Para Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la depuración policial no está completa, aún resta mucho trabajo por hacer.
Castellanos, una de las mujeres que han impulsado la limpieza real de la institución policial, hizo esa aseveración luego de que la Secretaría de Seguridad cancelara, el pasado viernes, a 52 policías, entre oficiales y personal de la escala básica.
Este proceso de depuración 'debe continuar porque el nivel de corrupción policial no solamente es en algunas postas, es en todas y a todos los niveles', reiteró.
A su juicio, el Estado debe poseer la garantía de que las personas que ejercen la función de seguridad en el país no estén coludidas con el delito y por lo tanto el trabajo debe seguir.
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Sobre últimas separaciones
De acuerdo a la rectora de la UNAH, son varias las situaciones que se deben emprender ahora que se ha cancelado a esos elementos.
En primer lugar se debe ofrecer mayor información de parte de las autoridades, dijo, en franca referencia a las causas por las que fueron separados los policías, pero sobre todo porque no se han hecho públicos los nombres.
En segundo lugar, el proceso de judicialización contra estos policías debe comenzar lo antes posible para tener un control sobre las personas que salen de la institución y evitar, de esa forma, que se involucren en posibles actos delictivos, lo que ha pasado en otros países, analizó.
'Es importante que estos expedientes (de personas canceladas) que fueron investigados por la Policía sean remitidos a la Fiscalía para evitar que los casos queden en la impunidad', dijo.
De acuerdo con las informaciones que maneja EL HERALDO, confirmadas por Castellanos, la Secretaría de Seguridad aún no ha remitido los expedientes de las investigaciones de los primeros 40 policías separados.
'Tenemos entendido que el proceso de recopilación de pruebas y el mismo de investigación aún (no) concluye por parte de la Secretaría de Seguridad' y por eso no se han remitido los expedientes de los primeros 40 policías a la Fiscalía, compartió Castellanos.
¿Y los otros cuándo?
De acuerdo a las informaciones extraoficiales, los oficiales cancelados el viernes pasado cometieron 'faltas graves', como negligencia en las investigaciones y manejo del asesinato de dos universitarios el 22 de octubre de 2011.
La muerte de los universitarios Carlos Pineda y Alejandro Vargas, este último hijo de la rectora, marcó el inicio de la crisis policial, donde se descubrieron redes de policías que asaltaban viviendas, mataban, robaban y cobraban 'impuesto de guerra' incluso a 'negocios' de narcomenudeo.
La rectora recordó que, por ejemplo, la posta de La Granja 'operaba en un sistema que ellos asaltaban, asesinaban jóvenes, les quitaban el vehículo y luego ese auto lo reformaban, le modificaban la serie y lo usaban los oficiales para su uso privado'.
'La muerte de Rafael Alejandro y Carlos David se sumó a una cadena de muertes donde la Policía es responsable... no es aceptable que vengan a decir que desconocían los ilícitos en los que estaban comprometidos estos oficiales y estos agentes... la Policía sabe perfectamente quiénes son', cuestionó.
Este tipo de personal aún sigue laborando en la institución e incluso hay oficiales de alto rango que han sido investigados por tráfico de drogas y por el manejo de los carteles de policías. Castellanos comentó que las investigaciones que realice Seguridad y posteriormente la Fiscalía podrían ayudar a 'profundizar en las bandas que estaban funcionando en las postas' y por eso es importante comenzar cuanto antes el proceso de judicialización de los elementos cancelados.
Castellanos advirtió que vigilará las aportes y acciones que hagan la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía para iniciar el proceso de judicialización.
De hecho, la rectora solicitará una reunión con Pompeyo Bonilla y Luis Rubí, ministro de Seguridad y fiscal general, para dialogar sobre el tema.
A este encuentro asistirán Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde; Lesly Portillo, viuda del general Arístides González; y Aurora Pineda, madre de Carlos David Pineda.
