El gobierno de Costa Rica que preside Laura Chinchilla enfrenta crecientes críticas a una llamada 'ley mordaza' que, en el marco de la lucha contra delitos informáticos, condena a prisión a periodistas que obtengan 'indebidamente' informaciones políticas de carácter reservado.
'Es una ley que va a coartar la libertad de expresión y de información, que va afectar no solo a los medios de comunicación', afirmó a la AFP el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, José Rodolfo Ibarra.
En un país donde los sucesivos escándalos de corrupción son pan de cada día, las reformas a Ley de Delitos Informáticos del Código Penal constituyen una amenaza para quienes desde los medios de comunicación fiscalizan la transparencia en la función pública, afirman sus oponentes.
Uno de los artículos más polémicos es el 288 que prevé condenas de hasta 10 años (lo que obliga a la prisión efectiva) a quienes difundan 'informaciones políticas secretas'.
La ley sanciona a quien obtenga 'indebidamente' informaciones secretas concernientes a medios de defensa o relaciones exteriores, o que afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.
La iniciativa, estiman expertos, va en contra de los principios democráticos de Costa Rica, que por tradición ha sido un país defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
El Colegio de Periodistas, la Defensoría de los Habitantes, dirigentes políticos, magistrados, gremiales sindicales y la población en general alzaron sus voces al unísono tras la publicación de la normativa que rige desde el miércoles pasado.
La Defensoría de los Habitantes anticipó que presentará un recurso de inconstitucionalidad.
La ley, impulsada en 2009 durante la presidencia de Oscar Arias, fue aprobada en junio, pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso analizaba un texto sustitutivo que promueven directores de medios de comunicación.
Directores de medios alzaron la voz y recordaron que la prensa ha sido la que ha destapado innumerables casos de corrupción, entre ellos tres que salpicaron a expresidentes, dos de los cuales fueron condenados a prisión.
'En las últimas décadas, las principales denuncias contra los corruptos, públicos y privados, las han hecho los medios de comunicación', recordó Ignacio Santos, director de Telenoticias del Canal 7 de televisión.
'Es una ley que va a tener un impacto muy grave en el desarrollo del periodismo de investigación que se hace en el país', lamentó Roxana Zúñiga, directora de Noticias Repretel, de la cadena competidora Canal 6.
Tras la avalancha de críticas, el gobierno de Chinchilla se comprometió mediante un comunicado de prensa a que la ley no se va aplicar a los periodistas y adelantó que enviará un proyecto de urgencia para reformarla.
'Yo le doy la garantía a todos los periodistas del país que nosotros no vamos a estar jamás invocando alguno de los artículos que tiene esta ley', prometió Chinchilla.
'Pero eso es un domingo siete. Porque la aprobaron a la carrera sin tomar en cuenta la propuesta de los directores de medios', consideró Ibarra.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) opinó que el veto presidencial debió ser lo más procedente.
'Una legislación tan opuesta a las garantías que ofrece la constitución en materia de libertad de expresión y de información hubiera debido originar un veto presidencial', dijo RSF en un comunicado.
