Tegucigalpa, Honduras.- En su primera reunión en la presente administración, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, convocado por el presidente de la República, Nasry Asfura, aprobó una serie de decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La sesión, realizada en horas de la medianoche, fue encabezada por Asfura junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Wagner Vallecillo Paredes, y el fiscal general, Pablo Reyes.
El encuentro reunió a las máximas autoridades de los poderes del Estado, en un esfuerzo de coordinación institucional para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de la población.
Como parte de la agenda, se realizó la elección del Director Nacional de Investigación, el Director Adjunto y las autoridades de la Unidad de Protección de Altos Funcionarios del Estado.Durante la sesión también se definieron líneas de acción en temas clave.
Entre ellas destacan reformas al Código Penal con énfasis en el delito de extorsión, considerado uno de los principales problemas que afectan a las familias y al sector productivo. Asimismo, se analizó un proyecto de ley para incrementar las penas en casos de femicidio, como parte del compromiso estatal de combatir la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres.
Otro de los puntos abordados fue la revisión del régimen de medidas reguladoras de la libertad, con el objetivo de evitar abusos y asegurar una aplicación más efectiva de la justicia.
El Consejo también acordó la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, una instancia clave para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la persecución del delito y la administración de justicia.
En materia económica, se planteó el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad privada mediante mecanismos legales que enfrenten el delito de usurpación y brinden mayor certeza a la inversión nacional e internacional.
Las autoridades señalaron que estas decisiones representan "un avance en la construcción de un Estado que haga cumplir la ley y promueva condiciones de paz, orden y desarrollo".
