Tegucigalpa, Honduras.- El anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial propone trasladar las funciones administrativas que actualmente desempeñan los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un órgano integrado exclusivamente por funcionarios judiciales.
La iniciativa establece que los miembros del Consejo de la Judicatura deberán pertenecer a la estructura del Poder Judicial y serán responsables de la administración de recursos, la distribución de cargas laborales, los nombramientos y la gestión del personal judicial a nivel nacional.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la propuesta busca evitar la participación de representantes designados por otras instituciones en la conformación del órgano administrativo.
“La Ley de la Judicatura define las funciones y atribuciones de cada uno de sus integrantes y establece que quienes conformen el pleno del Consejo de la Judicatura deberán ser funcionarios judiciales nombrados o designados por las autoridades del Poder Judicial, evitando la participación de personas designadas por otras instituciones”, afirmó.
De aprobarse la normativa, el pleno de magistrados de la CSJ concentraría sus labores en la función jurisdiccional y en la resolución de los casos sometidos a su conocimiento, mientras que la administración del sistema judicial recaería en el Consejo de la Judicatura.
Prórroga
La Ley de la Judicatura y carrera judicial estaba prevista para ser enviada al Congreso Nacional el pasado 26 de mayo; sin embargo, la propuesta aún se encuentra en revisión por los magistrados de la CSJ.
"Hay una comisión designada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia encargada de crear el anteproyecto que será presentado en el mismo pleno para su aprobación y posterior distribución", indicó Silva.
El Poder Judicial solicitó extender el plazo de revisión de la ley para el 10 de junio, a fin de concluir las modificaciones y ajustes que actualmente se incorporan al documento.
Una vez finalizado el proceso interno, los magistrados que integran el pleno deberán conocer la propuesta, realizar observaciones y aprobarla antes de remitirla al Congreso Nacional para su discusión.
Cabe destacar que la petición de los magistrados y de la comisión redactora obedece a los antecedentes jurídicos arraigados al proyecto, ya que la legislación aprobada en el año 2012 fue declarada inconstitucional cuatro años después por los altos tribunales del país ante un panorama de irregularidades administrativas.
