El juez número seis de los juzgados de lo Penal de Comayagüela dictó ayer sobreseimiento definitivo a favor del comerciante que acabó con la vida de dos extorsionadores el viernes anterior en el barrio El Centro, de la capital.
La defensa del imputado logró aportar las pruebas con las que pudo comprobar que el hecho de haber disparado en contra de las personas que perdieron la vida fue en legítima defensa, situación que fue aceptada por el juez que conoció el caso.
La comparecencia del comerciante estaba programada para las nueve de la mañana, pero la misma inició a las once y media debido a que el fiscal no había llegado.
A las doce del mediodía, el juez determinó suspender el proceso y lo reanudó a la una y media de la tarde, donde se evacuaron las pruebas entre las partes y se dieron a conocer las conclusiones del caso.
Tres horas después el juez seis emitió la resolución que beneficia al imputado, a quien la Fiscalía lo acusaba por el delito de homicidio en contra de Cristhian José Gonzales García, de 16 años, y de David de Jesús Maradiaga Corea, también de 16.
El imputado que dijo ser mecánico y que reparaba vehículos a domicilio, además que tenía un negocio donde vendía teléfonos celulares ubicado en el centro de la ciudad, fue capturado por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras minutos después de que acabó con los dos jóvenes.
En el momento en que fue interrogado por los agentes de seguridad, manifestó que había disparado su arma porque “ya no soportaba que le estuvieran cobrando el ‘impuesto de guerra’”.
Comentó que tres jóvenes habían llegado a su negocio, donde le manifestaron que al día siguiente les entregara 50 mil lempiras, de lo contrario lo iban a matar a él o a su hijo.
Dichas amenazas fueron las que le provocaron la reacción de sacar el arma que andaba el comerciante y disparar en reiteradas ocasiones en contra de los ahora fallecidos.
El sábado anterior la Fiscalía remitió al comerciante a los juzgados donde se determinó dictarle la detención judicial y enviarlo a las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y que estuviera bajo estrictas medidas de seguridad, ya que su vida corría peligro si era trasladado a la Penitenciaría Nacional ubicada en el valle de Támara.
Se informó que el abogado defensor logró acreditar que el imputado había recibido amenazas a través de mensajes y llamadas telefónica de parte de los extorsionadores.
Además de eso, que el comerciante había puesto la denuncia ante las autoridades competentes, pero que no se le había atendido adecuadamente para evitar lo que ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes en el centro de la capital.
Cabe destacar que el político y candidato nacionalista Juan Hernández pidió públicamente a los operadores de justicia para que investigaran bien el caso y, además, puso a disposición del comerciante un abogado defensor.
