Representantes de más de 70 organizaciones protestaron este martes contra la disminución de fondos para programas de inclusión de personas con discapacidad por parte del gobierno de Honduras.
Los protestantes reclamaron que el Estado incumple la Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, limitando los 29 millones de lempiras que otorgaba en 2009 a las organizaciones que laboran con personas de necesidades especiales.
'El gobierno de Honduras de manera irresponsable, arbitraria y sin argumentos sólidos que lo justifiquen realizó una reducción de 8 millones de lempiras a la asignación presupuestaria del sector', otorgada a través de la Secretaría del Interior y Población, señalaron en un comunicado.
La disposición, aseguran, afectará a más de 70 mil personas de forma directa y al menos un millón 200 mil de forma indirecta, coartando la capacidad de atención de estas organizaciones, la cual no brinda el Estado.
'Recordamos al señor Presidente, que lo más valioso que un ser humano tiene es su palabra y usted públicamente se comprometió el 13 de noviembre de 2012, en el salón Morazán, a no afectar el presupuesto del sector discapacidad', agregaron.
Asimismo, urgieron a los diputados al Congreso Nacional a cumplir su compromiso de apoyar a los discapacitados y exhortaron a los discapacitados y familares a mantenerse pendientes de próximas acciones de presión.
En la protesta participaron miembros de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenopdih), la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenapapedish), la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH) y la Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (Fuhril).
De acuerdo a los manifestantes, más de 700 mil hondureños sufren de alguna discapacidad.
A principios de 2013, el comisionado presidencial para asuntos de las personas discapacitadas, Javier Salgado, denunció el despido de 205 personas con discapacidad
de varias instituciones gubernamentales.
Entonces, el presidente Porfirio Lobo ordenó el reintegro los separados, que fueron cesanteados en diversas secretarías e instituciones descentralizadas.
