Este sábado
se cumplen 31 días del vil asesinato del ingeniero Gustavo Alfredo Landaverde. Un mes de silencio de las autoridades encargadas de investigar este caso, asimismo un mes más de impunidad generada por los operadores de justicia.
EL HERALDO buscó conocer los avances en las investigaciones del caso Landaverde. Trató de consultarle al Fiscal General u otra autoridad intermedia del Ministerio Público, se buscó a las autoridades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) e incluso se llamó al ministro de seguridad Pompeyo Bonilla, pero nadie respondió.
Los enlaces con estas autoridades -relacionadores públicos- ya de antemano tenían las respuestas cuando se buscó a estos funcionarios: no está en la oficina, está en una reunión, hay que mandarle un correo electrónico antes, el caso está en proceso de investigación y no se puede entorpecer…
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Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, 'estamos hablando de una impunidad institucionalizada. Ultimadamente si usted quiere que yo dé un nombre responsable, señalo al señor presidente de la República de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, porque él es responsable de darle seguridad, o no, al pueblo hondureño. Él prometió trabajo y seguridad. Si ya que no hay trabajo y solo hay desempleo que nos dé seguridad por lo menos'.
Custodio describió a Landaverde como un hombre comprometido con la verdad y la justicia que prestó servicio a la patria y a la democracia, un luchador incansable y su vida fue sacrificada. 'Nosotros debemos justificar ese sacrificio sacando adelante a quienes son los responsables y que parte de la maquinaria represiva del Estado es responsable del asesinato'.
El Comisionado expresó que, según las leyes todo hondureño es responsable de un delito ya sea por acción u omisión. 'El asesinato de Landaverde no fue algo improvisado, no fue que a alguien se le ocurrió, lo ve y lo mata. Eso tuvo una decisión de alto nivel, donde se tomó la determinación de suprimir la vida de este ilustre ciudadano'.
El Comisionado criticó ese estribillo de que no se da información 'para no entorpecer las investigaciones'. El proceso de investigación tiene un límite. Cuando llega el momento en que ya se topó, que ya no se puede investigar más, entonces el funcionario está en la obligación de dar un informe, dijo.
Sobre el ascenso de oficiales negligentes, sostuvo que la carrera policial debe evaluarse por resultados, si un policía cualquiera, sea cual su rango, tiene ciertos deberes básicos y no cumple, sencillamente eso debiera estar reflejado en su carrera y en su hoja policial. Todo policía negligente, y si su negligencia es estudiada, decidida y está en convivencia con los delincuentes y el crimen organizado, pues mayor razón para separarlo. La verdad es que el asesinato de Landaverde es un desafío para todos los hondureños 'porque es un asesinato como todos los asesinatos, injustificado y, además expresa que quienes nos mantienen en un estado de terrorismo estatal, están investidos de autoridad y gozan de impunidad'.
Percepción
La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público deben informar de cómo avanzan las investigaciones en el caso de Landaverde. 'En mi opinión, estas dos instituciones debieron o deberían poner todo su empeño para que el caso se esclareciera o se esclarezca, sobre todo porque los señalamientos originales señalan a un asesinato de tipo selectivo, un sicariato donde todo apunta que son los elementos que están coludidos con el delito, y la Policía debe tener todo el interés de deslindarse de aquellos casos donde la opinión pública y la percepción apuntan a que ellos pueden ser los involucrados', dijo la rectora Julieta Castellanos.
A su criterio, un mes de silencio de las autoridades dice mucho. Ella considera que en este caso el Secretario de Seguridad, el Fiscal General, el jefe de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación Criminal ya deben darle una satisfacción a la ciudadanía y a las víctimas.
Deben informar, si bien no pueden dar los nombres de los involucrados, al menos que la gente conozca hacia dónde apuntan las investigaciones. Creo que hay un precedente que es bastante doloroso en cuanto a la impunidad y es el asesinato de don Julián Arístides González (ocurrida el ocho de diciembre del 2009). Creo que ya con ese precedente la Policía tiene que demostrar que estamos frente a una actitud donde la impunidad no es la que va a prevalecer, sino la investigación y el castigo.
'En los casos de don Arístides González y don Alfredo Landaverde existe la presunción de que fuesen elementos policiales o que fuesen elementos muy cercanos a la Policía; sin embargo lo único que va aclarar taxativamente estos hechos es la investigación criminal y la Policía está obligada a aclarar, si ellos no han estado involucrados en estos delitos'.
Aclarar el asesinato de Landaverde va ayudar mucho a entender y a depurar los cuerpos policiales si ellos estuvieran involucrados, si no lo estuvieren, también ayudaría a identificar las bandas criminales que hay en el país.
Este crimen no es un crimen cualquiera. Si se aclara va ayudar mucho a que el país entienda la dinámica del crimen y el delito en Honduras. Se daría un mensaje positivo si se da con los autores intelectuales, los que lo idearon, los que pagaron y los que lo ejecutaron, explicó la Rectora.
Entre tanto, Ramón Velásquez Nasar, diputado por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), aseguró que desconoce los resultados de la investigación que realiza la policía para dar con los culpables del asesinato de Landaverde. Sin embargo, como colectivo, como partido, como amigos y como familia van a seguir pendiente de los resultados, añadió.
Según él, a nivel de partido 'se acordó una serie de actividades que incluyen los plantones de mes hasta que tengamos resultados con relación a la investigación. No solo nos importa que se le haga justicia a Alfredo, sino que comencemos a combatir la impunidad para que estas cosas no se vuelvan a repetir'.
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