieros multilaterales formalizaron su interés de participar en la revisión del estamento legal para sugerir alternativas viables que garanticen la sostenibilidad de los cambios."También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha pedido un espacio para generar algunas sugerencias y ver cuáles son los alcances que tiene esta propuesta que ha enviado el Poder Ejecutivo", detalló Mejía.
Ante las diversas interpretaciones generadas en las plataformas sociales sobre el alcance de las modificaciones a la ley sectorial, los diputados de la comisión dictaminadora salieron al paso para disipar temores colectivos. El equipo legislativo descartó categóricamente que la propuesta del Ejecutivo lesione los intereses de los abonados o apunte al desmantelamiento de los activos estatales.
"Es importante aclararle al pueblo hondureño que aquí no se está hablando de privatización de la empresa de energía eléctrica, y tampoco se está hablando de que esto va a permitir la persecución en contra de los derechos y la estabilidad laboral que ya tienen los empleados", manifestó el parlamentario.
La dinámica de socialización incluyó previamente un diálogo con la cúpula del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), en conjunto con las autoridades de la gerencia general de la estatal y comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
En ese espacio se blindaron las conquistas laborales y se aclaró que el modelo propuesto busca captar capital externo exclusivamente para proyectos masivos de infraestructura que la institución no puede costear de forma individual.
Inversiones "Se necesita hacer la inversión en transmisión; con su balance financiero prácticamente tendríamos que esperar 15 años para que ellos puedan tener una actualización de lo que es el tema de transmisión, mientras que si se aprueba este mecanismo en dos o tres años se puede tener la inversión que se necesita", defendió el congresista.
La comisión mantiene una hoja de ruta acelerada por instrucciones de la junta directiva del Congreso Nacional para acortar los tiempos de dictamen. La meta inmediata de los diputados es concluir con la ronda de audiencias sectoriales en el transcurso de la presente semana para elaborar el borrador final, aunque la presentación en el pleno dependerá enteramente de la solidez de los acuerdos alcanzados.
"Estamos yendo lo más rápido posible como Comisión de Energía por instrucciones del presidente Tomás Zambrano; esperamos poder concluir esta semana con los temas de socialización para ver si las próximas semanas se podría ya tener un borrador final para presentárselo al pleno", puntualizó el legislador.El trasfondo de la urgencia legislativa responde al severo impacto fiscal que representa la operación deficitaria de la ENEE para el erario público.
Según los informes financieros oficiales provistos por la gerencia de la estatal a la comisión del Parlamento, la falta de inversión en líneas de transmisión obsoletas perpetúa un enorme drenaje de recursos públicos que limita la inversión social en el país.
"La empresa nacional de energía eléctrica tiene pérdidas de alrededor de unos 20 mil millones de lempiras al año, según lo que establecen las autoridades de esta institución", concluyó Mejía.
