Tegucigalpa, Honduras.- Ante los desafíos que enfrenta el sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé la contratación de jueces y profesionales del derecho para suplir las vacantes judiciales a nivel nacional.
El magistrado Roy Pineda informó que las distintas coordinaciones del Poder Judicial solicitaron reforzar las dependencias que hasta la fecha operan bajo un déficit de personal.
“Se piensa contratar más jueces y profesionales del derecho; se necesitan más jueces para abastecerse; esa es la principal solicitud que realizan las coordinaciones de las salas para completar algunos espacios de personal”, expresó el funcionario.
Pineda reveló que la necesidad de nuevas incorporaciones responde, en parte, a la rotación constante de personal y a las vacantes temporales generadas por distintos factores administrativos.
Además, figuran las licencias solicitadas por empleados judiciales para desempeñar labores en otras instituciones, permisos sin goce de sueldo y ausencias por motivos académicos.
“A veces hay solicitudes de licencias de personas que piden por motivo de trabajo en otros lugares, licencias sin goce de sueldo y otras por estudios, y se tienen que ir llenando los espacios con otros interinos”, señaló.
Sin embargo, ante un panorama de nuevas incorporaciones laborales, reconoció que la constante rotación de personal judicial ejerce una presión permanente sobre la administración del recurso humano, debido a la necesidad de garantizar la continuidad de las labores jurisdiccionales.
Protocolos de selección
Paralelamente, el Poder Judicial anunció la puesta en marcha de mecanismos orientados a procesos de selección de personal.
Entre las medidas anunciadas por el órgano de justicia figura la elaboración de protocolos de reclutamiento y la convocatoria a un concurso general para establecer procedimientos estandarizados para la incorporación de nuevos empleados.
Asimismo, se prevé regular los procesos de nombramientos y traslados dentro del sistema judicial mediante mecanismos de revisión que permitan fortalecer el control institucional y la trazabilidad de las decisiones relacionadas con el recurso humano.