Tegucigalpa, Honduras.- Con la destitución vía juicio político de dos de las figuras importantes dentro de los órganos electorales, y también en el engranaje del Partido Libertad y Refundación (Libre); ahora sigue una serie de movimientos de piezas del ajedrez de las fuerzas políticas mayoritarias.
Las plazas de Marlon Ochoa y Mario Morazán, destituidos ayer como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), respectivamente, tendrán que ser ocupadas por otras personas, por el resto del mandato para el que estos fueron nombrados.
Ese será el primer paso clave después de la remoción de Ochoa y Morazán; el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) tienen la puerta abierta para nombrar a las personas que ellos decidan en el CNE y en el TJE.
Además, tendrán que elegir a las personas que sucederán en los cargos de magistrados suplentes del TJE, tras el derrocamiento de Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes se desempeñaron hasta ayer en esos puestos.
Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que "la Ley Electoral de Honduras y la Constitución de la República establecen que no deben de ser de determinado partido político o del mismo partido al que pertencecían los anteriores".
Agregó, que "solamente está establecido en la Constitución de la República, que pueden ser electos aquellos candidatos que reúnan los requisitos necesarios, que no tengan inhabilidades, pero no establece de qué partido, sino, que tienen que ser electos por una votación de más de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional".
¿Concentración de poder?
Derivado del primer paso a dar después de la destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía; la interrogante que crece es si el juicio político se hizo en busca de justicia o para acomodar piezas a favor del actual gobierno?
La concentración de poder que se criticó durante el cuatrienio en el que Libre y la familia Zelaya estuvieron al mando del país es un aspecto negativo que podría manchar la actual administración de Nasry Asfura, de llegar a ocupar de nuevo estas plazas con personas afines a su partido o al liberalismo, y no simpatizantes de Libre.
Desde que se inició el proceso del juicio político contra los cuatro ahora cesantiados, ya se manejaba en los pasillos del Poder Legislativo, quiénes serán los que ocupen esos cargos, y no precisamente pertenecen a Libre, si no, que son figuras que están más cerca de los dos partidos mayoritarios.
Echarlos a pelear
De forma sagaz, el Partido Nacional puso a pelear y a generar desgaste al expresidenciable liberal, Jorge Cálix, y a Mario Morazán, quienes se sacaron el uno al otro sus "ilegalidades".
El hecho de ser inscrito in extremis, para Jorge Cálix, sigue representando un tema que provoca fastidio, y fue la comidilla en la participación de Morazán en el CN.
Por el lado de Cálix, le recriminó a Morazán haber sido un servil de la familia Zelaya Castro y de incumplir con su labor al frente de uno de los órganos electorales del país.
Libre sin poder
Las salida de Ochoa y Morazán es un golpe bajo para los intereses de Libertad y Refundación. Quedar desprotegido, tanto en el máximo órgano, el CNE, como en el TJE, no será poca cosa, teniendo en cuenta cómo y cuál es el proceder de los polítcos y los proceso electorales en Honduras.
La capacidad negociadora de su mayor caudillo, el expresidente de la República, Manuel "Mel" Zelaya Rosales, sencillamente ha sido anulada por la aplanadora cachureca; ya no es tomado en cuenta para discutir las afamadas reparticiones de cargos importantes del engranaje estatal.
Las malas noticias no terminan de llegar a Libre, al conocer que no serán tomados en cuenta para ocupar esos cargos que dejaron sus cuatro militantes en el CNE y el TJE.
Abrir investigación penal
Pero el juzgamiento que inició con el proceso de juicio político para seis de los funcionarios afines a Libre, cinco de ellos destituidos, al parecer no se quedará en la mera salida de las instituciones en las que trabajaban.
Representantes de algunas entidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han pedido desde ya que se les abra una investigación penal y que sus expedientes acusatorios que sirvieron para hacerles juicio político sean remitidos al Ministerio Público (MP).
Kenneth Madrid, especialista en derecho, exhortó al Congreso Nacional (CN) para que estos expedientes sean enviados al ente acusador del Estado, para saber si hubo responsabilidad penal o no.
“El artículo seis, párrafo segundo de la Ley de Juicio Político le dice al Congreso Nacional que debe testimoniar esas diligencias recabadas y enviarlas al Ministerio Público”, instruyó Madrid.
Explicó que lo actuado dentro del Congreso Nacional, al practicarles el juicio político, es una acción administrativa, pero que el Ministerio Público es el encargado de investigar posibles delitos, y además que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tendrá que constatar si hubo responsabilidades civiles.
El ahora exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, abandonó el país el pasado 26 de marzo; según sus amigos, por temor a represalias contra él y contra miembros de su familia.
